El comienzo del juicio oral y público contra Sergio Urribarri y compañía tuvo, hasta último momento, osea este lunes, interrupciones para poder comenzar.
La nueva fue que uno de los empresarios imputados, Fernando Montañana, se encuentra internado en Concepción del Uruguay por un cuadro de meningitis, según informó su abogado, Emilio Fouces.
Ante la sorpresa, su representante solicitó que hasta tanto no pueda asistir a su defensa material, se suspenda el debate. Fue la fiscal Patricia Yedro quien atendió la petición y la rechazó con una salida alternativa: “Más allá de los sorpresivo del planteo, consideramos que si bien el diagnóstico es incierto, hay un interés mayor que es respetar los plazos razonables. Hay muchas personas imputadas, funcionarios públicos involucrados que estarán interesados en que se resuelva su situación procesal. Por eso propongo que se separe su acusación de este debate y oportunamente será llevado a juicio. Pero es necesario respetar los plazos razonables”, argumentó la representante del Ministerio Público Fiscal, que cuenta con el acompañamiento de sus pares Gonzalo Badano, Juan Francisco Ramírez Montrull y la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche. Los otros abogados defensores enseguida se acoplaron a la petición.
Se pasó a un cuarto intermedio para que resuelva el tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón. Le hizo lugar a Yedro: Montañana tendrá su audiencia aparte.
Durante la jornada, el Ministerio Público Fiscal detalló cada una de las cinco causas acumuladas en el legajo que se conoce como “sueño entrerriano” y leyó las acusaciones a cada uno de los imputados que dieron el presente en la sala de audiencias, excepto el ex gobernador que se encuentra en Israel, en donde se desempeña como embajador. Desde allí se conectó. No obstante, una vez terminada la jornada, emitió declaraciones.
Arbitrariedad
“La jornada que presenciamos hoy en el juicio demuestra la evidente arbitrariedad y falta de objetividad que venimos sosteniendo desde hace tiempo”, expresó el embajador argentino en Israel.
Y agregó: “En esta causa se ha instalado a través de algunos medios que son delitos distintos actos de gobierno, absolutamente normales, que no merecieron ninguna objeción por parte de los organismos de control existentes. Además, no se han tenido en cuenta ninguno de los planteos de las defensas y hasta se ha fijado fecha del juicio oral y público en medio de un proceso electoral”, se quejó.
Para Urribarri, “todo ello muestra claramente el direccionamiento que existe en este proceso, que es parte de la operatoria que desplegó el macrismo como forma de construcción de poder y cuya pata política en la provincia ha sido Rogelio Frigerio”, manifestó en referencia al candidato en primer término de Juntos por Entre Ríos.
“A todos esos ataques y arbitrariedades hoy se suma la violación del derecho de defensa de un imputado a partir de la resolución adoptada por el tribunal a propuesta de la Fiscalía”, apuntó en referencia a Montañana.
Respecto de las acusaciones en su contra, que abarcan también a ex funcionarios y empresarios, Urribarri sostuvo: “Este mecanismo de persecución le pone nombres de fantasía a este tipo de investigaciones, que no se condicen con la realidad. En este caso, le dicen ‘megacausa’ a un expediente en el que, en realidad, se investigan si se hicieron o no carteles de publicidad que todos los entrerrianos vieron con sus propios ojos durante mi gobierno en las rutas de la provincia difundiendo distintas acciones y obras, una solicitada contra los fondos buitre, cuatro spots publicitarios para promocionar a la provincia aprovechando la realización en Entre Ríos de la Cumbre del Mercosur que para los fiscales son una promoción de mi figura, y la instalación de un parador de promoción turística en una playa de la costa atlántica que se enmarcó en una serie de acciones que llevaron a que nuestra provincia se convirtiera en uno de los principales destinos de la Argentina, pero según esta investigación también fue para promocionarme a mí”, enumeró.
El juicio
Urribarri deberá responder por el supuesto desvío de 47 millones de pesos para la promoción de su figura durante el 2015. Está acusado por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Los fiscales adelantaron una pena de nueve años de prisión. Los mismos delitos se le atribuyen al ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, para quien pidieron ocho años.
A Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, se lo acusa de haber cobrado una coima por la instalación del parador playero; la contadora Corina Cargnel, de las empresas TEP SRL y Next SRL, a través de las cuales se habría triangulado el dinero de esas coimas; y el empresario Gerardo Caruso, que montó el parador en Mar del Plata. Para ellos, los fiscales pedirán condenas de ocho a cuatro años de prisión.
En tanto, los ex funcionarios Hugo Félix Céspedes, ex coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur; y Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de esa comisión especial, también están acusados por las contrataciones de publicidad y los fiscales pedirán condenas de cuatro años de cárcel para ellos.
Este martes el cronograma de audiencia continúa con el alegato de apertura de las defensas.
Fuente: Página Política
