El Ministerio Público Fiscal, por resolución interna, decidió excluir los delitos por violencia de género de la órbita del instituto de Juicio por Jurados. Una vez más por resolución interna en el Poder Judicial se viola una ley. Había sucedido con el Superior Tribunal de Justicia (STJ) cuando por acordada decidió que sus integrantes no estén obligados a aportar a la obra social del Estado, violando la ley del Iosper. Esa irregularidad se mantuvo durante años. La política hizo silencio. La Justicia accedía a su derecho de acceso a la salud por la vía privada en detrimento del sistema solidario. No se trata de que a un juez se le exija gestos de solidaridad, simplemente que cumpla la ley. Nada menos.
El procurador general Jorge Amilcar Luciano García decidió que los delitos de violencia de género – que por su encuadre condenatorio están comprendidos en el Juicio por Jurados – no sean tratados por un jurado popular porque entiende que sus integrantes no están capacitados en la materia. El caso de Fátima Acevedo dejó en evidencia, precisamente, que el Poder Judicial en buena parte no tiene idea de los paradigmas que se aplican en el mundo sobre la temática. Aquella conferencia de prensa horas después de que aparezca el cuerpo de la joven fue patética.
El Juicio por Jurados es uno de los proyectos que impulsó Gustavo Bordet en el marco de una reforma judicial que contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Pero no solo eso, la iniciativa fue debatida con toda la comunidad jurídica, como el Colegio de Abogados y los distintos organismos que integran la estructura del Poder Judicial. Hubo también presencias de otros puntos del país y especialistas que opinaron sobre la implementación como Andrés Harfuch y Alberto Binder.
El proceso de debate e intercambio llevó más de un año y contó con una notoria prensa institucional desde los tres poderes del Estado.
Se supo, desde el inicio, que la cabeza del Ministerio Público Fiscal no estaba de acuerdo con la puesta en marcha de ese instituto, pero ante el consenso alcanzado por todas las fuerzas con representación en la Legislatura y los operadores del sistema judicial no había lugar para esquivar el debate.
Todos coincidieron, incluso los que no estaban convencidos, que el Juicio por Jurados compromete a la sociedad civil a inmiscuirse en temas delicados que fortalecen la democracia. La charla del vocal de la Sala Penal, Miguel Ángel Giorgio al primer jurado que juzgó, fue esclarecedora. Interpeló allí a los legos a tomar conciencia del desafío al que estaban asistiendo. A participar de un pleito en el cual se decide la libertad de una persona.
Cuando se le dio sanción a la ley, cuya deuda data de la Constitución del ’33, en el recinto de la Cámara de Diputados se notó la ausencia de los jerarcas de la Procuración General. Estuvo, sí, la fiscal general Laura Gema Zaccagnini de Gambino, cargo que quedó de la vieja estructura y que en la actualidad no tiene incidencia en la política criminal del organismo que tiene el monopolio de la acción penal.
¿Qué dirán los legisladores de todas las fuerzas ante el avance de un poder a otro? ¿Qué dirán los operadores del sistema que apoyaron la iniciativa y participaron de jornadas durante un año y medio para darle forma a la legislación que, de un plumazo y a sola firma, se reforma al poco tiempo de andar? ¿Se impugnará esa resolución en los mismos tribunales?
El Poder Judicial de Entre Ríos, con las excepciones que se suelen también subrayar en este sitio, acumula desaciertos que incrementan su mala imagen, cercana al 80 por ciento según cualquier trabajo de opinión pública. Lo más preocupante es que cuando se evidencia un claro conflicto de poderes, el agraviado decide callar. Afuera la sociedad pierde confianza en sus representantes.
Fuente: Página Política
