En la sesión de este martes, el Senado dio media sanción al proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, por el que se modifica la Ley de Obras Públicas (Ley N° 6.351) y el Código Contencioso Administrativo (Ley N° 7.061).
El senador Rubén Dal Molín valoró que la modificación “tiene una importancia significativa en los aspectos administrativos relacionados con la contratación y construcción de obras públicas por parte del Gobierno Provincial” ya que “modifica el andamiaje legal en nuestra provincia, la única en el contexto de jurisdicciones nacionales, que otorga carácter ejecutivo y, en términos de cobro judicial, un proceso monitorio para la ejecución de las acreencias de estos certificados”.
Esos procesos “además de restringir significativamente las defensas que pueda articular el Estado provincial, tiene el agravante que el accionante obtiene rápido embargo de las cuentas de la provincia con los inconvenientes que esto trae emparejado”, señaló el senador oficialista.
Explicó que la ley “incorpora la prorrogativa que los certificados carecerán de carácter de título ejecutivo y su cobro judicial deberá demandarse en el Fuero Contencioso Administrativo. Los pliegos de base y condiciones en las contrataciones establecerán la metodología de la medición y periodicidad de donde surge la emisión de este certificado por parte de la Administración Pública”.
Luego, remarcó que “ningún derecho se cercena con esta modificación, que el certificado sigue siendo el crédito documentado que otorga el derecho de cobro, de reajuste, de intereses por mora, entre otros, al contratista” y manifestó que “todos sabemos que debemos tomar algunas medidas al respecto, porque vivimos tiempos difíciles y de mucha incertidumbre”.
El proyecto con media sanción modifica el artículo 52° de la Ley N° 6.351, de Obras Públicas. El mismo queda redactado de la siguiente manera: “A los efectos de esta Ley, se entiende por certificado, todo crédito documentado que expida la Administración al contratista con motivo del contrato de obra pública. Los mismos carecerán del carácter de título ejecutivo y su cobro judicial deberá demandarse por ante el fuero Contencioso Administrativo. Las observaciones que el contratista formulare sobre los certificados no eximirán a la Administración de la obligación de pago de los mismos en su totalidad, hasta una suma líquida reconocida por ella, dentro de los plazos establecidos. De reconocerse el derecho del contratista sobre el reclamo, los intereses por el saldo se liquidarán de acuerdo al criterio establecido en el Artículo 57°”.
En su Artículo 2° se incorpora como inciso d) del artículo 2° del Código Contencioso Administrativo, Ley N° 7061 y sus modificatorias, el siguiente: “Inciso d): Los actos que resuelvan pretensiones de cobro de certificados de obra pública”.
Fuente: Página Política
