
Distintas organizaciones de trabajo territorial, nucleadas en la Mesa de Salud Mental, presentaron un proyecto de ley por el que se crea una Red Integral de Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial en Entre Ríos.
El trabajo fue puesto a consideración de los senadores del Bloque “Más para Entre Ríos” con el fin de iniciar un debate ante problemáticas que se consideran urgentes en un escenario que se describe como de “epidemia social”.
En este contexto, la iniciativa pone en primer lugar la necesidad de declarar la “Emergencia en Salud Mental” en la provincia por el término de dos años y crea la red integral que supone el trabajo coordinado de los distintos ministerios del gobierno, el IAPV para la política de viviendas, el CGE, el Copnaf, junto a organizaciones comunitarias. En simultáneo, se impulsa la integración de mesas comunitarias para trabajar junto a los municipios en temáticas como la sensibilización social y la capacitación para educadores, miembros de las fuerzas de seguridad, trabajadores del Estado, operadores comunitarios y la población en general, además de plantearse una acción conjunta con las obras sociales para la prevención del suicidio, entre otros aspectos que hacen a la salud mental.
Un Consejo Consultivo Honorario contempla la participación en las políticas a llevar a cabo por parte de las universidades, los sindicatos, los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones vinculadas a la temática de los consumos problemáticos.
El proyecto de ley se enfoca a la atención desde la primera infancia y dispone una asignación presupuestaria específica igual al 10% del presupuesto del Ministerio de Salud, entre otros recursos.
Se prevé un registro de organizaciones comunitarias vinculadas con el campo de la salud mental y un Observatorio de Políticas de Cuidado.
Sandra Cislaghi, titular de la Fundación Fundacion Crecer, advirtió que Entre Ríos está en “una situación de emergencia de salud mental: un suicidio por dia, el inicio de consumo entre los 8 y 10 años, casos de depresión y violencia nos ocupamos para brindar herramientas a corto, medio, y largo plazo”.
Ante la consulta de APF acerca de por qué lleva el nombre de Red Integral, sostuvo que “no se puede pensar en salud mental desconectado de la realidad por lo cual hay diferentes pedidos para crear una red que funcione” y agregó: “Hoy hay un dispositivo que no funciona por lo cual la idea es que la Ley obligue a la construcción de políticas públicas. También se menciona la posibilidad de un registro único de las asociaciones que trabajan en el territorio para legitimar el trabajo que realizan cuando el Estado está ausente”.
Acompañó la presentación de la propuesta en el Senado, la secretaria Adjunta de UPCN, Carina Dominguez que recordó que “se han discutido propuestas que obligan a capacitar a trabajadores de administración pública sobre salud mental pero eso no alcanza. Además, se pone sobre su espalda toda la responsabilidad”. En apoyo al proyecto convocó a “todos aquellos que tienen que aportar o criticar porque es un tema muy grave y las cifras son alarmantes”.
Fuente: Página Política