El Senado resolvió por unanimidad ponerse a disposición del Ministerio Público Fiscal en el marco de la investigación que reveló Página Judicial y que se está llevando a cabo en el seno de la Legislatura tras conocerse un supuesto sistema de recaudación fraudulento a través de contrataciones irregulares por montos entre 35 y 50 mil pesos a personas que no tienen un trabajo asignado y que sólo prestan su nombre. Provisoriamente se trata de 350 contratos.
El comunicado de la Cámara alta informó que el cuerpo está dispuesto a “brindar la información y documentación que fuere pertinente y conducente al objeto procesal” de la causa. Lo resolvió en la sesión de este miércoles.
La fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, había solicitado a ambas cámaras legislativas la totalidad de los contratos por 10 años para atrás, requisitoria que Diputados rechazó casi por unanimidad, a excepción de la legisladora del PRO, Ayelén Acosta.
El Senado si bien hizo saber que accede al exhorto, le solicita al Ministerio Público Fiscal “que indique en forma expresa, detallada y separada la documentación que fuere pertinente y conducente al objeto de la Investigación Penal Preparatoria que lleva adelante en la causa MPF N° 87.933, para que oportunamente pueda ser considerada por éste cuerpo”. Los senadores están siendo asesorados, de manera externa, por el abogado penalista Julio Federik.
En la Cámara de Diputados, en rigor, argumentó que la solicitud era “desproporcionada”, consideró que no se fundamentan “las razones para justificar la requisitoria que permitan evaluar la razonabilidad de lo solicitado”. Si se quiere es similar a las precisiones que solicita el Senado. Aunque la forma en que presentó la resolución fue más astuta. No se niega la requisitoria, pero se cuestiona cuidadosamente los 10 años y la totalidad de los contratos. La diputada radical, María Alejandra Viola, al otro día del rechazo del cuerpo que integra se presentó en la Procuración General para ponerse a disposición, pero también pidió precisiones.
La Cámara alta había tenido mejor reflejo cuando conocido el escándalo, su presidente Adán Bal le solicitó la renuncia al director general de la administración, Gustavo Pérez, e impulsó una investigación sumaria interna.
La causa se inició el 20 de septiembre a la tarde cuando Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y María Victoria Alvarez fueron interceptados por agentes de la Policía a la salida de un cajero del Bersa de calle Alsina con una mochila llena de dinero. Fue luego de que estén un buen tiempo en la cabina haciendo uso de varias tarjetas de débito.
Dos miércoles atrás, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de Goyeneche, allanaron dos estudios contables. Uno de ellos es el de Gustavo Falco, ubicado en calle Misiones, entre Uruguay y Rosario del Tala. El otro el de Alfredo Bilbao y Ariel Faure, en el edificio tipo inglés, en la esquina de Alameda de la Federación y Córdoba. Se estima que en esos buffet se manejan los contratos sospechosos. El legajo está bajo secreto de sumario.
