La reforma integral del estatuto de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) fue uno de los pilares de la plataforma del rector Andrés Sabella al momento de iniciar su primera gestión.
El contexto de pandemia dilató un poco los tiempos. Para fines de 2019 el Consejo Superior aprobó la resolución que declaraba la necesidad de dar este debate, pero en marzo del 2020 la cuarentena estricta hizo naufragar los tiempos pautados.
Hubo sin embargo avances con la conformación de una comisión interclaustros para que piloteara el proceso y la recepción de 150 propuestas de distintos claustros, de agrupaciones estudiantes y organizaciones gremiales para comenzar el trabajo.
Por estos días, ese cúmulo de iniciativas, que se traduce en casi 300 puntos a revisar del estatuto vigente, encontró su cauce en un anteproyecto de reforma que se pretende poner a votación de la Asamblea Universitaria para fines de este año, a más tardar principios del 2023.
Pero antes, se pretende que los consejos directivos de cada una de las nueve facultades ponga en consideración la propuesta, a los fines de que llegue a la instancia de asamblea con algunos consensos previos.
El miércoles, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Educación, convocó a la comisión que elaboró el anteproyecto y al secretario de Asuntos Jurídicos de la UNER, Alejandro Caudis, para exponer la propuesta. En la sesión, presidida por la decana Aixa Boeykens, Caudis expuso los puntos centrales, entre los cuales destaca un incremento en la participación del claustro docente y estudiantil en el cogobierno. Además, hay una reforma sustancial para la vida política de la Universidad que tiene que ver con ampliar el padrón de docentes que pueden acceder a los cargos de Decano y de Rector.
Reforma
Caudis expuso que el texto del anteproyecto toma como base el estatuto vigente, en base al cual se hacen las reformas. Dijo que se trata de un texto vetusto, tomado del que regía hace décadas la Universidad Nacional del Litoral. Tiene contradicciones, ambigüedades y un cúmulo de reformas parciales, practicadas a lo largo del tiempo, que terminan por constituir “un rompecabezas”, una herramienta de uso muy complejo.
En principio se proyectó una reforma en etapas, aunque el contexto de pandemia impidió cumplir con los tiempos previstos para que se diera de esa forma.
Dijo el secretario de Asuntos Jurídicos que se apostó a que el anteproyecto “pudiera contener la mayor cantidad de propuestas” que fueran pasibles de lograr consensos mayoritarios. Contó que se busca arribar a “consensos paulatinos para llegar a la asamblea de la manera más unánime posible. No quiere decir que no haya debates sino que se pretende que la asamblea no sea el momento único de discusión, que la discusión sea previa, que se pueda analizar antes”, planteó.
Afirmó que la mayoría de las propuestas en estudio se vincularon a “la refuncionalización de las competencias”, a los órganos de conducción y “al régimen electoral”. El resto, son ideas en torno a bienestar, género, comunicación, accesibilidad, iniciativas de interés para los estudiantes.
Conducción y cogobierno
El anteproyecto amplía la base electoral estudiantil. Se incorpora al padrón a quienes cursan con modalidad a distancia o cursan en el pregrado. Se excluye solo a los estudiantes de posgrado.
Se amplía la cantidad de consejeros docentes y estudiantiles. Aseguró Caudis que en el caso del claustro docente con la reforma se adecúa el estatuto a preceptos de la Ley de Educación Superior.
Se extiende la duración de los mandatos de todos los claustros, salvo el docente que ya cumple un lapso de cuatro años. Todos pasarán a durar cuatro años, salvo los estudiantes para los que se amplía el período de uno a dos años.
El Consejo Superior pasa a tener más miembros: 18 docentes (dos docentes por cada facultad, de los cuales uno puede ser titular, asociado o adjunto y el otro JTP o auxiliar de primera; o los dos titular, asociado o adjunto); 9 estudiantes (uno por facultad); 4 graduados (uno por circunscripción, por región); y 4 por el personal personal no docente, también con representación de circunscripción o región.
Para ser Decano o Rector ya no se limita el listado a los docentes titulares o asociados sino que también se amplía la posibilidad a los docentes adjuntos.
Se habilita la posibilidad de crear consejos consultivos en temas diversos, no sólo en investigación. Se plantea, por caso, la opción de crear un consejo social.
Se elimina el voto por correspondencia, que regía para los docentes. En cambio, se habilita el voto mediado por alguna modalidad virtual.
Apuntes
Al término de la exposición, hubo consultas acerca de la propuesta presentada. Se solicitó información acerca de la posibilidad de consultar todas las iniciativas presentadas a debate, se pidieron precisiones del mecanismo que suplantaría el voto por correspondencia al que acuden fundamentalmente los graduados, se destacó el trabajo de la comisión.
En representación de los estudiantes, el consejero de Indignades, Nicolás Zuttión, criticó la propuesta, consideró que la comisión tuvo “poder de veto” respecto de las propuestas. Además, entre otros puntos, cuestionó que no se sostenga la reunión anual, de mínima, para la Asamblea Universitaria. Insistió con la idea presentada por su agrupación por la que se prevé una integración mayoritaria de los estudiantes por ser, en número, el claustro más grande de la vida universitaria.
Consideró que el anteproyecto “es un paquete cerrado” que se somete a votación y acusó al proceso en marcha de dar “un paso atrás en la democratización” de la Universidad.
Buen vivir
Ya tenía un breve preámbulo el estatuto de la UNER. El propuesto se extiende un par de párrafos en los que se apela a “buen vivir de los pueblos” que remite a los pueblos originarios. El texto refuerza el carácter autónomo y autárquico de la Universidad y repasa las funciones que debe cumplir la institución de educación superior, con perspectiva de “derechos humanos”. Se innova al enmarcar la tarea de la Universidad en una mirada “de género, de manera plural, diversa, accesible e inclusiva”.
El prólogo propuesto en el anteproyecto es el siguiente:
La Universidad Nacional de Entre Ríos, como integrante del sistema público de educación superior, goza de plena autonomía normativa, política, académica y administrativa y de autarquía económico-financiera tal como garantiza la Constitución Nacional en su Artículo 75 inciso 19 y la normativa vigente.
Sus funciones principales son la docencia; la investigación, desarrollo e innovación; y la extensión universitaria; las que realiza desde una perspectiva de derechos humanos, de género, de manera plural, diversa, accesible e inclusiva, con calidad institucional y académica, democráticamente, con ética y transparencia, comprometida con el contexto local, regional e internacional, atendiendo al buen vivir de los pueblos en armonía con el ambiente.
Garantiza la gratuidad y equidad de sus estudios preuniversitarios y de grado, considerando al Estado el responsable de asegurar su financiamiento, por considerar a la educación un derecho humano y un bien público y social. La Universidad Nacional de Entre Ríos se compromete a ampliar el derecho a la educación.
Los aspectos precedentemente enunciados son materia de regulación y precisión en cuanto a sus alcances mediante la implementación de acciones positivas que tiendan a alcanzar la real igualdad de trato y oportunidades y la plena libertad de pensamiento, opinión y expresión en sus distintas dimensiones
