En las primeras horas de este martes, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) emitió en su cuenta oficial de Facebook un texto que abrió la polémica.
“25 DE MARZO: DÍA DEL NIÑO POR NACER.
En el marco de la solemnidad de la Anunciación del Señor, se celebra en distintos países del mundo el Día del Niño por Nacer. La fecha instituida en Argentina mediante el Decreto Nº 1.406/98, fue escogida por la grey católica en coincidencia con la Fiesta de la Anunciación, es decir, cuando Jesús fue concebido en el seno de la virgen María”.
Una catarata de críticas debajo del post hizo que el comentario sea editado por el organismo que conduce Mercedes Solanas. Y quedó así:
“25 DE MARZO: DÍA DEL NIÑO POR NACER.
Cada 25 de marzo se celebra en el Día del Niño por Nacer en cumplimiento de la disposición dada por Decreto Nº 1.406 basado en la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Se propone esta fecha para implementar acciones en pos de construir a una cultura de Vida y Salud, en favor de las personas, de la familia y de las comunidades. Esta conmemoración constituye además, parte importante de la Promoción de la Salud y prevención de la enfermedad, entre cuyos objetivos se considera el interés prioritario en lograr la reducción de los índices de morbi-mortalidad infantil y materna”.
Entre Ríos, entre varias cuestiones, fue pionera en materia de laicismo. Los constituyentes del ’33 decidieron no reconocer como principio del pensamiento y fundamento de la Constitución ninguna idea de Dios y, así, garantizar la “libertad de conciencia” y poner a la provincia a la vanguardia. De ahí que la Constitución entrerriana no tiene preámbulo. Este espíritu libertario se salvó en la reforma constitucional de 2008. Hubo iniciativas en el sentido contrario.
¿Saldado el debate?
En la historia reciente de la provincia el concepto de “niño por nacer” terminó desterrando el derecho de acceder a práctica de un “aborto no punible”, como se tipifica en el Código Penal en su artículo 86, en su inciso 2. Se trata del caso de la mujer que fue autorizada por un equipo interdisciplinario de médicos para que interrumpa su embarazo porque corría peligro su vida. El caso fue dramático: minutos antes de la intervención, el médico militante antiabortista, César Pazo, ingresó al Hospital San Martín y acusó a los profesionales que iban a llevar adelante lo que se había decidido. Lo cierto es que la operación no se realizó y la mujer fue trasladada a Buenos Aires para dar a luz. Tras parir, sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) que le dejó secuelas permanentes.
El Estado se vio obligado a investigar si había sido correcto o no el accionar de los profesionales luego de una denuncia realizada por representantes del Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders). La presentación la realizaron la obstetra Carolina Comaleras y la trabajadora social Silvia Primo. Le solicitaron al entonces ministro de Salud, Ángel Giano, que investigue los hechos acontecidos para “establecer si existió conducta reprochable pasible de sanción disciplinaria” por parte de agentes de la administración pública.
Pero una investigación interna ordenada por el Ministerio de Salud, que encabeza Hugo Cettour, consideró que no hubo negligencia, y que los médicos del Hospital San Martín actuaron bien al desoír las sugerencias de sus pares del Hospital San Roque.
