El Tribunal de Cuentas quiere ir a fondo con la investigación por la estafa en la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER) que, hasta el momento, oficializó un fraude de 38 millones de pesos en carácter de compensaciones y que involucra a empresas proveedoras del Estado, contadores y empleados del organismo recaudador.
El organismo quiere “intensificar las tareas de control que se venían ejecutando en el área de ingresos tributarios”. En la acordada se dispone que a partir del 1º de julio la ATER deberá suministrar “de manera ordenada, documentada y en forma semestral”, información en lo que hace al sistema de compensación de impuestos; cobro de impuestos por fuera del circuito bancario a través de los mecanismos; juicios de apremio y condonaciones de intereses, multas y recargos. Así lo explicitó en la resolución Nº 156/2014 a la que tuvo acceso Página Judicial.
La resolución surgió luego de que el Tribunal de Cuentas creara la Unidad Fiscal Especial de Auditoría (UFEA). El área – constituida exclusivamente para investigar el caso – depende del Jefe del Cuerpo de Auditores y está integrada por contadores, abogados y especialistas en sistemas.
La decisión del organismo que conduce ahora Guillermo Smaldone queda a destiempo en toda esta historia. El control debía haber sido para prevenir el fraude que el titular del órgano recaudador, Marcelo Casaretto, denunció en dos oportunidades en sede judicial y cuyas maniobras datan de 2007 y se podría ir hacia más atrás.
En una entrevista reciente, Casaretto dijo: “Por qué no se detectó antes la verdad, no lo sé. El organismo de control interno en la administración es la Contaduría de la provincia; y el externo es el Tribunal de Cuentas”.
Compensaciones
La resolución firmada por el presidente del Tribunal de Cuentas y los vocales Luis Gea Sánchez y José Alberto Miranda hace principal hincapié en las compensaciones de deuda. De ahora en más el organismo solicitará detalle de las resoluciones ministeriales que dispusieron compensaciones de impuestos en el período informado y de las compensaciones efectuadas según el reporte brindado por el sistema informático de la ATER. Esto deberá ser en soporte papel y magnético.
El procedimiento de las compensaciones están estipuladas en el artículo 75 del Código Fiscal. Allí se explica que el proveedor del Estado debe acreditar la tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia, se aprobarán para su compensación por impuestos por medio de una resolución del Ministerio de Economía.
El caso está en el Juzgado de Instrucción N° 6, a cargo de Marina Barbagelata. Los fiscales de la causa son Laura Cattáneo y Gervasio Labriola, éste último sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, José Ángel Allende.
En el expediente aún no hay funcionarios imputados, sólo dos empleados: la jefa de Despacho de ATER, Estrella Martínez de Yankelevich; y el de Mesa de Entradas, Daniel Gaggión.
Sorprendió la no imputación de Gustavo Gioria, que se desempeñaba como tesorero de la provincia y que apareció como contador asesor de una de las empresas vinculadas al escándalo.
La Justicia deberá determinar si existió culpabilidad de las empresas, contadores y funcionarios.
