El diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos) quiere que todos los jueces federales paguen impuesto a las ganancias a partir de 2023 y llevó el debate a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se debate el presupuesto de la administración nacional para el año próximo.

“Planteamos que con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva. Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido, esto es un privilegio inaceptable”, planteó el diputado Casaretto.

El legislador estimó que el costo fiscal de la exención del impuesto a las ganancias a magistrados y funcionarios del Poder Judicial es de 237.850 millones de pesos para 2023. “Es un privilegio que le cuesta al Estado un 0,16 por ciento del PBI, no es un tema menor”, coincidió el diputado Itai Hagman (Frente Patria Grande).

Casaretto también explicó que si bien los magistrados que ingresaron al Poder Judicial a partir de 2017 pagan impuesto a las ganancias, solo lo hacen por una parte de sus remuneraciones debido a una resolución del Consejo de la Magistratura. “Deben pagar por todo”, insistió.

El artículo finalmente fue incluido en el dictamen de mayoría, impulsado por el oficialismo y sus aliados, pero diputados radicales y del PRO adelantaron que estaban de acuerdo con la iniciativa.

El artículo fija que “en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones”.

El pago del Impuesto a las Ganancias para todos los magistrados que asumieron a partir del 1º de enero de 2017 había sido establecido por la Ley Número 27.346. Sin embargo, su aplicación para quienes ya se desempeñaban en la Justicia había sido frenada por un amparo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Luego, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó esa medida cautelar y resolvió la constitucionalidad de la norma. En su acordada sostuvo que todos los que juraron a partir del 1 de enero de 2017 –no solo los que vienen del ámbito privado, sino también los de carrera judicial–, debían pagar el gravamen.

No obstante, el Consejo de la Magistratura terminó reglamentando que no estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias los ítems salariales correspondientes a “compensación jerárquica”, “compensación funcional” y “bonificación por título”.

Fuente: Página Política