“En nuestro carácter de convencionales constituyentes que participamos en 2008 de la reforma de nuestra Constitución Provincial, queremos hacer pública nuestra preocupación por las expresiones vertidas por quien encabeza el Poder Ejecutivo provincial, en relación con la presunta inutilidad de la Constitución para resolver conflictos”, comienza el texto que han firmado los ex convencionales del PS, Américo Schvartzman, Daniel Zabala y Dario Gianfelici; de la Coalición Cívica, Adriana de la Cruz; del PRO, Martín Acevedo Miño; y del radicalismo, Griselda de Paoli y Juan Carlos Arralde.
Apuntaron a las declaraciones de Sergio Urribarri en las que aludió a su rol y las salidas planteadas ante el conflicto policial con epicentro en Concordia. “Yo tenía la Constitución, las leyes, la Justicia lista para ocupar su rol, pero sentí que no me servían”, había dicho el gobernador lo que, para los convencionales “constituye, en nuestra opinión, un inadmisible reconocimiento de la forma en que se subordina la aplicación de la ley a los intereses coyunturales de quienes presiden uno de los poderes del Estado”.
“A cinco años de la jura de la Constitución reformada, sería extenuante revisar cada uno de los preceptos incorporados en el texto provincial que continúan incumplidos, convertidos en letra muerta por los mismos dirigentes que agotaron elogios en sus discursos previos y posteriores a aquella ceremonia”, fustigaron los ex convencionales pero entendieron que “resulta injustificable” que “un mandatario se jacte de que la Constitución no le sirve”.
“El ciudadano que hoy funge como Gobernador, debe saber que la Constitución es el acuerdo de convivencia social que legitima su propio mandato, y no a la inversa. Como tal, lo que le sirve al pueblo, es el cumplimiento de su norma, no la violación constante o su aplicación solo cuando resulta conveniente o favorable”, concluyeron en el texto al que tuvo acceso Página Política.
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Por otro lado, criticaron “la inaudita pretensión de un ministro del Ejecutivo –quien es además, responsable en la provincia del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual– (Pedro Báez) y una banca parlamentaria (a cargo de Rubén Almará) de restringir la libertad de expresión, un derecho humano ampliamente consagrado por nuestra normativa vigente”.
Definieron esta idea como “inusitada, claramente anticonstitucional, violatoria de pactos internacionales de los que la Argentina es firmante, y, finalmente, revela una concepción ajena a los rudimentos básicos de la convivencia democrática”.
“En términos lógicos es además, absurda, dado que ese argumento podría enarbolarse para impugnar cualquier herramienta creada por el ser humano, y de clara matriz fascista, solamente concebible en países en los que no rige el sistema democrático y que, por ende, no adhieren a los pactos y convenciones internacionales que entienden a la libertad de expresión como constitutiva de la democracia, tal el caso de la Argentina”, impugnaron.
“En momentos como éste es cuando las conciencias comprometidas deben expresarse. La vigencia irrestricta de la Constitución y el respeto a los derechos humanos no pueden ser objeto de las veleidades subalternas de funcionarios electos o no”, dijeron los ex convencionales que concluyeron: “Resulta penoso tener que advertírselo a quienes deberían ser los garantes de su cumplimiento. Pero imprescindible ante situaciones como ésta”.
