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Justicia y Política

Un vocal en off side

Otra vez Castrillón en el centro de la escena. Esta vez por un enfrentamiento callejero. El hecho fue la cola de un episodio dentro de los tribunales. El recorrido de un hombre que saltó de la política a los tribunales y dejó su sello desde el día uno.

Emilio Aroldo Castrillón asumió en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) a instancias de Jorge Busti en el 2006. Le había prestado servicios políticos durante años. Los últimos fueron al frente del bloque justicialista en la Cámara de Diputados. Su designación no fue fácil. Hubo impugnaciones de la oposición y el Colegio de Abogados de Paraná, a cargo de Luis María Campos.

En la audiencia del Senado del 8 de junio de ese año, el candidato acusó a la entidad que lo impugnó y a la Asociación de Magistrados de ser parte de una “corporación judicial” que nombra familiares. Afirmó allí que quería “democratizar la justicia”. Incluso mucho antes que Cristina Kirchner ponga esa frase o idea en todos los medios. La de “democratizar”. Tuvo que explicar por qué había alambrado y metido ganado en tierras que eran fiscales. La respuesta fue original. Lo hizo – según dijo – porque Santa Fe se las quería quedar. Con su maniobra quedaron en manos de Entre Ríos. Así, sin más, lo explicó ante los senadores que debían darle acuerdo a su pliego.

Castrillón jamás simpatizó con el kirchnerismo. Por el contrario estuvo en la vereda de enfrente. Néstor Kirchner lo bajó de la lista de diputados nacionales que había pensado Busti. Su lugar lo ocupó Rosario Romero.

La primera polémica surgió cuando hizo de conductor radial en una emisora de su propiedad en La Paz el día de las elecciones de 2007. Al frente del micrófono festejó el triunfo del PJ. “Paliza… paliza…”, decía el vocal de la Sala Civil y Comercial. Esa crisis la sorteó. Fue noticia un par de semanas y luego pasó a los libros de historia. De todas maneras el episodio mereció la presentación de un pedido de juicio político con firmas de abogados y ex funcionarios judiciales, entre ellos el ex camarista Enrique Pita y la ex fiscal General del STJ Marta Brodosky de Petric. Quedó en la nada.

En 2013, Castrillón apareció en el Boletín Oficial como el principal inversor de un emprendimiento comercial a través de la firma El Pollito SRL, habilitada para “adquirir bienes inmuebles urbanos o rurales, comprar y vender implementos agrícolas nuevos o usados, agroquímicos, semillas, fertilizantes, productos veterinarios, alambres, hierros, bebederos, caños de distintos tipos y demás productos útiles en la actividad agropecuaria”. Supuestamente no podía participar de ese emprendimiento precisamente por la incompatibilidad con el cargo. El hallazgo, que luego ingresó en la polémica pública, fue del periodista Oscar Londero. Lo cierto es que el vocal dio marcha atrás. En un brindis de fin de año que solía hacer el STJ, Castrillón saludó a Londero y le dijo: “Tenías razón, me salvaste”. Lo más divertido de la historia es que antes, el STJ, había firmado una resolución en la que afirmaba que la inversión “estaba ajustada a derecho”. Castrillón quedaba a contramano de sus pares.

Mesaza

Luego, ya en 2014, Página Judicial reveló un hecho en el que las mismas fotografías hablaron de un cuadro de situación institucional en Entre Ríos que no se ha modificado en lo más mínimo. El cumpleaños de su pareja, realizado en un boliche de La Paz, fue motivo para invitar a personalidades de la política y el Poder Judicial, que bailaron al ritmo que propuso Castrillón. Estaban el procurador general, Jorge García; el entonces diputado justicialista, José Allende; su par en el STJ, Claudia Mizawak; su marido y entonces titular de Enersa, Daniel Arroyo; Domingo Daniel Rossi; el entonces ministro de Gobierno, Adán Bahl; y el entonces senador, Hernán Vittulo; entre otros. Investigadores e investigados alrededor de una misma mesa haciendo un chin chin. Una maravilla.

