El embargo, en un proceso penal, es una herramienta preventiva que consiste en limitar la libre disposición del patrimonio de una persona acusada de la comisión de un delito con el fin de asegurar el pago de los perjuicios ocasionados.

Mientras dure el embargo, el acusado no podrá transferir, enajenar o mover esos bienes (casas, campos, departamentos, vehículos, cuentas bancarias).

Esta medida puede ser solicitada por el fiscal –ante el juez de garantías–, y así lo hicieron Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, que tienen a su cargo la investigación por el desfalco a través de contrataciones irregulares en la Legislatura en el período comprendido entre 2008 y 2018.

La disposición tiene una importante gravitación en la causa porque de allí se desprenden datos novedosos, si se los mira con desconfianza. Es que no todos los bienes registrados a nombre de una persona pueden ser exactamente propios; y aquel que aparenta no tener nada, tal vez sea dueño a través de otras personas. ¿Se entiende?

El embargo preventivo se ordenará en un monto suficiente para garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado con la comisión del delito. Los fiscales estimaron el fraude en 2.000 millones de pesos y otros 1.000 millones en concepto de intereses. Dicen los fiscales que esa cifra surge de considerar “el tiempo transcurrido desde el inicio de la actividad delictiva y su duración, esto es dolarizando los importes al tiempo de su sustracción y realizando la operación inversa aplicando el valor del dólar hoy”. El cálculo daría entonces una suma aproximada de 445 millones de dólares.

El número se pudo reconstruir, agregan, “de los cuadernos que fueran secuestrados en el domicilio de Hugo Rubén Mena y Flavia Marcela. Beckman”, los tarjeteros de esta historia, y “los documentos obtenidos del análisis de los equipos informáticos secuestrados”.

Los fiscales creen que “el dinero sustraído fue aplicado a inversiones inmobiliarias y ganaderas, que aumentaron ilegítimamente no sólo el patrimonio de los imputados (…) sino también de personas a las que, por el momento, no se les atribuye intervención en el hecho ilícito investigado”, concretamente, sus parejas.

A criterio de los investigadores, “aparece como una sospecha razonable y verosímil a la luz del análisis desarrollado sobre la evidencia colectada, que muestra la interconexión patrimonial en inversiones inmobiliarias, no sólo por la calidad de condóminos respecto de inmuebles, en algunos casos, como por las distintas posiciones asumidas en las figuras contractuales elegidas para instrumentar los negocios inmobiliarios, en otros”.

Página Judicial accedió a la solicitud de embargos preventivos e inhibición general de bienes que hicieron los fiscales y allí aparecen algunos nombres desconocidos de una película que pronto aparecerán en el requerimiento de elevación de la causa a juicio.

Los de adentro

En el escalón más alto de la pirámide de la asociación ilícita –aunque seguramente no en la cúspide– aparece el nombre de Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, que sucedió en el cargo y en las funciones a Orabona a partir de 2011. En su caso, le embargaron la casa familiar en Paraná y un automóvil; y la medida se extendió a su esposa, Luciana Almada, a quien le embargaron la porción de acciones que tiene en la imprenta Tep SRL.

También fue embargado el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, a quien le inhibieron una propiedad en Concordia, un automóvil a su nombre y acciones en la imprenta Next SRL, cuya propiedad se le atribuye a Aguilera; mientras que a su pareja le embargaron una propiedad en La Picada y dos automóviles.

Almada no tiene cuentas bancarias a su nombre, pero un informe del Banco de Entre Ríos SA (Bersa) que consta en el legajo arrojó un dato estremecedor: cobró 112 millones de pesos en el período comprendido entre marzo de 2017 y septiembre de 2018. La cuenta da una suma de 6,5 millones de pesos por mes. ¿Ese dinero quedó en manos del joven Almada? Su patrimonio no lo refleja de ese modo.

Ahí mismo, en el mismo nivel, se inscribe el nombre de Juan Domingo Orabona, ex director del Servicio Administrativo Contable del Senado, señalado como una de las personas que recibía el dinero que recaudaban los tarjeteros Mena y Beckman.

El funcionario no tiene bienes a su nombre, ni casa ni autos; pero es titular de 32 cuentas bancarias en pesos y en dólares en siete entidades crediticias que operan en la provincia y que le fueron embargadas por los fiscales.

Los contadores

Alfredo Bilbao es uno integrantes de la asociación ilícita que operaba desde afuera de la estructura estatal. Era quien recibía el dinero que recaudaban los tarjeteros. En su caso, le embargaron catorce inmuebles que estaban a su nombre, aunque muchos en condominio con Gustavo Hernán Pérez, director del Servicio Administrativo Contable del Senado; y Jorge Enrique De Breuil, empleado de planta permanente del Senado provincial y contratado por el senador nacional Pedro Guillermo Guastavino.

