A pedido de la fiscalía de La Plata, el juez federal Ernesto Kreplak dictó una medida de no innovar para que la documentación que produjo el terrorismo de Estado, en tiempos de la última dictadura militar, no pueda ser modificada, mudada o cambiada.
La decisión judicial le ordena al ministro de Defensa, Luis Petri, que preserve toda la documentación que pueda servir para investigar los crímenes de la dictadura. En la cartera de Petri se ejecutaba una normativa de desguace de los archivos reunidos en los últimos 14 años en el marco de las políticas de memoria, verdad y justicia.
Se dispone el impedimento de “modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios a la documentación sobre los años del terrorismo de Estado”. Eso incluye el trabajo de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental que empezaron a ser desmantelados.
Tal como se hizo saber en Página Política, en marzo pasado, a cargo de esas medidas está un paranaense, Lucas Erbes, designado al frente del área de Derechos Humanos, dependiente del ministerio de Defensa. Erbes es abogado, egresado de la UNL, diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Austral. Tuvo su paso en la gestión de la Universidad santafesina, en el municipio de Santa Fe, en la Justicia entrerriana y, hasta el día en que fue convocado para convertirse en funcionario de Milei, era empleado de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.
El área desguazada era coordinada por otra entrerriana, Vanina Agostini, de Concepción del Uruguay, licenciada en Comunicación Social, egresada de la UBA, nombrada al frente de ERyA en 2011. En el marco del desguace, fueron despedidos 10 de los 13 trabajadores que llevaban adelante la repartición.
Según informó Página 12, la resolución de Kreplak se funda en que “el hecho de que todavía se desconozca el paradero de un considerable número de personas que, privadas de su libertad personal permanecen desaparecidas, o que por haber nacido durante el cautiverio de sus madres o haber sido secuestradas a una corta edad junto con sus familiares o cuidadores desconocen su verdadera identidad biológica, da cuenta de la relevancia que el mentado archivo documental denota para la continuación de la pesquisa”.
La medida había sido solicitada el viernes por el fiscal general Hernán Schapiro y la auxiliar fiscal Ana Oberlin, que intervienen en la unidad de La Plata dedicada a la investigación de graves violaciones a los derechos humanos. “La preservación de la documentación que se solicita en esta presentación es indispensable para la labor misma que lleva adelante este Ministerio Público Fiscal, para las personas victimizadas y para el trabajo que desarrolla el juzgado a su cargo. Por lo tanto, de no disponerse la prohibición de innovar podrían verse frustradas medidas pendientes y futuras”, le advirtieron a Kreplak en el escrito.
Fuente: Página Política
