Como pasó con la reforma impositiva, el gobierno de Rogelio Frigerio busca cerrar el acuerdo legislativo para otro proyecto clave para su administración empezando por el Senado, donde el oficialismo tiene minoría.

En clave política, el mensaje es claro. El peronismo debe colaborar para resolver un problema que le dejó al actual gobierno, con una deuda por pagos de obra pública estimada en un total de 22 mil millones de pesos, de los cuales unos 5 mil ya están judicializados y amenazan comprometer financieramente a la gestión de Frigerio, que ya está seriamente afectada por el histórico recorte de partidas nacionales.

La sesión del Senado en la que el oficialismo pretende dar media sanción al proyecto que suspende las ejecuciones de sentencias para el cobro de certificados vencidos o en mora, está prevista para este martes a las 19. Por la mañana, se reunirán las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda. Allí se conocerá oficialmente la posición de los senadores peronistas.

Desde la presidencia del bloque de Juntos por Entre Ríos, el senador Gustavo Vergara sostiene que en la conversación política “se debe tomar en cuenta que nuestro gobierno no fue el adjudicatario de ninguna de estas obras. Es en su totalidad un plan de obra ejecutado o licitado en el gobierno anterior”.

Por eso entiende que “responsablemente, todos tenemos que aportar para permitir que la provincia no tenga un ahogo financiero. Y también tener siempre en vista la situación de las empresas para que puedan cobrar lo antes posible y reactivar las obras para volver a la normalidad y con ello se recupere el empleo de la obra pública que tiene un impacto muy importante en la provincia”.

Una parte de las empresas han suscripto acuerdos con el Estado provincial que le permiten cobrar sus deudas en tres cuotas, más una adicional por intereses. Pero otro grupo ha optado por la demanda judicial, como informó oportunamente Página Política.

Al miércoles de la semana pasada, Fiscalía de Estado se había notificado de demandas por un total de más de 4.800 millones de pesos. Eso afecta directamente las cuentas públicas, porque “los certificados de obras constituyen títulos ejecutivos, frente a los que la Justicia se expide rápido y determina embargos de cuentas”, advirtió Vergara.

 

Renegociación

¿Qué permite la emergencia?  “Determina una suspensión de los plazos de ejecución, lo cual obliga al Estado y a las empresas a sentarse a negociar y pactar condiciones, que obviamente serán distintas a las que obtendrían las empresas si van directamente por la vía judicial”, explicó a Página Política el senador de Juntos por Entre Ríos.

El gobierno de Frigerio expresa voluntad de pago, pero argumenta que una acumulación de ejecuciones judiciales tornaría inviable la sostenibilidad financiera de la provincia. La ley abre un ámbito de negociación con las empresas, con el propósito de establecer nuevos plazos de pago.

Según informó Vergara, “hay un grupo importante de empresas que ya han hecho acuerdos de pago, de tres cuotas. La primera ya se está pagando y se piensa abonar entre marzo y abril la totalidad de la deuda que son los certificados vencidos hasta el 31 de diciembre. Eso significa que se emitieron hasta el 31 de octubre. Después queda lo que se hizo en noviembre y diciembre, cuando ya bajó el nivel de actividad y es menor el monto. Eso se puede normalizar con mayores facilidades por parte de la provincia. Ya en enero y febrero la ejecución de obra ha sido mínima”.

La emergencia “permite salir de este cuello de botella a la provincia y planificar los pagos y hacerlo en ese ámbito de negociación que genera esta ley y que es de un año prorrogable por 180 días más”, destacó.

 

Efectos

El total estimado de la deuda es de 22 mil millones de pesos. “Todavía se están evaluando certificados, muchas licitaciones que se han hecho sin presupuesto y donde incluso se firmaron contratos que generan obligaciones de anticipo de pagos de obras que quizá tampoco se iniciaron. El mensaje (del Ejecutivo) señala que hay unos 2.200 millones de pesos que están en demanda judicial. El miércoles, el Fiscal de Estado nos informó que esa cifra ya está arriba de los 4.800 millones de pesos de demanda, al menos de la que estaba notificada. El monto puede ser aún mayor”, advirtió Vergara.

 

-¿Cómo se patea esa deuda, emitiendo títulos?

-Se puede hacer como se hizo hasta ahora, con un plan de pago de tres cuotas más los intereses. Desde el ministerio de Planificación nos comentaron que la idea es generar un espacio de diálogo y plantear un plan de financiación, tratando obviamente de no perjudicar a las empresas. Hay voluntad de pago y no hay quita. Se reconocen los valores originales de los certificados de obra, se hace una redeterminación de precios y con eso se plantea un plan de pago.

 

-¿Esto desactiva las demandas judiciales?

-La ley es de orden público, con lo cual al ser avalado por la Legislatura permite que los plazos se suspendan y con ello las ejecuciones. Con esta ley la Justicia debería determinar la suspensión de la ejecución mientras dure la emergencia o se arbitre un medio de pago en acuerdo con el gobierno provincial.

 

-¿Qué perspectivas tienen para la aprobación en el Senado?

-Como bloque oficialista, estamos predispuestos para darle esta herramienta al gobierno provincial. Por un lado, protegiendo las cuentas públicas para tratar de que no se detenga el funcionamiento del Estado, que ya de por sí está muy complicado hasta para abonar sueldos. Pero también tomando en cuenta que nuestro gobierno no fue el adjudicatario de ninguna de estas obras. Es un plan de obra ejecutado o licitado en el gobierno anterior. Responsablemente, todos tenemos que aportar para permitir que la provincia no tenga un ahogo financiero y también tener siempre en vista la situación de las empresas, para que puedan cobrar lo antes posible y reactivas las obras para volver a la normalidad y, con ello, se recupera el empleo de la obra pública que tiene un impacto muy importante en la provincia.

Fuente: Página Política