Son comentarios de pasillo, que prenden ante el marco de enorme incertidumbre que existe en Entre Ríos sobre el momento y las reglas de juego que se utilizarán para las elecciones provinciales del año que viene.
El gobernador Gustavo Bordet impulsó una ronda de consultas para adoptar la boleta única de papel (BUP) como forma de votar el año que viene en Entre Ríos. Pero en las conversaciones informales entre dirigentes del oficialismo y la oposición lo que más se menciona es una ley de lemas, que vendría a suprimir las PASO, para resolver las internas en la elección general. Eso sería lo que más importa a un peronismo que la oposición ve más dispuesto que nunca a hacer “lo que sea necesario” para retener el poder.
En la Casa de Gobierno y en los despachos legislativos en particular, se escucha cualquier cosa. Hablan hasta de una posible reforma exprés de la Constitución Provincial para enmendar sólo un par de artículos.
El primero y más importante sería el 89, que indica que el gobernador y vicegobernador son elegidos “directamente por el pueblo de la Provincia, a simple pluralidad de sufragios”. Es el que permitiría declarar inconstitucional a una ley de lemas.
El segundo sería el artículo 91, que contiene la denominada “cláusula de gobernabilidad”, por la que se asegura al partido que gana las elecciones la mayoría de las bancas de la Cámara de Diputados (18 escaños sobre 34), aunque se haya impuesto sólo por un voto y con un bajo porcentaje.
Si se suprime esta cláusula, las 34 bancas deberían asignarse en forma proporcional a los votos obtenidos por cada fuerza.
En 2015, Cambiemos estuvo a nada de quedarse con la Gobernación. Bordet superó a Alfredo De Angeli por apenas 22 mil votos. Pero gracias a la cláusula de gobernabilidad se aseguró la mayoría en la Cámara de Diputados, es decir, 18 bancas. Cambiemos se quedó con 12 y el Frente Renovador con 4. Sin cláusula de gobernabilidad, Cambiemos hubiera obtenido más bancas, porque todas se habrían asignado en forma proporcional a los votos obtenidos.
Este ha sido un tema que ocupó a dirigentes de Cambiemos. Un año atrás, la diputada Ayelén Acosta presentó un proyecto para derogar la cláusula de gobernabilidad.
Pero ahora parece que los interesados son los peronistas. O al menos eso se comenta en medio de la incertidumbre. Tras 20 años en el poder beneficiándose de esta regla, ahora daría la impresión que el peronismo estaría tomando las previsiones para pasar en las mejores condiciones posibles (con la mayor cantidad de bancas) una temporada en la oposición.
No está del todo claro de qué manera los lemas y/o la BUP ayudarían al peronismo a retener la provincia. Porque también beneficiarían a JxC. En todo caso, complicarían a postulantes a intendentes y senadores de JxC que no se verían beneficiados por el efecto arrastre del candidato a gobernador. Otra vez: sería, en principio, una reforma que le permitiría al peronismo conservar intendencias y bancas desde la oposición. Para no perder la gobernación necesitaría de una variante que no se maneja desde la provincia: que la inflación desaparezca o disminuya drásticamente y se recupere el poder adquisitivo.
Tiempos
Las crecientes especulaciones generan muchos interrogantes: ¿Hay tiempo para una reforma electoral de esta magnitud? ¿Incluso para una que necesite de una reforma constitucional?
En principio, estos cambios implicarían una separación de las elecciones provinciales, que se estarían llevando adelante con un sistema distinto al de las elecciones nacionales. Pero en la reforma electoral también se puede modificar la fecha. Ya no se habla de generales en junio (como establece la actual legislación), lo que supone primarias en abril y cierre de listas en febrero.
Las versiones más repetidas en estos días mencionan la posibilidad de llevar las elecciones provinciales más cerca de las nacionales, quizá para el mes de septiembre. Algunos hablan incluso de patearlas para después de las elecciones nacionales. Hacer la gran Sergio Montiel, que en 2003 estiró todo lo que pudo su agonía convocando a elecciones provinciales el 23 de noviembre, a sólo dos semanas del traspaso de mando.
En los pasillos de la Casa de Gobierno se dice cualquier cosa. Y cualquier variante resulta posible (algunas más probables que otras) ante tamaña incertidumbre a tan poco de iniciar el año electoral. Se espera que Bordet arroje un poco de claridad al panorama a su regreso de la misión comercial a Singapur.
Dicen que todo se podría estar definiendo al final de esta semana, cuando se conozca el alcance de un proyecto que contenga reglas de juego y fecha para las próximas elecciones.
El peronismo tiene los votos para aprobar una reforma electoral. No, en cambio, una ley que declare la necesidad de una reforma constitucional. Con amplio dominio del Senado, le estarían faltando tres votos en Diputados para alcanzar los dos tercios. En el PRO miran de reojo a los tres radicales que juegan con Pedro Galimberti. No les sorprendería que Lucía Varisco votara con el peronismo. No se imaginan, en cambio, a Gustavo Cusinato y Julián Maneiro acompañando una iniciativa de este tipo.
Fuente: Página Política
