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Las audiencias que se le fijaron a Urribarri en las que se revisará la sentencia en su contra, sucede mientras la Corte Suprema aborda el caso Goyeneche. Un disparate no se le niega a nadie.

Los procesos judiciales, sobre todo en el plano de las causas de corrupción, podrían estar dando buenas señales en materia de eficiencia.

Si bien no se ha sumado personal, los tiempos entre una condena y su revisión en Casación parecen empezar a mostrar un pronunciado recorte, excepto que estemos ante una anomalía.  Es lo que sucede con las audiencias que se fijaron para Sergio Urribarri y compañía. Las mismas serán los días 12, 13, 14, 15 y 16 de diciembre. Estaban previstas para el 28, 29, 30 de noviembre, y 1 y 2 de diciembre. Los abogados defensores solicitaron su suspensión por cuestiones de salud, pero no se le hizo lugar.

El ex gobernador fue condenado el 8 de abril pasado, por lo que habrán pasado 7 meses para que la sentencia que fijó 8 años de prisión sea revisada. La mitad de tiempo de lo que cualquier registro de la Oficina de Gestión de Audiencia (OGA) pueda dar cuenta.

En el mundo de la política, donde el Poder Judicial es un jugador más, las coincidencias se tornan sospechosas. Todas.

La notable rapidez con la que se resolvió lo de Urribarri coincide con el tratamiento que la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a darle al expediente de Cecilia Goyeneche. Juan Carlos Maqueda ya resolvió. Es el turno de Horacio Rosatti, que tiene el caso desde el 27 de octubre.

Los nombres del ex gobernador y de la procuradora adjunta destituida fueron la parte central de la narrativa de esta última durante el proceso en el Jurado de Enjuiciamiento. Destituyen a la fiscal anticorrupción que logró una condena al gobernador kirchnerista. Titulares como ese se leyeron en las portadas de los principales medios de la Argentina y en los zócalos de los principales canales. Se obvió, en casi todos los casos, quiénes fueron los denunciantes de la doctora, que son los mismos que el del ex mandatario.

La estructura que apoyó a Goyeneche tuvo más relevancia en Capital Federal que en Paraná, lo que explica que el partido se esté jugando en otras lides.

Goyeneche contó con el apoyo de Las Mabeles, un grupo mayoritario de la Capital Federal que integra el Equipo Republicano, un dispositivo de notable relación con el diputado nacional del PRO, Waldo Wolf. Pero también, como reveló Página Política, del reconocido publicista Carlos Fara que prestó sus servicios para la procuradora destituida.

No es el PRO ni Juntos por el Cambio en su conjunto sino un sector de la coalición el que apoya sin tapujos a Goyeneche. En rigor, se trata de los halcones conducidos por el propio Mauricio Macri. Fue el ex presidente quien le puso La Nación, de donde es accionista, a disposición. Salvo las últimas crónicas de la periodista Paz Rodríguez Niell, lo demás fue material para militantes.

El sector de Rogelio Frigerio desde un principio no quiso entrometerse en el jury, pero a último momento debió hacerlo ante la presión que se ejerció desde Buenos Aires a partir de Wolf y Patricia Bullrich. Así lo narran los radicales y lo explicitó la propia Goyeneche cuando le preguntaron por el apoyo de la oposición. Respondió que fue tarde y tibio. Tenía razón.

Frigerio, de enormes posibilidades de convertirse en gobernador, debería prestar atención si no lo está haciendo. Con Goyeneche repuesta en la Procuración General le podría traer dolores de cabeza, sobre todo si es Macri su sponsor. En la UCR hace un tiempo sobrevoló la posibilidad que la doctora complete la fórmula del ex ministro del Interior.

 

Disparate

La Cámara de Casación Penal de Paraná integrada por una mayoría con las Marcelas (Davite y Badano) es una extensión de la jefatura de la Procuración General. De la revisión de la sentencia no hay mucho que esperar en el plano jurídico. Las pruebas que surgieron en el juicio sobraron para una condena, más allá de cuestiones que los defensores puedan llegar a esgrimir. La única certeza es que al ex mandatario que no se le perdonó nada. Lo condenaron a 8 años.

Se da por descartado que la sentencia sea confirmada. Los títulos ganarán otra vez las portadas y la pantalla cuando integrantes de la Corte tengan sobre sus escritorios el expediente Goyeneche.

¿Y si se pide que lo encarcelen a Urribarri? Jurídicamente sería un disparate. En primer lugar porque no se lo solicitó cuando lo condenaron. En segundo lugar porque no hay elementos que indiquen que el ex gobernador se quiera fugar. En tercer lugar esa decisión sería revocada, en última instancia, por el Superior Tribunal de Justicia, de quien Goyeneche dirá son los que me destituyeron a mí. Música para los escribas porteños. Todo esto suena en tribunales.

Otra vez: sería un disparate. Lo que sucede es que sectores del Poder Judicial han empezado a enseñarnos sobre las posibilidades de aplicar el disparate si es necesario para un sector de la política. Por ejemplo en la causa contratos truchos. Un tribunal, por unanimidad, vio un delito electoral luego de que la investigación haya dado que se sustrajeron más de mil millones de pesos durante una década, incluso durante años que no eran precisamente electorales. ¿Alguien dijo algo?  El disparate sucede, se narra y todo sigue. La trama política al más alto nivel por la cual se llevó al fuero federal electoral la causa revelada por Página Política no mereció la más mínima desmentida.

Urribarri no tiene mucho por hacer. Debió, en todo caso, hacerlo antes que su causa llegue a juicio. Como sucedió precisamente con la de contratos.

Posiblemente la Corte deberá definir sobre Goyeneche cuando la doctora sea noticia.

Fuente: Página Política
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