La crisis aprieta de modo creciente; Argentina sigue subiendo hacia el pico de la pandemia; y los Estados aconsejan caminar para atrás en las fases de la cuarentena. El gobierno sostiene la IFE, paga la mitad de los salarios del sector privado, impulsa auxilio a las empresas y sigue emitiendo con el fin de sostener el empleo, poner freno a las persianas que se bajan, aliviar las cuentas públicas. Pero nada alcanza.
El diputado nacional Marcelo Casaretto, en este contexto, presentó un proyecto que prevé una amplia moratoria para las Pymes. Remarca que es iniciativa del Presidente, que él le dio forma de proyecto y que el asunto será tema de la Cámara baja.
Supone “una moratoria por deudas impositivas aduaneras y de seguridad social, contemplando todas las obligaciones tributarias vencidas al 31 de mayo de este año”. Adelantó que lo previsto es “un plazo de adhesión hasta septiembre y un primer pago en el mes de noviembre, con financiamientos de hasta 10 años”.
Organizaciones del sector, como la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) avalaron la propuesta y pidieron su “urgente tratamiento” para aliviar la situación fiscal del sector.
Recursos que faltan
Ante esta propuesta, y en el marco global de la crisis que atraviesa el país, el foco inevitablemente se ubica en el anunciado proyecto oficialista de imponer por única vez un tributo a las grandes fortunas para aliviar al Estado en el auxilio económico y social a la población en el marco de la pandemia.
Casaretto repasó los términos de la iniciativa que aún no se ha presentado formalmente. “El proyecto está redactado. Lo que no está es presentado. Es una idea del bloque de diputados del Frente de Todos que es impulsada por Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y que yo acompaño como secretario de esta comisión”, dijo el diputado entrerriano.
“La decisión es avanzar. Se presentará en los próximos días previendo un impuesto a las fortunas personales superiores a los 200 millones de pesos y con una alícuota creciente”, dijo Casaretto que aseguró que la iniciativa supone “una recaudación de 4 mil millones de dólares que tienen por destino financiar las inversiones que se están haciendo en el marco de la pandemia”.
Porotos
¿Por qué si faltan recursos, por qué si se anunció con bombos y platillos no se avanza en la iniciativa?
“Hay voluntad, hay coraje, lo que no hay son los votos”, resumió Casaretto para explicar el panorama.
“Para entender la política argentina de hoy hay que tener claro que hay un gobierno sin mayorías parlamentarias”, dijo y recordó que hoy la bancada oficialista tiene 119 diputados, 118 en rigor luego de que en enero José Ignacio De Mendiguren tomó licencia para ir a ocupar un puesto en el BICE.
Son sólo dos votos más que los que ostenta Juntos por el Cambio que reúne 116 bancas. Después, Casaretto sacó las cuentas: “Hay 11 diputados del bloque de (Eduardo) Bali Bucca que fueron electos con (Roberto) Lavagna más algunos legisladores de Córdoba; hay 8 diputados que preside José Ramón de Mendoza y que responden a los partidos provinciales; 1 de Río Negro; 2 diputados de la izquierda, (Nicolás) Del Caño y (Romina) Del Pla; y 1 del Movimiento Popular Neuquino”.
“Necesitamos al menos 10 voluntades de la oposición para aprobar un proyecto”, sintetizó Casaretto el panorama.
Qué se debate
Hay además otro inconveniente. Desde el inicio de la pandemia para acá, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, rubricó un acuerdo con los presidentes de las bancadas opositoras para sesionar de manera mixta, con una treintena de legisladores en sus bancas y el resto desde sus provincias.
El acuerdo rigió sólo por 30 días y ya está vencido. “Acá no se logró reforma del reglamento de la Cámara previendo las sesiones virtuales. Sólo hubo este acuerdo que debe ser renovado. Pero la condición de Juntos para el Cambio es ‘no se trata impuesto a las grandes fortunas’ y ‘no se trata Vicentín”, repasó el diputado.
Mientras tanto, en el Senado, la condición de la UCR y el PRO, además, es no abordar temas que “no tengan que ver con la pandemia”. Es así que se trabó el tratamiento sobre tablas de la Ley de Alquileres y los cambios a la legislación previendo la educación virtual.
En la última sesión de la Cámara alta, en efecto, votaron la iniciativa de educación a distancia y al momento de tratar Ley de Alquileres la bancada opositora se desconectó por entender que el proyecto no tenía que ver con el contexto de pandemia, dejando de lado que beneficia a 8 millones de argentinos.
Aquí el panorama, aquí las condiciones en un contexto político en el que las instancias de consenso parecen eclipsarse.
