La diputada nacional del Frente de Todos, Blanca Osuna, dio su propia respuesta a la carta pública dirigida al Gobernador y a legisladores nacionales por Entre Ríos, que difundieron asociaciones de empresarios de Entre Ríos en rechazo a la posible expropiación de Vicentín.
La exintendenta de Paraná optó por no acompañar el texto que firmaron los otros cuatro legisladores nacionales peronistas por Entre Ríos, Mayda Cresto, Carolina Gaillard, Marcelo Casaretto y Edgardo Kueider.
En un comunicado enviado a Página Política, la única legisladora nacional peronista por Entre Ríos identificada con el kirchnerismo más duro sostuvo que las “características” y el “formato de la comunicación” elegido por las organizaciones para dar a conocer su postura la “eximía” de contestar mediante una carta.
Remarcó que su compromiso “siempre va a estar orientado a resguardar los derechos de los trabajadores y trabajadoras que, en el caso de referencia, son más de seis mil, y darle continuidad al esfuerzo de más de tres mil productores, además de evitar que la empresa Vicentín se desguace o quede en manos de oligopolios extranjeros”.
“Siempre he sido respetuosa de la Constitución Nacional, en todos sus artículos. La consolidación de la democracia, la calidad institucional, el respeto irrestricto de la Carta Magna y la garantía de los derechos son principios fundamentales del proyecto político que encabeza nuestro presidente Alberto Fernández”, expresó la legisladora.
En ese marco señaló: “Por eso cuando se habla de la defensa de la propiedad privada es indispensable dejar en claro que es la de todos. De los que tienen mucho y de los que tienen menos. Nuestra motivación es que los trabajadores cobren sus salarios y los productores se hagan de los recursos financieros que les pertenecen para poder dar inicio a un nuevo ciclo productivo”.
La diputada reivindicó la “profundidad de los debates e intercambios honestos para la resolución de demandas colectivas cruciales” y planteó que “es necesario el esfuerzo sincero para encontrar soluciones que posibiliten un crecimiento real, con inclusión social, donde prevalezca el trabajo y la producción por sobre el capital financiero y la especulación”.
Apuntó además que “en este caso particular, hay que diferenciar a la empresa de los empresarios que la fundieron. Para eso se definirán instrumentos que aborden la problemática de miles de familias, de prestigiosas entidades cooperativas y al mismo tiempo preserven un eslabón estratégico del comercio exterior de granos del país”.
“Me llamó la atención que en la comunicación hecha por las entidades empresarias no se menciona en ningún momento el apellido Vicentín. Se hace una referencia abstracta al grave problema, y la verdad es que se trata de la situación concreta de esta empresa, y no vale en este caso omitir consideraciones respecto a los manejos irregulares de empresarios que atentan contra el patrimonio colectivo”, señaló.
Agregó que “tampoco hay una referencia explícita a las políticas públicas del gobierno que conduce Alberto Fernández direccionadas a atender las consecuencias de la crisis provocada por las dos pandemias, la de Covid 19 y la del gobierno de Macri con su lastre de endeudamiento, fuga y blanqueo, destrucción de empresas locales y desaparición de trabajos, a la par de hechos deleznables y anticonstitucionales que salen a la luz día a día. Políticas actuales que sería honesto valorar, sin agradecimiento alguno ya que corresponden a una visión coherente con el desarrollo nacional en esta particular etapa crítica y están implementándose en auxilio de muchos de los propios asociados declarantes y sus comprovincianos”.
Por último remarcó: “Apuesto sinceramente a que coincidamos en torno a una propuesta que impida que la empresa Vicentín cierre, se desguace o se desnacionalice. Creo que la solución es la búsqueda de una alternativa que defienda los intereses nacionales, nuestra producción y nuestro trabajo en el marco del comercio exterior de granos”.