El primer día de diciembre del 2019 llegó a teléfonos de periodistas y abogados un mensaje en el que Castrillón decía que no se iba a entregar a las mafias, que no iba a transar con ellas, que no iba a cambiar favores y que “no iba a negociar para que no se investigue”, como sugería que ocurría entre un sector del Ejecutivo y la justicia. Los dichos parecieron destemplados, en principio porque no se entendió bien para quien iba dirigido el mensaje entre líneas. Se habló que sus palabras giraron en torno al negocio del juego de azar. Lo cierto es que no hubo un solo fiscal que solicite más información y por lo menos despeje dudas. O que investigue las mafias, si las había. Nada.

Castrillón tiene enemigos adentro y afuera de tribunales. Incluso personas que supieron estar en el cumpleaños de su pareja. Por caso García y Mizawak. Como en la política, en tribunales las alianzas son transitorias y responden a intereses muy concretos. En la vereda de enfrente también se ubica Romero. Cuando había que cubrir lugares en la Cámara de Casación de Concordia surgió el nombre de Julio Federik, quien ya había tenido conversaciones con el Ejecutivo. Más que nada con la ministra. Castrillón propuso a Guillermo Mulet y consiguió apoyos del senador radical Raymundo Kisser y Rubén Pagliotto, entre otros. Justo los denunciantes de Sergio Urribarri. Lo cierto es que se embarró todo y no se designó a ninguno hasta que se llamó a concurso.

La semana pasada se filtró una carta en la que la vocal Susana Medina se mostró molesta porque Castrillón iba a integrar, con un cuadro, el espacio que se les destina a los presidentes del Superior Tribunal. Algo así como la Sala de los Gobernadores. La vocal lo tiene denunciado por violencia de género a raíz de un entredicho en el grupo de Whatsapp que tienen los vocales. Medina, en esa nota que se filtró, dice que la causa “aún no se ha resuelto”. Otra vez las causas de género en un limbo. ¿Por qué tanta demora en una denuncia cuyos testigos están en un grupo de Whatsapp y cada uno tiene su despacho en el mismo edificio?

No pasó una semana para que Castrillón volviera a ocupar los primeros lugares en la agenda judicial. Ahora se vio envuelto en un caso callejero en el que el vocal se enfrentó con los dueños de un kiosco al lado de su casa luego de que les pidiera que bajen la música. Hubo un enfrentamiento físico y amenazas, según se desprende de las crónicas de ambos lados. También acusaciones porque el fiscal no se presentó en el lugar del hecho.

La Asociación de Magistrados expresó en un comunicado “su repudio ante los hechos violentos sucedidos en la ciudad de La Paz durante el fin de semana” y sostuvo que quienes “ejercen la función judicial -al igual que cualquier miembro de los poderes públicos del Estado- tienen vedado en toda circunstancia proferir públicamente improperios, insultar, injuriar, discriminar, y valerse de su condición funcional para efectuar reclamaciones informales a la autoridad”. Las palabras suenan correctas, pero no deja de desorientar el criterio de esta entidad ante los hechos. No ha dicho una sola palabra sobre el escandaloso caso por el cual se “ubicó” al fiscal interino, Federico Uriburu, en una fiscalía. Éste funcionario judicial tiene una causa por violencia de género cuando pretendió acosar a una mujer en el baño de un bar de Nogoyá, entre otros cosas, jactándose de ser el fiscal de la ciudad. Se lo trasladó a Tala.

Castrillón se mueve en los contornos de los modales de un funcionario judicial. El otro episodio que provocó tensión para adentro fue cuando arrastró a todos los organismos judiciales a tener que dar a conocer el salario de sus integrantes en el marco de una polémica que él mismo abrió cuando dijo que quería ganar como funcionarios de empresas estatales.

Inició los trámites para jubilarse, pero esa idea la tiene guardada en un cajón. No vaya a ser que su lugar lo ocupe alguien que no sea de su simpatía. Mientras tanto espera. En off side.

Fuente: Página Política
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