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Velázquez apela y el feminismo repudia al sobreseimiento de Allende

La ministra presenta un recurso de casación contra la sentencia que benefició al secretario General de UPCN. La causa se inició por una denuncia de la funcionaria contra el exdiputado por amenazas. “Se sigue minimizando la gravedad de la violencia política”, advirtió Velázquez que reclamó “juzgar con perspectiva de género”.
Por: Redacción de Página Política

La ministra Sonia Velázquez hizo saber que presenta un recurso de casación contra la sentencia por la que se consideró prescripta la causa contra José Allende que de este modo fue sobreseído.

El expediente se inició con una denuncia de la funcionaria contra el secretario general de UPCN por amenazas en contexto de violencia de género en 2018. El mes pasado, el juez de Garantía Mauricio Mayer dictó el sobreseimiento contra Allende por prescripción, es decir porque la Justicia no avanzó en determinar su culpabilidad o inocencia en un lapso previsible para el delito imputado. Velázquez apeló esta decisión pero el juez Alejandro Grippo rechazó el planteo.

Allende cuando era diputado se amparó en los fueros. El fiscal Leandro Dato había calificado el hecho en amenazas simples, no en coacciones agravadas como lo pretendía la querella por la gravedad, además de tratarse de una funcionaria pública.

“En la búsqueda de un acto de justicia seguiré con la presentación de un recurso de casación para exigir lo que corresponde: un juicio de debate que repare este grave delito de acción pública”, expresó Velázquez tras conocer la decisión.

“Seguiré practicando la perseverancia para no declinar en la búsqueda del objetivo: que se haga justicia. Intentaré seguir con la misma coherencia para sostener aquello que dije, sentí, viví, sufrí en un largo período consecutivo en el ejercicio de la gestión pública, teniendo en cuenta la función indelegable cómo funcionaria del Estado cuando se está frente a un acto de coacciones agravadas y violencia pública”, denunció la ministra que fundó en ese marco “la denuncia penal frente a situaciones de hostigamiento, coacciones, violencia verbal, intimidaciones, amenazas, conductas que fueron colectadas y probadas y que obran como pruebas en el legajo de la OGA”.

“Una vez más seguiré planteando que la ética debe ser el camino para toda acción pública en cualquiera de los poderes del Estado, incluído juzgar con perspectiva de género, más aún cuando se sigue minimizando la gravedad de la violencia política en este contexto”, cuestionó.

 

Mezcla de delitos

Criticó la ministra el proceso por el cual su denuncia terminó mezclada, minimizada, junto con otras demandas judiciales que involucraban a Allende.

“Luego de dos años (mientras el imputado se amparó en sus fueros parlamentarios) el Ministerio Público Fiscal y el acusado acordaron un juicio abreviado subsumiendo mi causa de naturaleza inconexa con otras de enriquecimiento ilícito y amenazas contra un periodista, decretando la prescripción de la causa en detrimento mío”, apuntó.

“Convencida que la valentía y el coraje fueron parte de dos pilares importantes que me sostuvieron al frente de la conducción de Salud en esta pandemia, caminaré con ellos si es necesario hasta llegar a la corte interamericana de los Derechos Humanos hasta que se haga Justicia”, concluyó la funcionaria.

 

Apoyo feminista

La Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No binaries repudió la decisión del juez Alejandro Grippo.

“Otra vez la (in)justicia salva al secretario general de UPCN, José Allende”, se titula el documento de la organización que consideró que el fallo hace “una interpretación mañosa de la ley 26.485 y Ley 27.533 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” al rechazar el planteo contra el sobreseimiento .

“Nos causan vergüenza e indignación los fundamentos de su sentencia, tergiversando los alcances de la ley 27.533 que amplía los alcances de la ley de protección integral a las mujeres, cuando las violencias se desarrollan en el ámbito político”, continúa el texto.

Consideró la asamblea que el caso encuadra “dentro de la normativa para proteger a las mujeres de las violencias en el ámbito de la política” y citaron el punto h de la norma en la que se define “violencia pública-política contra las mujeres” como “aquella que, fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros”.

“No hay dudas de que la misma fiscalía a cargo del doctor Leandro Dato distrajo los tiempos procesales con maniobras de juicio abreviado a espaldas de la víctima, que ahora sirven de excusa para declarar que expiró el tiempo de la acusación. No hay dudas de que minimizan peligrosamente los hechos de violencia contra las mujeres y disidencia sexuales, sentando precedentes que perjudican a las personas en situación de vulnerabilidad por violencia de género. No hay dudas, que para esta (in) justicia enterriana molesta llegar a un juicio donde se exponga la verdad de los hechos sobre la posición de supremacía patriarcal del ejercicio de la política que hacen algunos varones”, denuncia el texto.

“Seguiremos acompañando el pedido de juicio de la ministra Sonia Velázquez, por derecho y justicia que le asiste a ella y a todas las víctimas de las violencias machistas en cualquier ámbito como lo establece nuestra ley”, concluye el documento.

Fuente: Página Política
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