Una semana antes de las elecciones PASO, Adán Bahl participó de un encuentro convocado por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos. La entidad invitó a los demás precandidatos a gobernador. No encontró mucha receptividad en Rogelio Frigerio, quien hasta ahora no ha concretado su visita a la sede gremial de los integrantes del Poder Judicial. 

El encuentro con el candidato oficialista se extendió por más de dos horas. La comunicación oficial por parte de Bahl fue la siguiente: 

La agenda de la Asociación, distribuida a todos los candidatos, tiene una serie de temas interesantes. Incluye “medidas para el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial”; “asignación de recursos”; “avanzar en el otorgamiento de la autarquía”; “la Ley 10.068”; “régimen previsional”; y “modificaciones legislativas necesarias para el mejor funcionamiento del Poder Judicial (creación de nuevos organismos y designación y remoción de integrantes del Poder Judicial)”. 

Al candidato se lo consultó – como estaba previsto – por reformas sobre los procedimientos de remoción de funcionarios de la Justicia, cuya redacción en la Constitución reformada en 2008 se intentó, con éxito, poner en dudas lo que respecta al procurador general. A tal punto que las veces que se denunció a Jorge Amilcar Luciano García en el Jurado de Enjuiciamiento, el propio jefe de fiscales adujo que la petición era improcedente, porque debía ser por Juicio Político. 

En el ámbito del jury, sin embargo, hubo dos interpretaciones: que García debía ser juzgado allí; y una segunda, con otra integración, que la denuncia debía tramitar en la Comisión de Juicio Político. 

En la reunión de la Asociación de la Magistratura, Bahl se mostró de acuerdo con los proyectos presentados por oficialistas y opositores. Uno de ellos pretende reforzar lo que dice el artículo 138 cuando explicita que son pasibles de juzgamiento en juicio político el Gobernador; Vicegobernador; ministros del Poder Ejecutivo; miembros del Superior Tribunal de Justicia; y Defensor del Pueblo. Y el artículo 201 cuando expresa que “los representantes del ministerio fiscal y ministerio pupilar en todas las instancias, quedarán equiparados a los miembros del Poder Judicial y en cuanto a las garantías establecidas en su favor en cuanto a las obligaciones especiales que les impone esta Constitución no pudiendo ser removidos sino por el jurado de enjuiciamiento, en la forma prevista en la misma”.

No debería promulgarse una ley que aclare porque la carta magna es clara. En fin. 

Lo cierto es que hay un proyecto en la Cámara de Diputados, cuya autoría es del oficialista  Pablo Cosso y cuenta con el apoyo de la oposición, que aborda el tema. En rigor específica que García no estaría a la altura de los vocales y debe ser juzgado en el Jury. Esa iniciativa forma parte de un paquete de proyectos presentados por el diputado del PRO, Esteban Vitor, que quiere incorporar la figura del conjuez para acusar cuando el investigado es un fiscal (caso Cecilia Goyeneche), y otro que hace referencia a la renuncia, el beneficio previsional y licencias una vez declarada la admisibilidad de la denuncia de juicio político (caso Emilio Castrillón). 

Un asesor de Bahl contó a Página Política que de llegar a la Gobernación, está dispuesto a poner sobre la mesa la discusión sobre los procesos de remoción con una convocatoria a todos los actores del Poder Judicial.  

La Ley 10.068, que en la invitación a los candidatos no mereció aclaración o explicación, refiere al enganche salarial de los integrantes del Poder Judicial con los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Los magistrados y magistradas entrerrianos reclaman al Poder Ejecutivo un incremento que se otorgó en 2020 en el marco de la pandemia mundial que no se ejecutó porque durante ese período la Legislatura aprobó la “Ley de Emergencia Solidaria” que suspendía la ley de enganche. Se trata de un incremento del 26%. 

Las tratativas para ejecutarlo venían de maravillas. Pero se trabaron. Página Política dio algunas coordenadas para imaginar por dónde viene esa traba. 

Bahl se propuso convencer al Ejecutivo para levantar ese cepo que en los tribunales tan inquietos los tiene. 

Fuente: Página Política