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La grieta y la crisis infinita de la otra casta

El enfrentamiento sin cuarteles entre la Sala Penal del STJ y el Ministerio Público Fiscal se expresa en fallos. Amotinamientos de uno y otro lado. La libertad y la persecución penal utilizadas para resolver cuestiones personales. Una resolución polémica y la amenaza del procurador.

Lo que ocurre en el seno del Poder Judicial hace 10 días debería conducir a una certeza inapelable: la existencia de una crisis camino a profundizarse que desconoce de alguna salida.

La semana culmina con un polémico fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el que hizo referencia al vencimiento de los plazos en las investigaciones y, a partir de ahora, ordena que el fiscal tendrá tres meses para investigar desde la última declaración del imputado, aunque si resultare insuficiente, podrá solicitar fundadamente prórroga al juez de Garantías. El fallo tiene poca vida, porque el mismo será apelado por el Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, el 12 de agosto,  declaró la inconstitucionalidad del artículo 282 del Código Procesal Penal del Chubut que establecía que la etapa preparatoria tendría una duración máxima de seis meses contados desde la realización de la audiencia de apertura de la investigación; y preveía que debía dictarse el sobreseimiento en el caso de que hubiera transcurrido el plazo previsto —o el de sus eventuales prórrogas— sin que el fiscal presentara la acusación.

Este episodio explicita la escandalosa grieta en los tribunales de Paraná que pone a la Procuración en un rincón del ring y al STJ del otro. Sencillo: se hace referencia al artículo 233 del Código Procesal Penal que está implementado hace 10 años. El Superior Tribunal no tiene plazos y ha tenido años expedientes o legajos dormidos.

En Entre Ríos se tardó 15 años en juzgar al ex vicegobernador Héctor Alanis y casi una década a José Ángel Allende, luego de un abreviado que pretendía terminar con esa larga demora a cambio de devolverle al Estado una suma muy menor a lo que el ex diputado había adquirido ilícitamente.  Estamos en foja cero.

En Entre Ríos también se imputó a un intendente y se lo tuvo procesado durante siete años por haber prestado un enchufe de una propiedad municipal a un candidato para un acto de campaña. Luis Erro vio frustrada su carrera política por la persecución penal de un delito que le significaba al Estado la pérdida de 70 pesos. ¿Siete años por 70 pesos es una política criminal adecuada o la persecución ya no es estrictamente jurídica sino personal?

A Sergio Varisco se lo imputó en una causa porque supuestamente había beneficiado a una mutual. Desde el día uno se sabía que no había delito allí, pero Fiscalía continuó durante buena parte de la gestión del radical hasta que el Tribunal dijo que el juicio “no se debería haber llevado a cabo”.

En los próximos días se cumplirán tres años de una memorable jornada en la que un habeas corpus ilusionó a entrerrianos que vieron empezar a florecer una solución al lamentable estado carcelario. Para que eso sucediera, el encarcelado tuvo que ser Juan Pablo Aguilera, el cuñado de Sergio Urribarri. La Sala Penal del STJ parecía abrir la puerta a una jurisprudencia que iba en línea con los derechos humanos pero quedó ahí. Cecilia Goyeneche lo recuerda ante cuanto micrófono le abren. Sin embargo, la procuradora adjunta está suspendida y en proceso de jury por haber mandado a la Unidad Penal de Paraná a todos los integrantes de un estudio contable que administraba la recaudación fraudulenta de la Legislatura, menos a su amigo y socio Pedro Opromolla, que tiene un estudio que hacía lo mismo, pero sucede que con él tenía dos propiedades. Este 7 de diciembre, día del tercer aniversario del “falso su señoría” se empezaron a revelar nuevos elementos que la comprometen aún más, como reveló la agencia APF.

La libertad en Entre Ríos pareciera ser una commoditie, no un derecho.

 

No unanimidad

El viernes pasado se llevaron adelante en Victoria jornadas destinadas al fuero penal. Se hacen todos los años. De allí salió un supuesto apoyo a Goyeneche y Jorge García por unanimidad de los presentes. La Asociación de Magistrados debió aclarar que se trató sólo de una parte de los presentes. Esto demuestra el quiebre que se vive en la corporación judicial en la provincia, donde todo está partido al medio y la unanimidad corporativa solo se sostiene en los sellos de goma con terminal en Buenos Aires, donde quienes las conducen desconocen los hechos que se están juzgando y los actores de la trama. En algunos casos no conocen Entre Ríos.

La grieta llegó al punto de desdibujar conductas y alianzas que hasta hace un tiempo se distinguían con claridad. La vocal Claudia Mizawak, histórica aliada de García, acompaña a Carubia. Hugo Perotti, un decente integrante de la Cámara de Casación Penal de Paraná que se supo diferenciar de las Marcelas Badano y Davite, se atrincheró sin distinciones al campamento de sus colegas. Se impuso el “no hay lugar para tibios”. Los dobles agentes florecen en estas coyunturas. Están quienes firman y luego hacen saber en off de record que lo rubricado fue una formalidad para evitar algún problema.

El procurador, cuyo pedido de juicio político se derrumbó a instancias de la comisión con mayoría de diputados peronistas, participó este martes de una tribuna orquestada para hacer catarsis. Es la primera vez que se lo escucha a García desde que se inició el conflicto. Se cuidó de no hacer mención a algún nombre propio, pero dejó una amenaza: dijo que cualquier conjuez que integre la parte acusadora estará cometiendo un delito. Se infiere que lo denunciará. Días antes Goyeneche amenazó a la dirigencia política de tener en su escritorio pruebas para iniciar una nueva causa por los contratos truchos, cuando la primera,  ya elevada a juicio, no tiene una sola autoridad política imputada. La doctora lo que hizo fue empujar a la política a que interviniera en un instituto mayoritariamente judicial.

En resumen: el procurador ya adelantó posición sobre algo que no sucedió y Goyeneche incumplió los deberes de funcionario público al revelar que tenía evidencia, no imputó y  ahora la utiliza para amenazar ante una situación que la tiene comprometida.

La Sala Penal del STJ apeló por primera vez a lo que determina el artículo 223 del Código Procesal Penal en el marco de un enfrentamiento con la Procuración General. Así como el habeas corpus no fue jurisprudencia, tampoco prosperará un esquema ordenatorio  temporal en las pesquisas. Se está ante una guerra entre los gerentes de un poder estatal de bolsillos abultados que juegan con las libertades y los derechos de las personas como un gurí al borde de algún arroyo. Mientras tanto, la sociedad, tiene otros problemas sin la más remota idea de lo que pulula en los tribunales.

Fuente: Página Política
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