El subsecretario de Derechos Humanos, Daniel Paduán, fue el encargado de contestar lo dicho en el documento por el colectivo que integran organizaciones de derechos humanos.
El funcionario sostuvo que el Gobierno “no tolera ni avala la violencia institucional. Tal es así que cada vez que ha aparecido una mínima sospecha de funcionarios de las fuerzas de seguridad en algún caso, se lo ha puesto inmediatamente a disposición de la Justicia y se han iniciado las acciones administrativas pertinentes tanto en el Servicio Penitenciario como en la Policía de Entre Ríos”, apuntó.
El texto de la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) pidió a Gustavo Bordet que frene “la escalada de violencia institucional que vivimos hoy en Entre Ríos”. Es en el marco de denuncias de tortura y malos tratos en las cárceles, apremios ilegales por parte de la Policía, casos de gatillo fácil y la aparición sin vida de José Luis González, quién fue aprehendido por averiguación de antecedentes el 17 de diciembre pasado luego de haber denunciado ante la Defensoría Pública hostigamiento por parte de los funcionarios policiales de la comisaría octava de Paraná, desapareciendo el día 19 de diciembre.
“Debemos involucrar a los tres poderes del Estado y exigir su compromiso, pero siempre respetando la investigación que debe realizar la Justicia”, remarcó Paduán.
Y agregó: “Desde la Subsecretaría hemos tomado intervención en cada uno de los casos, acompañando a las familias y al desarrollo de las causas, ofreciendo contención y seguimiento. Con la mayor apertura a recibir aportes, receptivos de propuestas que mejoren la calidad de los Derechos y Garantías de nuestro pueblo, este gobierno ratifica su voluntad de diálogo con todos los sectores”.
El funcionario contradijo a las organizaciones al asegurar: “Nuestras fuerzas de seguridad reciben el entrenamiento adecuado en el manejo de las armas y de situaciones límites en la lucha contra el delito. Se educa para descomprimir los conflictos en la sociedad y proteger la comunidad desde una perspectiva de Derechos Humanos, materia obligatoria en los planes de estudios de las tres escuelas de Policía y de la Dirección del Servicio Penitenciario”, repasó.
Subrayó que durante el 2021, desde el Ministerio de Gobierno se brindó capacitación en género en el marco de la aplicación de le Ley Micaela, que en una primera etapa abarcó a 1300 funcionarios policiales con jerarquía y a jefes y jefas del Servicio Penitenciario, para continuar el 2022 con el resto del personal.
“Los establecimientos penitenciarios, están abiertos y siempre receptivos a las sugerencias de los organismos nacionales y provinciales que se han acercado para comprobar el estado edilicio o las condiciones de los internos”, indicó, al tiempo que detalló las obras que el gobierno provincial continúa ejecución.
“Las obras de infraestructura, remodelaciones y readecuaciones en unidades penales ampliarán la capacidad de plazas para mejorar las condiciones de habitabilidad y optimizar el funcionamiento del sistema carcelario de la Provincia”, añadió.
En este sentido indicó que “con la refuncionalización de la UPN°8 de Federal y la ampliación de la UP°9 de Gualeguaychú que sumará 390 plazas, se podrá cerrar la Unidad Penal N°2”.
Paduán recordó que “se está construyendo un hospital modular, en la UP9 que incluye un centro de asistencia sanitaria, gestionado por el gobierno provincial ante el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, cuya ejecución de obra está en el 95% y una planta de tratamiento de líquidos cloacales”, financiada por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enosha)”.
Así como también “se han acondicionado ediliciamente las alcaidías en toda la provincia”, finalizó.
Fuente: Página Política
