Si bien se conoció unas después de la propuesta que presentó el oficialismo, el bloque de Cambiemos venía hace un tiempo trabajando en la reglamentación del Tribunal de Cuentas.

Este martes presentó su proyecto que propone reformar la ley provincial 5.796, que data de 1976, a través de derogaciones y modificaciones de disposiciones para que se adecuen al texto constitucional reformado en 2008.

Fundamentalmente, se amplía el número de vocales de tres a cinco, tal como lo indica la nueva Constitución de Entre Ríos, reservando el cuarto y el quinto vocal a la propuesta que formulen los bloques parlamentarios de la mayoría y la primera minoría de la Cámara de Diputados. De ese modo, se cumple con el texto constitucional que incorpora a la oposición parlamentaria al principal órgano de control externo del Estado Provincial, que tendrán idénticas funciones al resto de los vocales aunque carecerán de estabilidad, ya que sólo durarán en sus cargos durante el mandato constitucional en cuyo transcurso se los designó.

En la misma iniciativa, se consagra el concurso público y abierto para acceder al organismo de control y se fija la incompatibilidad de los cargos con cualquier otro empleo y se equipara la remuneración con la de un juez de una Cámara de Apelaciones. Del mismo modo, se consolida la autonomía funcional del órgano al otorgarle al plenario del Tribunal de Cuentas el poder de nombramiento de los secretarios letrado y contable del órgano de contralor, dejando de lado la exclusiva facultad que tenía el Poder Ejecutivo de designar esos cargos.

El proyecto, que elaboró el diputado Sergio Kneeteman, define claramente al Tribunal de Cuentas como “un órgano extrapoder” para afianzar su autonomía funcional y separarlo del resto de los poderes del Estado. Además, determina para el órgano de contralor la función de ejercer la auditoría integrada de la administración pública. En el texto esa función se extiende hacia el contralor de eficiencia en la gestión de recursos, es decir, la fiscalización sobre el uso eficiente, económico y eficaz de los recursos públicos considerando los resultados de la gestión, con un perfil equiparable al que ejerce la Auditoría General de la Nación, a través de recomendaciones, dictámenes u opiniones.

Concursos

El segundo de los proyectos de ley elaborado por el titular de la bancada de Cambiemos regula el concurso público al que deben someterse obligatoriamente los postulantes a ocupar los cargos del Tribunal de Cuentas, Contador y Tesorero general de la provincia.

La propuesta sugiere la creación de un jurado de concursos públicos para funcionarios de órganos de control que deberá examinar la idoneidad y seleccionar los candidatos que conformarán la terna, de la cual surgirá el elegido por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo en cuestión y remitir su propuesta de designación al Senado. El “jurado especial” se compondrá de 9 miembros, entre los cuales están representados desde el Poder Ejecutivo en la persona del secretario de Justicia, las corporaciones de abogados y contadores a través de sus colegios profesionales y la comunidad académica y científica de los claustros universitarios públicos.

El proyecto hace suyo el procedimiento establecido por el Consejo de la Magistratura provincial para la selección de candidatos a jueces y fiscales del Poder Judicial, estableciendo una instancia de antecedentes, una prueba de oposición y una entrevista personal con cada postulante.

Este lunes se conoció el proyecto del Frente de la Victoria que en buena parte coincide con el de la oposición y con lo que manda la Constitución reformada, pero un punto será ineludible para el debate: la ratificación de Guillermo Smaldone al frente del organismo, nombramiento que está a merced de un fallo judicial hace más de un año.