Martín Piaggio decidió recortar el gasto en la política. Lo anunció primero y luego por unanimidad el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó un recorte en los salarios del intendente y sus funcionarios.
En Paraná, el bloque Paraná Futura, experiencia naciente en el escenario político local, intentó una iniciativa de esas características pero los bloques mayoritarios lo rechazaron.
Antes de Navidad, Susana Lambert, intendenta de Villa Elisa, se sumó a la ola y anunció una rebaja del 20 por ciento de los salarios a los funcionarios y el suyo.
Gustavo Bordet dejó trascender la necesidad de ajustar el gasto en la política. No hay precisiones, pero en el Ejecutivo y la Legislatura se avanzaría en ese sentido. En recortes.
Luego de que se aprobara el proyecto económico, Alberto Fernández habló de terminar con privilegios. Lo dijo en el marco del ajuste que implica el paquete de leyes que deberá resolver el Congreso en sesiones extraordinarias y el que aprobó el sábado de madrugada.
La dirigencia política que decidió bajar el costo “en la política”, aunque en el plano de lo simbólico, lee a la sociedad desde una óptica ajustada. La crisis de representación avanza en el mundo de manera apabullante. Además de Latinoamérica, en Europa y Medio Oriente se tiran a diario líderes de partidos tradicionales por la ventana. El reemplazo suelen ser figuras que promueven una especie de evangelio contra el mal de la política. Jair Bolsonaro sería el ejemplo más claro en el vecindario. Matteo Salvini, el referente del partido Liga, marcó una tendencia en el viejo mundo levantando la consigna antiglobalización. Argelia se hunde en las crisis tras la renuncia Abdelaziz Bouteflika, quien buscaba su quinto mandato, y una gigantesca movilización plantea que no haya elecciones. Mientras tanto la renuncia de Macron a su pensión como presidente no calmó a la convulsionada París.
En Entre Ríos la piedra no se tiró desde la política, sino desde el Poder Judicial, uno de los lugares institucionales donde convive la más clásicas de las elites. El saliente presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Emilio Castrillón pidió, irónicamente, equipar su salario al de los síndicos de las empresas del Estado. Esa pretensión terminó con la revelación de los sueldos de la Justicia y de Enersa. Punto. Todo llegó hasta ahí.
Los principales ceos del sector de la construcción (el más dinámico en la provincia), Miguel Marizza e Iván Szczech, fueron procesados por evadir impuestos en la Justicia Federal. También tienen que dar respuestas en la jurisdicción provincial por contrataciones en las que se sospecha hubo sobreprecios. ¿Los empresarios qué tienen para decir en todo esto?
El concepto de solidaridad, que se estampó en la ley de emergencia, hace emerger una consigna obvia: rever los privilegios en la vida institucional. ¿Cuáles serían esos privilegios? Excepto la médica Florencia Prieto (ver aparte), todos hablan de salarios sin la más mínima referencia a un planteo sobre el servicio que deben prestar los poderes del Estado. Pues bien: ¿se aplicará, entonces, un recorte en salarios de funcionarios que en varios casos superan los 300 mil pesos?; ¿qué privilegio se evaluará retocar en el Poder Judicial?
El discurso contra la política, básicamente contra el Estado, es claramente más penetrante que el que la defiende. Ante esa certeza, la dirigencia deberá defenderse.
