La Argentina salía de la modorra de los festejos del nuevo año cuando Alberto Fernández, en redes sociales, dio a conocer su carta abierta al país en la que anuncia la presentación de un pedido de juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

Tras la nueva ola de chats, entre un funcionario del gobierno porteño y la mano derecha de Rosatti,  el Presidente denuncia, minutos después de las 9, “el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia” que reflejan conversaciones en las que se adelantan decisiones políticas y se recomiendan fundamentos para fallos de trascendencia institucional.

Anuncia Fernández que comprometería a los gobernadores para que suscriban junto con él el pedido de juicio político. Al momento, los jefes de estado provinciales no se han expresado al respecto aunque unos días antes habían manifestado su decisión de ir contra el fallo de la Corte que beneficia a CABA en la distribución de fondos de coparticipación.

No desconoce el titular del Ejecutivo Nacional la relación de fuerzas planteada en el Congreso de la Nación. Se sabe de antemano que un dictamen de comisión acusatorio contra Rosatti no tiene chances de prosperar porque se requieren dos tercios del cuerpo y la oposición de Juntos por el Cambio no irá contra el juez.

El oficialismo sólo cuenta con los votos, por ajustada mayoría, para aprobar un dictamen de comisión aconsejando el juicio a Rosatti. Pero el debate en comisión del tema, la investigación de la denuncia en ese marco por el lapso de 60 días que contempla la reglamentación, promete hacer ruido en el debate que el oficialismo libra contra algunos nombres del Poder Judicial. El anuncio de Alberto, al respecto, es que el pedido de acusación también alcanza a los otros ministros de la Corte.

Todo en un escenario de fragilidad institucional y de descontento social que no sólo golpea a la dirigencia política sino especialmente al Poder Judicial. Al menos entre los porteños, según lo refleja un estudio de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) que indica que sólo un 13,3% de la población cree que el Poder Judicial es independiente.

 

Paso ineludible

La comisión de Juicio Político que tratará el tema es presidida por la entrerriana Carolina Gaillard, del Frente de Todos.

“Alberto quiere que avancemos”, dijo la legisladora. Informó a Página Política que para poder convocar a la comisión y avanzar en el tratamiento del tema hará falta que el Presidente convoque a sesiones extraordinarias: “Una vez que convoque a extraordinarias, nos reunimos, se pone sobre la mesa el tema, se investiga y se dictamina abrir el sumario o no con mayoría simple”, añadió Gaillard y precisó que la mayoría está para el peronismo y que lo previsto es analizar la denuncia en un plazo no mayor de 60 días.

Corresponde luego que el dictamen sea tratado en sesión de la Cámara de Diputados donde solo podrá prosperar con dos tercios a fin de que sea girado al Senado que tiene la última palabra.

“Alberto hizo lo que debía hacer. Es importante que el Presidente haga el planteo ante una situación que es bochornosa. Es lo que debe hacer en pos de garantizar en el país un Poder Judicial serio, prestigioso, imparcial”, manifestó la diputada.

 

Antecedentes, en otros escenarios

La primera vez que en Argentina cayó una Corte por juicio político fue en 1947, por iniciativa de Juan Domingo Perón. En esa oportunidad, se destituyó a los integrantes del máximo tribunal por su responsabilidad en lo que se denominó “la década infame”, recordó el matutino Página 12.

El siguiente caso fue al comienzo de la primera presidencia de Néstor Kirchner, que impulsó el juicio político de 5 de los 9 jueces de la Corte de “la mayoría automática” que había armado Carlos Menem: Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, y Antonio Boggiano. Tres de ellos, Nazareno, López y Vázquez renunciaron antes del fin del proceso y evitaron así su destitución.

Fuente: Página Política