El bloque de diputados provinciales de Cambiemos emitió ese martes un documento referido a “la posible utilización de la figura del juicio abreviado para resolver causas que involucran a quienes han tenido altas responsabilidades públicas”.
Los legisladores de la oposición expresaron “preocupación” sobre esa figura contemplada en el Código Procesal Penal que calificaron como “un atajo burocrático que no permite echar luz sobre graves acusaciones de delitos en perjuicio de la administración pública y, de hecho, garantizar impunidad”.
“No es posible que quien haya cometido un hecho ilícito pueda acordar una simple multa con el Ministerio Público Fiscal por toda sanción a través del cambio de carátula”, apuntaron. Pusieron como ejemplo el caso Kramer.
Posteriormente hicieron referencia a que “la culminación de estos procesos en un juicio oral y público, siempre resguardando las garantías del debido proceso, resulta del mayor interés, pues se trata de conductas ilícitas desplegadas por quienes han manejado los destinos y el patrimonio de la sociedad toda, sociedad que espera de la Justicia señales claras contra la corrupción, por lo que admitir la posibilidad de ‘negociar’ una condena para convertirla en una pena irrisoria significaría un mensaje de debilidad para la República a más de consagrar de hecho la impunidad”, dice el documento al que tuvo acceso Página Política.
Esto – según los diputados de Cambiemos – “aumentaría el descrédito del Poder Judicial y del Ministerio Público de la acusación, más allá de que luego puedan ponerse en marcha los mecanismos purificadores contemplados en la Constitución Provincial”. Al frente de la Procuración General está Jorge Amílcar García, secundado por Cecilia Goyeneche.
Finalmente los diputados puntualizaron: “Hacemos pues un llamado a quienes tienen responsabilidades institucionales en la acusación y el juzgamiento a interpretar el instituto del juicio abreviado en un sentido compatible con los artículos 36 de la Constitución Nacional y 208 de la Constitución Provincial, normas que se hicieron eco del grave fenómeno de la corrupción administrativa que deslegitima al sistema democrático mismo”.
“De lo que se trata es que la justicia juzgue, esclareciendo los hechos, sin que estos queden en la oscuridad de negociaciones que puedan ser sospechadas de írritas. El ojo de la ciudadanía, perjudicada por años de administraciones corruptas, está puesto sobre los jueces y fiscales», concluyeron los diputados de Cambiemos.
