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Contratos: las complicaciones en la demanda civil

Fiscalía de Estado debe determinar el perjuicio en tiempo récord y con pocos elementos.

En los últimos días, con el fallo del juez federal Daniel Alonso aceptando la competencia en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, se dio lugar a una especulación. El hecho de no haberse presentando la demanda civil implicó que abogados defensores entiendan que había allí un reconocimiento por parte del Estado de que no hubo desfalco. No es así.

La Fiscalía de Estado analiza en estos días presentar la demanda civil en el medio de un legajo que aporta muy pocos elementos para avanzar en ese sentido. El organismo que conduce Julio Rodríguez Signes solicitó la intervención del Tribunal de Cuentas para que determine el perjuicio, pero no se le hizo lugar.

La única pericia que se realizó, tras idas y vueltas, estableció un monto de 1.111.871.715 pesos o 38.797.545,05 dólares a valores históricos.

-Senado en el período 2008-2018: 653.105.009,36 pesos o 25.841.916,88 dólares.

-Diputados en el período 2011-2018: 458.766.706,68 pesos o 12.955.628,17 dólares.

A esos montos se llegó con “la suma de intereses conforme la tasa Activa del Banco de la Nación Argentina al 31 de marzo de 2021, como así también se procedió a la conversión en dólares de los valores históricos a la cotización oficial tipo vendedor del dólar estadounidense correspondiente a cada mes publicada por el Banco de la Nación Argentina”. El trabajo lo firmaron la contadora Andrea Mariana Battisti, designada por el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell; y el perito de parte, el contador Cristián Dumé.

Para la Fiscalía de Estado es muy complicado individualizar montos en los 36 imputados, más aún cuando en el pedido de elevación a juicio se habla de “responsabilidades políticas”, trama que quedará dilucidar en el capítulo Contratos II, de la que tendrán noticias seguramente las próximas generaciones.

¿Cómo determinar quién y con cuánto se quedó cada uno ante semejante suma de dinero?

Lo cierto es que en el marco de un “perjuicio global” que llevó adelante una supuesta asociación ilícita y a la que arribó la pericia, se debe demostrar el perjuicio y una relación de causalidad suficiente entre el perjuicio y cada persona. Rodríguez Signes tiene 30 días de plazo.

Fuente: Página Política
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