Un pedido de informes presentado por el bloque de diputados del peronismo, que preside Laura Stratta, motivó la presentación de la ministra de Desarrollo Social, Verónica Berisso, en el recinto de la Cámara baja.

La requisitoria tenía que ver con las acciones que lleva adelante el gobierno en un contexto de crisis económica y social, con un fuerte incremento de la demanda de alimentos, incluso en sectores asalariados. El marco para la política a desplegar está planteado en una Ley de Emergencia Alimentaria cuyo cumplimiento se reclamó desde la organización Patria Grande que lidera Juan Grabois, a nivel nacional.

Se agregó al debate sobre el tema, además, el escándalo a nivel nacional con el acopio de alimentos que hizo el gobierno de Javier Milei y la orden judicial de distribuirlos al borde de la fecha de vencimiento.

“Preferimos ir a conversar con los diputados en vez de hacer la presentación por escrito. Se dio una charla interesante y pudimos presentar las cosas que se están haciendo”, dijo la ministra en diálogo con Página Política, luego de la exposición en el recinto, junto a los funcionarios del área.

En primer lugar, Berisso valoró la existencia de la Ley de Emergencia Alimentaria, sancionada por unanimidad luego de que se incluyera en un artículo la integración de una Mesa de Diálogo Social que aún no se ha conformado. Solo con la declaración de la emergencia se puede prever la compra directa de alimentos: “El procedimiento administrativo de una licitación nos demandaría alrededor de seis meses y con estos índices de inflación sería absolutamente inviable”, fundamentó la funcionaria, exintendenta de Gualeguay.

“Esta ley incumbe básicamente a la compra y distribución de los módulos de 12 productos, que es una parte de la política alimentaria. Hay además asistencia a comedores y se sostiene la tarjeta de riesgo social (para personas que no tienen ningún tipo de ingreso ni beneficio) que tuvo un incremento del 300 por ciento”, afirmó Berisso que dio cuenta de los pasos que se llevan adelante a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Julio Panceri.

 

Emergencia

La Ley de Emergencia Alimentaria Nº 11.140 impone condiciones particulares para la compra y distribución de alimentos desde la entrada en vigencia, el 26 de abril, y diciembre de 2024. Contempla los mecanismos de compra directa y autoriza la ampliación presupuestaria en “cómo mínimo un 50%”.

Fue votada por unanimidad cuando se consensuó entre las distintas bancadas una redacción que incluyó una “Mesa de Diálogo Social” que militó una organización planteada en torno al nombre de Mesa contra el Hambre que integra a movimientos sociales, referentes gremiales y a sectores de la iglesia.

Esa Mesa de Diálogo Social aún no se ha conformado. “Fue enviada la notificación a distintas representaciones para que nos indiquen a quién se integrará a la mesa”, explicó Berisso que interpretó de todos modos que “no tiene ninguna intervención directa” que impida su veredicto avanzar en la política alimentaria.

En el artículo 5º, la ley prevé que esa mesa “se reunirá una vez por mes” y tendrá por fin hacer un “análisis y diagnóstico de la situación alimentaria”; “formular propuestas” en materia de política alimentaria y propiciar la firma de “convenios de cooperación”. La integran representantes de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud, del Consejo General de Educación, cuatro legisladores, delegados de las universidades, UNER y Uader, un miembro por las organizaciones de la Economía Popular (del registro previsto por Ley 27.453) y dos referentes de la Mesa Contra el Hambre.

“Damos por respondido el pedido de informes”, evaluó Berisso que de todos modos se ofreció “a seguir en contacto”. “Somos dialoguistas. Pedimos una autocrítica por parte de todos. Por acción o por omisión hemos llegado a esta situación. La gente no tiene para comer pero no en estos últimos seis meses. Venimos fallando hace mucho tiempo, por acción o por omisión”, manifestó la dirigente de Gualeguay.

 

En paralelo

Nada sabe Berisso de los movimientos del gobierno de Javier Milei con la distribución de alimentos a punto de vencer. Así lo ordenó la Justicia en el marco de una denuncia realizada por Grabois. La cartera de Sandra Petovello decidió delegar esa tarea en la Fundación Conin, del polémico ultraconservador Abel Albino. Las delegaciones de Conin en Entre Ríos no han coordinado con el gobierno provincial la acción a desplegar.

“No tengo claro a cuantas localidades llega Conin. Creo que son seis u ocho delegaciones. Es muy complejo, no se como será la entrega de esos alimentos. Son cajas de leche. Pero Conin no tiene una estructura de distribución para esto”, evaluó. “No he recibido ninguna comunicación de Conin. He intentado comunicarme y pedí también detalles a Nación. Por supuesto que si hay alimentos para distribuir sería importante que nos tengan en cuenta”, manifestó.

Fuente: Página Política