Los fiscales creen que los tres habrían utilizado parte de ese dinero para realizar distintas operaciones: “La sustracción de los caudales estatales se concretó a través de una estructura organizativa conformada por los imputados, que además, junto a sus parejas, conformaron grupos de inversión, desarrollaron de manera conjunta inversiones inmobiliarias y agrícolo-ganaderas, utilizaron la figura del fideicomiso en la que algunos imputados terminan siendo propietarios, en condominio algunas veces, de unidades funcionales de edificios construidos mediante esta figura contractual, en la que el fiduciario es otro de los imputados”, dicen. Pero esa descripción no se limita a ellos tres.

Lo cierto es que el trío realizó inversiones en un complejo de diez propiedades en Villa Libertador San Martín, departamento Diamante: De Breuil es titular en un 50 por ciento, Bilbao posee un 25 por ciento y Pérez posee el 25 por ciento restante.

Bilbao tiene, además, tres vehículos a su nombre y 21 cuentas bancarias, entre cajas de ahorro y cuentas corriente en distintas entidades crediticas.

Su esposa, Julia Gabriela Vainstein, auditora del Tribunal de Cuentas, tiene ocho inmuebles, algunos en condominio con Pérez, y otros con Verónica Caino, la esposa de Pérez; y también posee 18 cuentas en pesos y en dólares, en distintos bancos.

¿Faltan elementos para confirmar la relación entre los integrantes de la asociación ilícita? Las inversiones parecen no dejar lugar a dudas.

De Breuil y su esposa tienen, además, cajas de ahorro y cuentas corriente en pesos, dólares y euros en distintos bancos en diferentes provincias argentinas.

Pérez, el nexo entre el Senado y el estudio contable de Bilbao y Roberto Ariel Faure, es copropietario de 15 inmuebles, la mayoría en el departamento Diamante, en condominio con Bilbao y De Breuil, como se dijo. También tiene 18 cuentas bancarias a su nombre.

Faure, por su parte, no tiene inmuebles registrados a su nombre; por lo tanto le embargaron dos vehículos y nueve cuentas bancarias, en pesos y en dólares.

Según la acusación, Sergio Cardoso cumplía la misma tarea que Pérez, pero en la Cámara de Diputados. Le embargaron la vivienda familiar, un automóvil, más otros dos vehículos y una moto registrados a nombre de su esposa; y cuentas bancarias.

El otro engranaje del esquema delictivo lo integran los miembros del estudio contable “Integral Asesoría”. A Pedro Opromolla, uno de los socios del estudio, le embargaron tres inmuebles, incluida una oficina en calle La Paz 236 que es propiedad de la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, y que motivó su polémica salida de la investigación. También le embargaron 14 cuentas bancarias, entre ellas, la cuenta sueldo por su contrato en la Cámara de Diputados de la provincia.

También embargaron a los otros socios del estudio contable: Gustavo Falco aparece como propietario de siete inmuebles en Paraná y San Benito, un automóvil y 17 cuentas bancarias en distintas entidades; y Guido Krapp es copropietario de cuatro inmuebles, un vehículo y 12 cuentas bancarias.

Los tarjeteros

Hugo Mena sería el más potentado del clan. Del pedido fiscal se desprende que tiene seis propiedades a su nombre, la mayoría en Paraná y dos en Concordia. Aparentemente, el hombre decidió invertir en la otra orilla. ¿O no son suyas esas propiedades? La duda aparece luego de que en la entrevista que dio a Página Judicial confesara que estaba en una situación económica delicadísima. No solo él, sino todo el grupo familiar que componen Flavia Beckman; la hija de ella, María Victoria Álvarez, su pareja Esteban Scialocomo; y las hijas de Mena, Viviana y Jazmín Mena Gioveni.

El propio Mena es propietario, además, de dos vehículos y un camión con acoplado; y tiene cuentas bancarias en cuatro entidades crediticias diferentes.

A Flavia Beckman también le embargaron dos inmuebles, uno en Concordia y otro en Paraná; un automóvil y dos motos (modelos 2005 y 2014); y seis cuentas en diferentes bancos que operan en Paraná.

Scialocomo, por su parte, tiene un inmueble en Villa Libertador General San Martín, departamento Diamante, en condominio en partes iguales con su pareja Álvarez; pero también le embargaron una camioneta Ford Ranger; y ambos tienen cuentas en diferentes bancos, entre ellas, cajas de ahorro en dólares en distintos bancos.

Informe de Federico Malvasio y Juan Cruz Varela, para Página Judicial.