Un elemento alimenta la sospecha que el interés por derogar el artículo que impide la exportación de madera a Uruguay es una pretensión más del gobierno nacional que la administración provincial, pese a que el anuncio lo hizo Gustavo Bordet.
Los bloques legislativos de Cambiemos se reunirán el jueves en Santa Fe con Rogelio Frigerio para definir qué posición adoptar ante la iniciativa. Si bien hubo declaraciones aisladas, por caso el senador Raymundo Kisser que se mostró a favor, no hay una postura en común. La misma se conocería luego del encuentro con el ministro del Interior, supo Página Política.
La situación más incómoda la tienen los legisladores de Gualeguaychú. El Concejo Deliberante de esa ciudad, con el aval del intendente Martín Piaggio, expresó por unanimidad el rechazo a la reforma de la ley y se exhortó a hacer lo mismo a los representantes en la Legislatura.
Juan José Bahillo adelantó a Página Política que no votará la derogación de ese artículo que impide la salida de madera con destino al país vecino. Recordó que en su momento, cando era diputado y candidato a intendente, fue quien argumentó en el recinto a favor de la ley y, por lo tanto, no podía caer en contradicciones.
¿Qué harán el radical Sergio Kneeteman y el macrista Nicolás Mattiauda? Alfredo De Angeli no atiende el teléfono. Habrá que esperar el comunicado de prensa, modo en que se expresa el senador nacional y ex ambientalista que tuvo sus primeras apariciones en los medios nacionales por oponerse a la construcción de Botnia.
Antes que el gobernador impulse la iniciativa, en un documento concebido como balance de la herencia del kirchnerismo y que se dio en llamar “El estado del Estado”, Mauricio Macri cuestionó la Ley de la Madera. Allí, el Presidente sostuvo que el sector forestal “se vio comprometido por el caso Botnia, que tuvo efectos negativos importantes” y que “desde el sector público provincial no hubo apoyo ni contención al sector. Por el contrario, el kirchnersmo legó la Ley de la Madera, que prohibía la exportación de rollizos a Uruguay por los puertos entrerrianos”.
El 7 de febrero de 2007 se aprobó la ley 9.759 del diputado de Gualeguaychú Osvaldo Fernández, que tenía como premisa fundamental la prohibición de la venta de rollizos destinada a la papelera o a cualquier otro emprendimiento de esas características en el vecino país.
La norma determina que “la venta y/o salida de rollizos y chips destinada a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan residuos contaminantes, lesiona los derechos de los ciudadanos entrerrianos consagrados en los artículos 41 de la Constitución Nacional y 5 de la Constitución Provincial”.
