Con 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en general, en la madrugada de este miércoles, el proyecto de Presupuesto 2023, pero rechazó, a instancias de la oposición en el tratamiento artículo por artículo, la reforma del Impuesto a las Ganancias para que los jueces pagaran ese tributo, como el resto de la población que cobra más de 330 mil pesos mensuales.

El ministro de Economía, Sergio Massa, que negoció in situ los puntos más ásperos de su iniciativa, perdió otra batalla clave: debió resignar la prórroga, hasta fines de 2023, de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para aumentar los derechos de exportación al agro, atribuciones que quería retener.

A las 9.26 de la mañana y terminada la maratónica sesión, el diputado por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, hizo el siguiente balance:

Termina la sesión en el Congreso por este mal proyecto de Presupuesto. Frenamos un nuevo avance contra la justicia y no le dimos al kirchnerismo la potestad para aumentar las retenciones. No tuvimos acompañamiento para detener otros artículos a los q también nos opusimos.

— Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) October 26, 2022

La iniciativa incluía esos dos temas que pusieron a la oposición en pie de guerra y le dieron un triunfo frente al superministro, que no pudo imponer sus artes de negociador y su conocimiento de la Cámara y debió entregar dos artículos que consideraba relevantes.

El oficialismo destaca que consiguió exponer a Juntos por el Cambio defendiendo los privilegios de la corporación judicial. Pero en la oposición algunos interpretaron que la iniciativa del entrerriano Marcelo Casaretto de meter el debate por Ganancias busco actuar como una cortina de humo para evitar que en los medios hablen del Presupuesto del ajuste que deriva del acuerdo con el FMI.

La UCR y Evolución Radical acompañaron en general y plantearon observaciones en la votación en particular. La Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y los sectores liberales ya habían adelantado su voto en contra, en tanto que el PRO se abstuvo mayoritariamente en la votación en general.

El proyecto aprobado, que ahora deberá ser debatido en el Senado, contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento de la economía del 2%, una inflación proyectada del 60%, un tipo de cambio de 218,90 pesos por dólar y una reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9 %. Además, estima un aumento de la inversión del 2,9%, un crecimiento de las exportaciones del 7,1% y una reducción de la presión tributaria del 0,18%, pasando del 23,95% de este 2022 al 23,77% en 2023.

Massa, que con su nuevo traje volvió al recinto que comandó hasta agosto de este año, estuvo encima de la rosca desde que presentó la iniciativa, a mediados de septiembre. Por eso, quedó expuesto ante las concesiones que finalmente debió hacer. A diferencia de la presentación inicial, cuando llevó a todo el equipo económico, en esta oportunidad se instaló en uno de los despachos de la presidencia de la Cámara junto a pocos negociadores, como el jefe de la Aduana, Guillermo Michel, y el titular del INDEC, Marco Lavagna.

El clima de negociación se enrareció con fuerza el viernes, cuando representantes de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional (AMJN) hicieron un pedido para ser escuchados en la Comisión de Presupuesto. Reclamaron que les permitieran exponer sus reparos sobre el dictamen de mayoría antes que llegara al recinto. Fueron recibidos este lunes, con una celeridad inédita, y concentraron el fuego de sus críticas sobre el artículo 100 del dictamen, que sustituía el artículo 82 de la ley de Impuesto a las Ganancias e incluía a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público «independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones, excepto que, por su naturaleza, corresponda su deducción, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley».

Tras la visita de los magistrados este lunes, se incrementaron los desacuerdos de JxC sobre el artículo 100. Preferían sacar ese punto del Presupuesto y que se debatiera en forma separada durante un mes hasta dictaminar, una opción que surgió como una forma de contener el pedido de los jueces de conseguir «tiempo para buscar consensos». Esa salida podía impedir que el debate se recaliente en el recinto, pero el Frente de Todos insistió en impulsar el tema para que el principal interbloque opositor quedara expuesto y votara en contra de que los jueces paguen Ganancias.

Detrás del discurso monolítico del FdT hubo diferencias notables, especialmente de legisladores y legisladoras de origen sindical. La bonaerense Vanesa Siley, del Sindicato de Trabajadores Judiciales, buscó que sus pares de origen gremial acompañaran su negativa. No tuvo muchas adhesiones, pero en la noche del lunes sumó al tucumano Carlos Cisneros, de la Asociación Bancaria, la organización que conduce su compañero de bancada Sergio Palazzo. «Mi voto será negativo a este artículo porque ningún trabajador debe pagar ganancias, debemos igualar para arriba», escribió en Twitter para confirmar que el FdT tendrá una votación dividida sobre el artículo 100.

En JxC interpretaban que el oficialismo sólo estaba empeñado en dejar a la oposición pegada a los magistrados, posiblemente uno de los sectores con peor imagen pública, en una pendiente que empeoró al calor de la crisis económica.

 

Retenciones

La segunda controversia pasó por el artículo 95, donde el Ejecutivo quedaba habilitado a ejercer las facultades delegadas del Congreso para redefinir las retenciones a las exportaciones hasta el 31 de diciembre de 2023. Originalmente, la delegación era más extensa y el oficialismo la achicó, pero de todas formas generó otro choque en el recinto.

Cuando la sesión comenzó, los desacuerdos eran más amplios. Las discrepancias también pasaban por el artículo 97, que incrementó al 19% los impuestos internos para electrodomésticos fabricados en Tierra del Fuego, una provincia con régimen de promoción industrial vigente desde 1972 y que la Coalición Cívica propuso eliminarlo en el marco de la «separata» que envió Economía para revisar los gastos tributarios. La alícuota crece en un 50% para productos importados. Sobre ese punto, los acuerdos comenzaron a cristalizarse durante la noche. Lo mismo sucedía con el artículo 104, que incluye otra reforma a la Ley de Impuesto a las Ganancias para que «las actividades de transporte terrestre de larga distancia» tengan una deducción especial para los choferes de camiones. «Podrá exceder el importe que resulte de incrementar en cuatro veces el monto de la citada ganancia no imponible», sostiene el texto, que fue cuestionado duramente por JxC en el recinto.

 

 

Fuente: Página Política - Letra P