Para el abogado constitucionalista y ex fiscal de Estado, Jorge Campos, el gobierno puede invocar “la nulidad de los acuerdos surgidos de la presión y el desorden». Afirmó que lo sucedido en Concordia se podría encuadrar “en figuras delictuales contra la democracia y el orden público”.
“Es probable también que hayan existido violaciones a la Ley Orgánica de la Policía, lo que constituye otro motivo para declarar la nulidad de los acuerdos surgidos de la presión y el desorden y que claramente por estas horas constituye la voluntad de la autoridad administrativa y del Ministerio Público”, expresó Campos.
El letrado sostuvo que la aceptación de acuerdos bajo presión (como el acta que firmó Urribarri con los policías autoacuartelados) además pueden generar un efecto en cadena de los demás organismos que tienen a su cargo funciones esenciales, como la salud o la educación, lo que implica un gran riesgo institucional si no son garantizados y confluyen conjuntamente en la posibilidad que le asiste a la administración para desconocerlos, nulificarlos o renegociarlos posteriormente”, explicó en declaraciones a APF.
Para Campos, por las particularidades que la ley reconoce al organismo encargado de la seguridad y de la prevención y represión del delito, cualquier reclamo por vía de hecho “constituye una situación de mucho malestar social y de gran presión a las autoridades para consensuar y lograr los acuerdos”.
“Para llegar al ejercicio regular y constitucionalmente reconocido del Derecho de Huelga o del paro se requiere contar con una organización gremial que cuente con personería gremial, cosa que la institución policial carece, por lo cual no tendría en primer término posibilidad de invocar este derecho laboral para reclamos salariales”, dijo. Y agregó: “De esta forma cualquier manifestación efectuada en este sentido se transforma irremediablemente en un hecho de fuerza o alzamiento”.
Agremiación sí, huelga no
En derecho comparado – según el constitucionalista – explicó que otros países permiten la agremiación de la Policía, “pero de igual manera nunca se les reconoce el derecho de Huelga, en virtud de los factores esenciales que protegen como la preservación del orden y la colaboración en la prevención y represión del delito”.
El radical argumentó que a esta situación técnica se suma que para lograr sus fines “la ley le reconoce a este organismo el derecho de portar armas, lo que genera un gran factor de presión para la firma de acuerdos y un gran malestar social que condiciona la voluntad del empleador”.
Respecto a los hechos en sí mismos, el abogado remarcó que el brote de protesta “fue muy importante por los niveles de intensidad en las distintas provincias como en Córdoba, Gran Buenos Aires, Tucumán y para nosotros particularmente en la ciudad de Concordia”, a lo que agregó que los disturbios “podrían encuadrar en figuras delictuales contra la Democracia y el orden público”, tipificados en el Código Penal.
