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La ley previó un digesto jurídico. Una década después no arrancó

Un proyecto de resolución insta a dar cumplimiento con  la Ley Nº 9.971. Se previó la creación de una oficina y la asignación de personal, pero hasta el momento no se ha avanzado con la sistematización de las normas de Entre Ríos. Una herramienta fundamental para el derecho, la política y la sociedad en general.
Luz Alcain
Por: Luz Alcain
@luzalcain

Facilitar el acceso a las normas entrerrianas, asegurar un orden temático más allá de la numeración, clarificar las leyes vigentes, las que quedaron vetustas, las que fueron derogadas. Evitar que el legislador impulse iniciativas sin sentido, contradictorias o ya hechas; hacer más simple la gestión pública; y para la ciudadanía en general, algo tan elemental como conocer derechos y obligaciones y a la vez tener opinión respecto de la provincia que proyecta el ordenamiento vigente.

Todas estas debieran ser metas del Digesto Jurídico de Entre Ríos cuya elaboración previó la Ley Nº 9.971 sancionada en 2010 e incumplida desde entonces. Se llamó “Ley de ordenamiento, consolidación y publicidad de las leyes provinciales generales vigentes”

El proyecto fue presentado por Jorge Busti, entonces presidente de la Cámara de Diputados, que oportunamente expresó su queja por las demoras del Ejecutivo, a cargo de Sergio Urribarri, para promulgar la ley. Fue publicado finalmente el texto en el Boletín Oficial pero la norma no se ha cumplido hasta aquí.

 

La ley vigente

A esta altura, el digesto debiera  incluir las leyes provinciales, los decretos reglamentarios de la ley, los decretos generales, las normas dictadas por organismos supra o intergubernamentales. Además, se previó la creación de un anexo de derecho histórico no vigente, ordenado por materias.

Se previeron las siguientes temáticas para ordenar el digesto: I) Acción Social, II) Adhesión provincial, III) Agricultura y ganadería, IV) Bienes del Estado, V) Cesión, VI) Ciencia y técnica, VII) Comodato, VIII) Compra, IX) Comunicaciones, X) Convenios, XI) Cultos, XII) Defensa y Seguridad, XIII) Donación, XIV) Economía, Hacienda y Finanzas, XV) Educación y cultura, XVI) Estado nacional, XVII) Expropiación, XVIII) Funcionarios y Empleados públicos, XIX) Juegos de azar, XX) Legislación, XXI) Minoridad, XXII) Municipalidades, XXIII) Obras y servicios públicos, XXIV) Permuta, XXV) Población, XXVI) Poder Ejecutivo, XXVII) Poder Legislativo, XXVIII) Poder Judicial, XXIX) Política, XXX) Política salarial, XXXI) Prensa y Difusión, XXXII) Prescripción, XXXIII) Previsión Social, XXXIV) Profesiones, XXXV) Recursos Naturales, XXXVI) Salud Pública, XXXVII) Símbolos y efemérides, XXXVIII) Territorio, XXXIX) Transferencia, XL) Transporte y Tránsito, XLI) Venta. De todos modos, se contempló añadir cualquier otra categoría que la Oficina Bicameral del Digesto Jurídico (prevista por la ley) pueda establecer, con aprobación de ambas cámaras.

La mencionada oficina es la que tenía encargado, por el artículo 7 de la ley, “la confección del digesto y su permanente actualización”. La norma de 2010 contemplaba la afectación de personal para la tarea de la oficina y también la creación de cargos con destino específico a esta función. Además, disponía que la conducción estuviera a cargo de dos representantes de cada cámara.

El plazo previsto para el trabajo de conformación del digesto, fijado por la ley, era de diez meses para la tarea de recopilación, luego diez meses para la unificación y finalmente cuatro meses para la ordenación de las normas vigentes. Un año, posterior, se estimaba prudente para elaborar el anexo de derecho histórico.

El digesto debía concluir con una renumeración completa de toda la normativa.

 

Planteos

En 2020, el diputado del PRO, Manuel Troncoso presentó dos proyectos alusivos al digesto. Por un lado, se solicitó a las cámaras que procediera a constituir la oficina prevista por la ley. Por el otro, propuso una reforma a la Nº 9.971 para que la sistematización de las normas contemplara también todas las resoluciones emitidas por organismos de la administración pública provincial.

Además, la diputada Mariana Farfán, del Frente Creer Entre Ríos, presentó un proyecto con un objetivo en algún aspecto similar pero abarcativo de los tres poderes del Estado. Se trata de un “Sistema de Información Legislativa de Entre Ríos” (Siler) para sistematizar “toda la normativa de carácter general emitida por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia de Entre Ríos”.

Hay además una iniciativa en estudio del legislador del PRO, Joaquín La Madrid, para ordenar el conjunto de normas vinculados a la equidad de género para integrar la Legislatura, asunto que habría quedado saldado con la sanción de la Ley de Paridad Integral en 2020

 

En la última sesión

La diputada del peronismo, Vanesa Castillo, elaboró la última iniciativa formulada en torno al “digesto que no fue”. Tuvo ingreso en la última sesión y fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político.

Es un proyecto de Resolución que tiene por fin “interesar a la Honorable Cámara de Senadores para que conjuntamente con esta Honorable Cámara de Diputados procedan a la efectiva realización del Digesto Jurídico de la Provincia de Entre Ríos, conforme lo establece la Ley Nº 9.971, que fuera sancionada el 05 de mayo de 2010”.

Además, se dispone “ordenar de manera inmediata el inicio del trabajo encomendado por Ley Nº 9.971 a la Oficina “Digesto Jurídico Provincial Permanente”, en lo que concierte a Diputados”.

“Han pasado más de diez años sin que se haya realizado el trabajo que encomendó el legislador. Los cargos de personal han sido creados, en el seno de la Cámara de Diputados existe una Oficina llamada “Digesto Jurídico”. Es decir, los recursos están a disposición de la Legislatura”, apuntó Castillo en los fundamentos.

Instó a sus pares a avanzar con esta tarea ante “la enorme profusión normativa que hace necesario una urgente intervención por parte de idóneos que diagramen un esquema sencillo de acceso a las leyes, decretos y resoluciones”.

Fuente: Página Política
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