“Estamos con una situación muy difícil en el norte entrerriano, concretamente en la zona de Santa Elena en un campo donde hay una disputa que nace de una diferencia familiar. No estamos ante una situación común como las que se han dado en el resto del país de tomas de tierras, sino que se trata de una sesión de una de las propietarias o herederas hace a un grupo organizado bajo una asociación que se llama Artigas. Entonces, la base que genera conflictos es esa disputa familiar que hoy desde luego trasciende en un debate sobre quién tiene derecho a estar en esa propiedad privada y quién no. Hoy estamos con una audiencia judicial que se va a desarrollar en el curso de la tarde, hay un juez de la causa de la ciudad de La Paz que va a dirimir las distintas situaciones”, sostuvo la ministra de Gobierno, Rosario Romero.
“El juez decidirá quién tiene derecho sobre esa tierra. Más tarde o más temprano la Justicia deberá determinar a quién le asisten mayores razones desde el punto de vista del Estado de Derecho”, aclaró.
“Nosotros como Gobierno hemos venido acompañando la labor de jueces y fiscales porque la Policía es un auxiliar de la Justicia. Frente a una denuncia de delito de usurpación como la que hay en el Juzgado de La Paz, la policía obedece estrictas órdenes de la Fiscalía y del Juez que entiende en la causa”, explicó la funcionaria provincial.
“Desde el Poder Judicial se va dirimir quién tiene la razón. Tenemos que situarlo en ese contexto a este conflicto. Se trata de una disputa judicial en la que ambas partes argumentan derechos”, agregó Romero.
“Aprovecho para hacer un llamado a la reflexión y a las conductas respetuosas de la ley, del derecho y de la razonabilidad, porque aparecen acá dos posiciones muy encontradas, muy disimiles, una que niega el derecho de la otra y así recíprocamente. Cuando un juez tome una decisión, siempre da un plazo para que las partes cumplan y siempre aconseja el cumplimiento de la sentencia sin llegar a ninguna acción por parte de la fuerza pública, cabe decir la sentencia judicial siempre es un mandato, Tendría que triunfar la racionalidad”, indicó la Ministra de Gobierno y Justicia.
“La Policía está apostada en el lugar, de manera preventiva, hay 100 efectivos. Hubo audios muy fuertes que circularon por redes en tono más de amenaza que de convocatoria, pero nuestro objetivo es prevenir el delito y la violencia. Los audios que circularon son verdaderamente son preocupantes, tras el argumento de defender la propiedad privada están amenazando con males mucho mayores como atentar contra personas, es decir con comisión de otros delitos, por eso tiene que triunfar la racionalidad y el respeto de la ley”, finalizó.
