Pedro Báez está siendo investigado en una nueva causa. Ahora por el delito de enriquecimiento ilícito. La pesquisa la inició de oficio la Procuración General de la provincia, se adelantó a Página Judicial.
Al ex ministro de Comunicación y Cultura se le adjudica el hotel Amanzi Termal ubicado en la avenida Monseñor Rösch 4711, en Villa Zorraquín, Concordia. El emprendimiento turístico estaría a nombre de su esposa, Sofía Raquel Riquelme. La información – en rigor la sospecha – la aportaron los abogados Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto, quienes denunciaron a la familia de Sergio Urribarri por el mismo delito.
Si bien aún no se han tomado medidas y aún no se ha designado un fiscal, el Ministerio Público decidió avanzar en la investigación sobre el patrimonio del ex funcionario y ahora diputado y su esposa, se adelantó a Página Judicial.
Báez acaba de ser imputado por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o falsificación de documentos públicos, en el marco de la causa donde se investigan las contrataciones que beneficiaron a la imprenta que se le atribuye a Juan Pablo Aguilera, el cuñado del ex gobernador.
La fiscal Patricia Yedro consignó que “Urribarri, en su calidad de gobernador de la provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como director general de Información Pública del Gobierno y posteriormente como ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los señores Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado provincial, en una suma que aún resta determinar”.
El diputado provincial por el Frente para la Victoria se convirtió en funcionario en 2007, tras la asunción de Urribarri. Primero fue designado al frente de la Dirección General de Información Pública; y en la segunda gestión, a partir de 2011, quedó al frente del nuevo Ministerio de Cultura y Comunicación. Lo cierto es que durante los dos períodos estuvo al frente de las políticas de comunicación del gobierno provincial.
Sobre Báez recae otra causa judicial en la que se lo investiga por supuestas violaciones a la ley 5140 de Contrataciones del Estado. Se trata de compras y adquisiciones de servicios publicitarios o de comunicación audiovisual a través de mecanismos de excepción, sin licitación o cotejo de precios. La denuncia la hizo el diputado nacional Jorge D’ Agostino. El caso tramita bajo los cánones del viejo sistema acusatorio.
