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Tributo a la Herencia. La frustración hecha ley

Se instrumentó en 2013 para financiar un programa sostenido de construcción de viviendas. Pero se recaudó muy poco. El Estado no pudo o no quiso enfrentar mil y una estrategias de evasión. La Justicia terminó con el asunto en 2017 ante un planteo de los escribanos. La lápida al tributo vino con su derogación por ley.
Luz Alcain
Por: Luz Alcain
@luzalcain

Enero de 2013. El gobierno de Sergio Urribarri promueve el tratamiento exprés de una ley de creación del Programa de Desarrollo de Infraestructura Social (Prodiser). Se financiaría con un nuevo impuesto, a la herencia, en línea con lo que ya había instrumentado en la provincia de Buenos Aires el entonces mandatario, Daniel Scioli.

La iniciativa fue acompañada solo en general por la oposición, pero radicales, socialistas y peronistas disidentes de entonces pusieron el grito en el cielo en contra del tributo que tenía por pomposo destino “erradicar las viviendas precarias en Entre Ríos”. Roberto Schunk era entonces el ministro de la Producción.

Conviene hoy el repaso por los argumentos que fundaron la instrumentación del impuesto. Es que el Pacto Fiscal que firman este lunes los gobernadores con la Nación, incluye la posibilidad de aplicar este tributo a la herencia para mejorar las arcas provinciales.

La experiencia entrerriana arrancó con buenas perspectivas según la información oficial que aportaba el gobierno de Urribarri en septiembre de 2013, a ocho meses de la implementación. Se aseguraba entonces que ATER había recibido “5.999 declaraciones de actos jurídicos alcanzados por el impuesto, de las cuales 448, equivalentes al 7,5 por ciento, resultaron gravadas con un monto de 4.049.740,58 de pesos”. Se remarcaba que del total, 5.551 actos (el 92,5%) resultaban exentas del pago “de acuerdo a los valores establecidos por la ley 10.197”.

Pero este proceso no continuó así y lo recaudado estuvo lejos de cumplir con las metas propuestas por el programa de infraestructura social que contemplaba la ley. En Casa Gris admiten que escribanos y abogados dedicados al rubro inmobiliario terminaron por sistematizar mecanismos para eludir el pago del tributo. Y que el Estado prefirió enredarse en las complicaciones para controlar la evasión e instrumentar eficazmente el nuevo impuesto.

La resistencia más grande vino de sectores del campo que públicamente expresaron su rechazo. Pero fueron los escribanos, a través del colegio que los nuclea, los que recurrieron a la Justicia para pedir que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Nº 10.197.

 

Intervención judicial

En 2017, un fallo echó por tierra la ley, el tributo y sus objetivos. Se declaró la inconstitucionalidad de la ley. “La norma se exhibe irrazonable, discriminatoria y contradictoria”, afirmó Eduardo Federico Planas, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Paraná.

Los escribanos habían argumentado la inconstitucionalidad en la “violación al principio tributario de igualdad, al principio constitucional de proporcionalidad, al principio tributario de no confiscatoriedad, y a los principios constitucionales de territorialidad y protección a la familia”.

El juez destacó que “si bien las provincias conservan los poderes necesarios para el cumplimiento de sus fines -incluidas por supuesto las facultades impositivas- a efectos de lograr su desarrollo y bienestar, lo cierto es que al escoger los objetos imponibles y la determinación de los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más conveniente, tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la Constitución Nacional”.

Para el magistrado, “la aplicación de dicha norma se exhibe irrazonable, discriminatoria y contradictoria con las reglas constitucionales descriptas al consagrar una manifiesta iniquidad en el supuesto de coherederos que heredan bienes inmuebles con domicilio dentro y fuera de Entre Ríos al resultar inexplicablemente más gravoso el tributo para los primeros”.

“La confiscatoriedad radica pues en el desconocimiento de la capacidad contributiva del beneficiario provocando un incremento en la carga fiscal impositiva al obligar a los herederos a abonar, a la muerte del causante, un monto oneroso; a la vez que permite invariablemente suponer que se está en presencia de una doble imposición al gravar bienes y rentas que fueron ya objeto de otros impuestos en vida del causante”, se afirma en el fallo.

 

Derogada

Finalmente la Legislatura votó la derogación del Programa de Desarrollo de Infraestructura Social (Prodiser) y el impuesto que pretendía financiarlo.

La Ley Nº 10.553, en sus fundamentos, consideró que “la incidencia relativa respecto de la recaudación fue de muy baja significación, ya que no superó el 0,36 por ciento de representatividad de los ingresos provinciales propios”.

Se asegura que generó para el Estado “una elevada exigencia y disponibilidad de recursos materiales y humanos, en razón de tratarse de un tributo que se liquida en sede administrativa en cada una de las delegaciones de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, presentando dificultades en la valuación de la base imponible del impuesto, que conllevan a considerar la eficiencia real y posibles alteraciones en las decisiones de individuos y personas jurídicas por la aplicabilidad del impuesto”.

La Ley deroga el tributo y el programa para la construcción de viviendas ya había quedado en nada tras la inconstitucionalidad de la norma que lo crea. Fin del asunto para Entre Ríos. El tributo a la Herencia, previsto por el nuevo Pacto Fiscal, no tendría revival en esta provincia.

Descargar ley 10553

Fuente: Página Política
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