El centro de estudios “Raúl Alfonsín” expresó su “rechazo y profunda preocupación” por la falta de servicio de transporte urbano de pasajeros hace más de 40 días en Paraná. Lo hizo a través de un documento que no agrega nada a lo que ya venían marcando los concejales Walter Rolandelli y Francisco Avero, que fueron electos por el varisquismo pero que hoy conformaron esta nueva línea interna de la UCR de Paraná junto a otro ex funcionario de Sergio Varisco, como el actual diputado Eduardo Solari.
Desde el plano estrictamente político, el documento de esta fracción del varisquismo residual tiene en todo caso el valor de marcar posición sobre un problema central de la capital provincial que no ha sido abordado como se podía esperar de parte de la UCR de Paraná, que por estos días presenta un cuadro de fragmentación interno.
En el documento denuncian el “silencio y el desinterés” del gobernador Gustavo Bordet y del intendente Adán Bahl en la gestión de alternativas ante el conflicto. Y también la “irresponsabilidad política del gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quienes nuevamente reiteran la discriminación en el reparto de los subsidios a las empresas de transporte”. Pero, claro, no hay ninguna referencia a lo que hizo la gestión de Varisco para encarar este problema.
En suma, el documento no avanza más allá del lógico planteo opositor de pedir la solución de un problema al oficialismo. Es, más que nada, un modo de fijar presencia como sector interno.
En este sentido, más que lo que dice el documento, importan las firmas al pie, que de algún modo oficializan la pertenencia a esta línea interna de Solari, Rolandelli y Avero, junto a Karina Llanes (ex concejal), Jorge González, Fernando Marchi, Rodolfo Emery, Daniel Silva, Carlos Musante, Nora Pereira, Mario González, Patricia Calvi, Cesar Álvarez, Cristian Aranaz, Yolanda Beber, María Alejandra Rotella, María Soledad Tabares, Griselda López, Maximiliano Gómez, Daiana Moretti, Carolina Suquilvide, Héctor Nicolás Marotte, Rosario Ríos, Natalia Villordo, Graciela Elina Suarez, Mauro Rossetti, Janet Martínez, Guillermo Bottino, Mario Cesar Cáceres, Silvia Martínez, Talia Martínez y Fabiana Lorena Herrera.
A continuación, el documento, textual:
El Centro de Estudios “Raúl Alfonsín” expresa su rechazo y profunda preocupación por la falta de servicio de transporte urbano de pasajeros hace más de 40 días en Paraná. Producto de una medida de fuerza gremial causada por la falta de pago de haberes en tiempo y forma, los vecinos de la capital entrerriana se encuentran imposibilitados de acceder a un servicio fundamental para trasladarse a los sitios de trabajo y de asistencia médica.
Este hecho -la mayor huelga que se recuerde en la historia de la ciudad- se torna particularmente grave producto de la inacción de los gobiernos municipal y provincial, que ha dejado sin el primordial servicio de colectivos a los trabajadores esenciales que vienen realizando tareas de forma sostenida en el marco de la emergencia sanitaria, como médicos, enfermeros y enfermeras, personal policial y de las fuerzas de seguridad, trabajadores vinculados con los servicios básicos, etc.
Esta inquietante situación se ha venido advirtiendo desde el Honorable Concejo Deliberante a través de los Concejales Walter Rolandelli y Francisco Avero, denunciando el silencio y el desinterés del Gobernador Bordet y del Jefe comunal Adán Bahl (supuesto garante principal del servicio de acuerdo a la normativa vigente) en la gestión de alternativas ante el conflicto, que si bien no es exclusivo de la ciudad de Paraná, si lo es su dimensión profunda y estructural.
A esto debe sumarse la irresponsabilidad política del gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quienes nuevamente reiteran la discriminación en el reparto de los subsidios a las empresas de transporte, beneficiando en mayor medida al AMBA en detrimento de las ciudades del mal llamado “interior”. ¿Acaso existimos ciudadanos de primera y de segunda en función del lugar de residencia en Argentina?
Si bien somos conscientes que también los empresarios del transporte tienen su cuota de responsabilidad, entendemos que es el Estado quien debe garantizar la prestación del servicio con normalidad, ya que hace posible el acceso a bienes y servicios primordiales, sobre todo en un contexto muy difícil y complejo como el actual.
En definitiva, hasta ahora el único damnificado es el ciudadano paranaense que se observa preso de una circunstancia con claras responsabilidades institucionales y políticas.
Este Centro de Estudios “Raúl Alfonsín” requiere con máxima urgencia a los Gobiernos nacional, provincial y municipal, que se ocupen de forma inmediata de articular los mecanismos que la Constitución Nacional y las leyes le otorgan para que resuelvan este problema que aqueja a los usuarios de colectivos en la ciudad de Paraná.
