El Gobierno presentó una guía de veinte puntos para orientar el debate para la reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos, a través de una comisión que estará a cargo de Rubén Virué y tendrá una conformación de distintos sectores del sistema político, judicial y académico.
Pero algunos levantaron la voz y piden su lugar a la mesa. Se trata de abogadas y abogados que integran el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
En rigor, el Colegio de la Abogacía estará representado a través de Juan Martín Barnada, vocal de la entidad y ex presidente de la Sección Concordia. Y el Instituto de Derecho Penal expuso su “preocupación” y “sorpresa” por la decisión de la conducción de la entidad de no convocarlos para participar del debate.
A través de un comunicado, expresaron que el Instituto de Derecho Penal “ha participado históricamente en la identificación de deficiencias del proceso y ha aportado perspectivas técnicas y jurídicas relevantes para la mejora del sistema” y advirtieron que “la representación institucional debe reflejar la diversidad y la experiencia de las distintas ramas del derecho, en este caso del derecho penal y procesal penal, tal como se ha discutido en marcos previos y con la debida pertinencia para garantizar un debate plural y de alta calidad”.
El reclamo del Instituto de Derecho Penal está dirigido a la conducción del Colegio de la Abogacía, por no haberlos invitado a participar del debate interno; pero también expone críticas al temario: “La reforma propuesta importa un serio retroceso en los derechos y garantías de los entrerrianos”, expresaron.
“La intención de limitar aún más la función de los jueces y juezas de garantías, la posibilidad de recurrir los fallos de no culpabilidad de los jurados populares (eliminando la esencia misma del juicio por jurados), aumentar la desigualdad de armas ya existente entre la acusación y la defensa, son herramientas para disminuir un Estado de Derecho y este Instituto (y nuestro Colegio) no debe consentir con el silencio el retroceso que esto implica”, señalaron.
“A través de los años y con distintas conformaciones el Instituto presentó proyectos de modificación del Código Procesal Penal, y acompañó el proyecto presentado por la Sala Penal del STJER (Superior Tribunal de Justicia) luego de un profundo debate (al que sí nos invitaron y del que participamos), todos proyectos e iniciativas que intentaban resguardar el Estado de Derecho”, agregaron en el comunicado.
Por último, reivindicaron el rol del Instituto de Derecho Penal, a través de los años, “organizando (…) jornadas de debate sobre la temática y participando activamente en la redacción de proyectos de reforma de manera activa y de amplia participación de colegas de toda la provincia, rumbo que seguiremos profundizamos de cara a la presente discusión de reforma”.
(Pagina Judicial)
Fuente: Página Política
