Fue el punto saliente de la reunión de comisiones de la Cámara de Diputados, desarrollada este martes en Concordia, por primera vez fuera de la capital provincial. Las consideraciones sobre este hecho histórico se llevaron buena parte de la reunión que se realizó en el Centro de Convenciones de Concordia, con la participación del presidente municipal de la ciudad anfitriona y titular del Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos, Francisco Azcué.
Pero, en concreto, las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento -que presiden Marcelo López y Gabriela Lena- avanzaron más que nada con el alcance que tendrá el financiamiento a las campañas electorales contenido en el proyecto que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio.
Fue clave para esto la presencia del secretario de Comunicación y Prensa del gobierno de Entre Ríos, Sergio Kneeteman. El funcionario explicó que el gobierno propone financiar las campañas de las PASO y de las generales, con un determinado monto que se reglamentará y se incluirá en el presupuesto. Se instrumentará desde la Dirección Electoral, un organismo que crea el proyecto en debate, mediante publicidad en radios y canales de televisión inscriptos en el Registro de Medios y será obligatorio para los que estén recibiendo pauta provincial.
Aportes para campaña
Se trata de uno de los capítulos más novedosos de la reforma, ya que la actual ley electoral provincial no prevé ninguna disposición al respecto. Lo que pasó en Entre Ríos es que se adhirió a la ley nacional que desde 2009 regula aportes de campaña y además pone límites, como los tiempos de difusión de encuestas y de actos de gobierno que puedan ser usados con fines electorales.
Los fondos para campaña siempre fueron nacionales. Lo que el gobierno provincial venía haciendo eran aportes a los partidos para impresión de boletas sábanas de las elecciones provinciales. Con la adopción de la boleta única, ese gasto ya no va a estar, ya que los partidos no van a tener que imprimir su boleta.
En concreto, los partidos no van a recibir dinero del gobierno provincial. El Estado les va a imprimir la boleta única y dar publicidad en radio y TV. La plata irá al pago de la publicidad a las radios y canales de televisión.
Se proyecta destinar la mitad de los fondos de financiamiento de campaña para todos los partidos por igual y la otra mitad distribuidos en forma proporcional a los votos obtenidos por cada fuerza en la última elección en la categoría de diputados provinciales. Es el mismo criterio que se sigue en el orden nacional.
Una diferencia con la legislación nacional es que la difusión de la publicidad por radio y televisión financiada por el Estado es obligatoria para los medios, que no cobran por ceder ese espacio para difusión. “Acá sí vamos a poner plata para radio y TV, con una tarifa que van a tener que aceptar y no van a poder negarse si quieren mantener la pauta oficial que vienen teniendo”, diferenció Kneeteman. Recordó que el Registro de Medios está abierto para los que quieran inscribirse. El funcionario comentó que hay muchos casos en pueblos chicos de radios FM que no están anotadas y, en consecuencia, se dificultaría el financiamiento para las campañas locales.
El proyecto dispone un límite de 30 días para las campañas de las elecciones primarias y otros 30 días para la de las elecciones generales. El período de publicidad sería de 20 días en cada caso, con finalización 48 horas antes de las elecciones. En esos 20 días, la franja horaria para la difusión de la publicidad iría desde las 6 de la mañana a la medianoche. Si un partido no utilizara este espacio publicitario gratuito, esos minutos no podrán ser usados por otro partido.
La creación del Fondo de Financiamiento de Campañas no impide que los partidos puedan contratar publicidad por su cuenta con todos los medios de comunicación (gráficos, sitios web, redes, tv, radios). La obligatoriedad para las radios y canales que reciben pauta oficial de ceder espacios para la publicidad financiada por el Estado está pensada para evitar que un medio se niegue a ser parte de la campaña porque ganaría más dinero cobrándole directamente a los partidos. “No se van a poder negar, más allá de que después puedan contratar publicidad a los partidos”, precisó Kneeteman.
Financiamiento privado
El Estado no repartirá dinero entre los partidos, pondrá la BUP y la publicidad en radio y TV. Pero además, le pondrá límites al aporte que los partidos puedan recibir de privados, sean personas humanas o jurídicas.
Habrá un responsable de campaña que deberá rendir cuenta de esos fondos recibidos ante el Tribunal Electoral de Entre Ríos dentro de los dos meses posteriores a las elecciones. El Tribunal provincial podrá realizar convenios con la Justicia Federal para que su cuerpo de auditores pueda intervenir en el control de estos gastos.
El proyecto dispone los siguientes topes para aportes privados:
-Personas humanas: podrán aportar hasta 100 unidades de Salario Mínimo Vital Móvil (SMVM), lo que a valores de hoy equivale a 26,8 millones de pesos.
-Precandidatos y candidatos: hasta 200 SMVM, el equivalente a 53,6 millones de pesos.
-Personas jurídicas: también hasta 200 SMVM, el equivalente a 53,6 millones de pesos.
Como “regla general”, se estipula que los gastos electorales no superen, en cada fuerza, la suma equivalente al 1% del SMVM por elector habilitado para votar.
Este punto generó el intercambio más interesante de la reunión, a raíz de una intervención del presidente del partido Políticas para la República, Armando Sánchez. “Si no hice mal el cálculo, una campaña provincial tendría como tope 3.500 millones de pesos. A mi juicio sería excesivo. En el caso del Municipio de Paraná serían 600 millones de pesos. Me parece muy elevado el tope, un poco obsceno”, objetó el dirigente vecinalista.
Le respondió el secretario de Asuntos Políticos, Julián Maneiro. Recordó que en la actualidad no hay tope para los aportes privados a las campañas y un candidato a gobernador “podría recibir 5.000 o 10.000 millones de aportes” privados.
El funcionario precisó que el criterio fijado por el proyecto supone 2.500 pesos por elector, con 1.200.000 personas habilitadas para votar. “No es excesivo”, valoró. “Es menos de lo que hoy sería imprimir una boleta para cada elector”, comparó.
Sánchez reconoció el valor de poner un tope, pero insistió con que sea más bajo a fin de “generar más igualdad” porque “no todos logran reunir tanto dinero”.
Maneiro mencionó que no hay una referencia medible, ya que “no sabemos cuánto gastaron las agrupaciones políticas, por ejemplo, en la última campaña en Entre Ríos”. Y luego buscó justificar el tope con el ejemplo de una campaña en una ciudad con un padrón de 50.000 votantes: “Multiplicado por 2.500 pesos, serían 125 millones para toda la campaña. A eso hay que dividirlo por 30 días. Parecen montos enormes, pero hay que tomar en cuenta las contrataciones para un acto, sonido, pantalla, alquileres de local”.
Más de la mitad de la reunión giró en torno a los alcances del financiamiento, que se desarrolla en Título Décimo del proyecto de ley y que se puede leer entre los artículos 192 y 221:
Descargar reforma-electoral (1)