El bloque de diputados del Frente para la Victoria de Entre Ríos repudió enérgicamente el fallo de la Corte Suprema de justicia de la Nación, que, aplicando una norma derogada, acaba de beneficiar a un condenado por crímenes de lesa humanidad, y deja abierta la posibilidad a que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad aplicando el 2×1.

Los legisladores recuerdan que los delitos por los cuales fueron y son juzgados decenas de militares continúan perpetrándose, ya que hay miles de familias que siguen sin conocer el destino de sus familiares desaparecidos y siguen buscando a sus nietos y nietas apropiadas ilegalmente.

Resulta también preocupante para los diputados el desconocimiento de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír llevando a la República Argentina a un aislacionismo luego de haber alcanzado en esta materia reconocimientos en el mundo entero.

Lecturas políticas

El presidente del bloque de senadores del FPV, Angel Giano, afirmó que “el máximo organismo del país está presionado por grupos que fueron partícipes en el terrorismo de estado”.

“Cada día las decisiones que se están adoptando a nivel nacional vuelven a vulnerar la historia de este país, la búsqueda de verdad y justicia”, sostuvo Giano respecto a lo que definió como “una afrenta contra toda la ciudadanía y en particular hacia la lucha de las madres y abuelas”.

“Rechazamos esta medida que busca dejar en libertad a torturadores, genocidas, apropiadores de niñas y niños, a asesinos perversos y cínicos que fueron los responsables de una de las etapas más oscuras en el país, en delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles”, dijo el senador para quien “esto no es lo que se merece un pueblo que ha sostenido con valentía una lucha contra lo que fue el terrorismo de estado, que produjo la desaparición de 30 mil compañeros y compañeras”.

“Vamos a seguir exigiendo justicia aunque hoy reconozcamos que el máximo organismo del país está presionado por quienes que fueron partícipes en el terrorismo de estado y que hoy buscan beneficiarse con estas medidas. Vamos a continuar junto con las organizaciones sociales y de derechos humanos reclamando para que se garantice la memoria, la verdad y la justicia”, remarcó.

El secretario General del PJ de Entre Ríos José Cáceres, afirmó que el fallo de la Corte “sólo se comprende como parte de la política del macrismo que quiere eliminar la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia. Estamos retrocediendo décadas. Hoy los genocidas están celebrando y la lucha del pueblo ha sufrido una derrota”.

Afirmó que “es el reflejo de lo que expresa el gobierno de Macri sobre los DD HH. Este fallo es parte de una acción deliberada del gobierno nacional que quiere terminar una etapa histórica de conquistas populares donde las condenas a los genocidas fueron parte fundamental”.

Reparó en que el fallo “salió por tres votos contra dos. Y justamente de la mayoría dos fueron elegidos por Macri (Rosenkrantz y Rosatti), y por decreto originalmente, y la restante, Highton, se ha vuelto siempre funcional al gobierno nacional cuando desde el macrismo desistieron del proceso para jubilar a la jueza por cumplir 75 años, tal como lo dice la Constitución Nacional. En términos de lectura política, el fallo es de los jueces puros del macrismo”.

Para la Agrupación Luche y Vuelve, que conduce el diputado Pedro Báez, el gobierno de Cambiemos indudablemente quiere impulsar políticas de olvido, mentira e impunidad para los genocidas”.

“Vinieron con un discurso republicano pero se están llevando puesta la democracia, las instituciones y las más elementales nociones de justicia, olvidando que son, lisa y llanamente, criminales condenados por delitos de lesa humanidad”, afirmaron.

El ex gobernador Jorge Busti calificó al fallo como “un retroceso mayúsculo en cuanto a la política de Derechos Humanos, y una bofetada a la lucha de millones de argentinos”.

Consideró además “inoportuna” la convocatoria de la Conferencia Episcopal a una reconciliación, ya que “la Iglesia jamás ha dado un informe ni ha realizado un mea culpa de su participación en la época de la dictadura».

El subsecretario de Derechos Humanos, Matías Germano, advirtió que la decisión “se contradice con un fallo de la misma Corte, que decía que no se podía aplicar este beneficio”. Presume a su vez el funcionario “repercusiones negativas, nefastas y contrarias a la jurisprudencia lograda en los últimos años y a lo largo de la democracia”.

En declaraciones a la agencia Apf, dijo que “la desaparición forzada de personas es un delito permanente y continuado en tanto esas personas permanezcan en esa situación; también lo es por ejemplo la apropiación de menores. Son delitos que dañan a la humanidad en su conjunto y por eso son imprescriptibles y tienen otras consideraciones”.