Las escenas que describen la actuación de las fuerzas de seguridad frente a casos de salud mental han puesto en debate la preparación que tienen sus miembros para abordar situaciones de crisis, a veces exacerbadas por consumos problemáticos de sustancias, y si es la Policía quien debe acudir ante episodios de estas características.

De ahí la iniciativa de la diputada nacional Carolina Gaillard (Unión por la Patria) para establecer una capacitación obligatoria en materia de salud mental con una perspectiva comunitaria y de derechos humanos para todos los agentes de las fuerzas de seguridad, pero también para el personal de educación y de salud, en ámbito nacional, provincial y municipal, tanto en el sector público como en el sector privado.

El proyecto es una reedición de la Ley Micaela aplicada a la salud mental.

La iniciativa surge de la necesidad de promover y garantizar la formación y capacitación a todos aquellos actores involucrados en la implementación de la Ley de Salud Mental en las áreas de salud, seguridad y educación.

La legisladora entrerriana admite en los fundamentos que la normativa nacional “ha recibido múltiples críticas otorgándole responsabilidad a la ley por la imposibilidad de dar respuestas a la falta de solución a las internaciones involuntarias y una atención adecuada a los tratamientos por consumos problemáticos, intentos de suicidios etcétera”, pero hace hincapié en que “gran parte del problema no está en la ley en sí misma, sino en la falta de conocimiento y formación sobre la misma, en la falta de articulación y coordinación entre los efectores del sistema de las distintas áreas, como en la ausencia de recursos o readecuación de los mismos para una implementación”.

Por eso plantea que existe un “déficit en la respuesta concreta a situaciones de emergencia en salud mental” y pone como ejemplo el caso de Ariel Goyeneche, el joven paranaense que murió en un procedimiento policial que dejó en evidencia la incapacidad de los efectivos para enfrentarse a una situación de estas características.

En ese sentido, la legisladora entrerriana enfatizó que los policías que intervinieron en el hecho que devino en la muerte de Ariel Goyeneche “confundieron un padecimiento de salud mental con un intento de robo, el joven fue detenido y murió asfixiado en la comisaría, en lugar de ser trasladado a un establecimiento de salud mental y así ser atendido debidamente” y agregó: “La familia enfatizó que no se aplicó el Protocolo Nacional de Intervención de las Fuerzas de Seguridad para preservar la integridad de las personas con padecimientos de salud mental”.

La ley nacional fue aprobada en 2010 e incluye a las adicciones dentro de las problemáticas del campo de la salud mental y el Estado reconoce el derecho de las personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas a ser abordadas desde el campo sanitario y no desde la persecución penal.

En ese marco, se elaboraron protocolos de intervención para las fuerzas policiales y de seguridad ante crisis de salud mental o consumos problemáticos de sustancias. Entre Ríos no adhirió a ese protocolo, aunque sí se hicieron capacitaciones que estuvieron a cargo de la Dirección General de Salud Mental.

No obstante, Gaillard aseveró que “si las fuerzas de seguridad hubiesen tenido la capacitación necesaria para saber cómo actuar en el caso de Ariel Goyeneche, él estaría probablemente con vida, porque fue tratado como un delincuente cuando se trataba de una persona con un padecimiento de salud mental”.

“El enfoque de la salud mental como derecho humano supone su abordaje comunitario: acercando los servicios de salud mental a las personas y promoviendo la participación de las personas con estas problemáticas en sus comunidades”, enfatizó.

“La discriminación genera una mirada negativa sobre las personas con padecimiento mental. Modificar la mirada es fundamental para que las personas que lo sufren puedan integrarse en la sociedad pero, asimismo, para que los profesionales involucrados cuenten con la capacitación y herramientas suficientes para su correcto abordaje”, agregó la legisladora entrerriana.

El proyecto implica también que la atención en salud mental no esté centrada únicamente en las principales ciudades donde existe la mayor concentración de profesionales, sino que busca incorporar una perspectiva federal integrada, con el objetivo que las provincias y sus municipios cuenten con personal capacitado e idóneo para dar respuestas oportunas a la gran cantidad de demandas.

En su articulado, además, contempla que el Poder Ejecutivo deberá desarrollar campañas de concientización a través de los medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales, a fin de concientizar a la población sobre la importancia de la correcta implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y su enfoque de derechos humanos.

El proyecto, de autoría de la diputada Gaillard, cuenta con el acompañamiento de más de treinta diputados del bloque Unión por la Patria, entre ellos los también entrerrianos Gustavo Bordet, Blanca Osuna y Tomás Ledesma.

Fuente: Página Política