La causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura, en la que se investiga el funcionamiento de una asociación ilícita en el período 2008-2018, zigzaguea entre la elevación a juicio y medidas de pruebas que pretenden ir al fondo de la cuestión. La primera acción es una pretensión del Ministerio Público Fiscal. Sería deshonesto señalar a los fiscales de la causa, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, como los impulsores de esa maniobra. Con toda la evidencia que hay entienden que la lista de imputados no es la que se ha confeccionado. La segunda acción es en la que se encuadran los abogados defensores, que ven en la pesquisa la idea de ponerle un punto final y mandar a la hoguera a los de abajo. Es decir a quienes cobraban los cheques y se encargaban de localizar contratados. Con un derrame de las ganancias muy por debajo de la recaudación.
La semana pasada, los fiscales dieron luz verde a un requerimiento de Damián Petenatti, representante de Alfredo Bilbao, integrante de uno de los estudios contables que formaban parte de la supuesta estructura delictiva.
¿Cuál es el interés de Petenatti? Dar con el origen de los contratos, ya no quienes eran los contratados, que se conocen desde el primer momento luego de los allanamientos allá por septiembre de 2018 cuando comenzó toda esta novela.
El defensor quiere saber “concretamente qué legislador o autoridad del cuerpo ha efectuado la respectiva solicitud inicial del trámite”, es decir de ese contrato supuestamente ilícito, para “determinar el origen y motivos de cada contratación investigada”.
Petenatti hace referencia a una resolución que en Página Judicial se ha publicado con asiduidad. Es el 3º y 4º párrafo del decreto 128 de fecha 28 de abril de 2008 emitido por el entonces vicegobernador José Eduardo Laurito. Allí se establece el procedimiento de contratación. Dice:
“Los señores senadores solicitan se proceda a la aprobación de la contratación de personas que se encuentran en sus propias órbitas, para lo cual dan fe de la necesidad de su contratación al igual que respecto de la idoneidad de la persona contratada.
“Incluye la solicitud del señor senador, la autorización para la continuidad del trámite del señor presidente del bloque partidario, el informe del señor director General de Administración de este Honorable Senado…”.
“Se confecciona el instrumento contractual que es firmado por el contratado y por el solicitante (presidente o senador) aclarando que el solicitante certifica que la firma del contratado es auténtica.
“Es el Presidente de la Honorable Cámara de Senadores quien autoriza mediante decreto la contratación, vale decir, el Vice-Gobernador”.
En resumen: era el legislador quien proponía la contratación, luego ese pedido recorría un circuito que preveía una decisión político y administrativa. En la causa están imputados sólo los administrativos.
Agrega Petenatti en su petición: “Según la teoría fáctica y jurídica sostenida por el Ministerio Público Fiscal, resulta evidente que la persona que ha efectuado el pedido (autoridad legislativa o legislador) con la justificación no sólo de la necesidad de contratación sino también acerca de la idoneidad de la persona a contratar para cubrir la necesidad alegada, es un aspecto central que puede brindar nombres de posibles responsables y grado de participación”.
¿Y entonces por qué se ha esperado tanto en saber algo que parece simple?
¿Quién es el responsable, en definitiva, de ejecutar y dar cuenta del gasto del presupuesto destinado a la Legislatura? ¿Los administrativos, los senadores y diputados, los presidentes? Apuntar a los de abajo ha sido en todos estos años una maniobra que se difunde desde los tribunales a través de sus voceros en algunos medios.
La última novedad que se supo de la causa es, precisamente, la que se decía que se estaba esperando para elevarla a juicio: la pericial. Esto es de cuánto fue el desfalco al erario público. Según los peritos fue de mil millones de pesos. ¿Ese dinero está en las arcas ocultas de tarjeteros y contadores? Wow.
Fuente: Página Política
