Estaba previsto. Un paso a la impunidad judicial se explicitó este martes. El Ministerio Público Fiscal –según supo Página Política – solicitó la remisión a juicio de la causa que se conoce como “contratos truchos”.
Los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry firmaron la resolución del legajo en el que se investiga el desfalco de mil millones de pesos durante una década (2008-2018) en el seno de la Legislatura. Ahora deberá resolver la jueza Marina Barbagelata si finalmente la eleva o rechaza la petición.
La sustracción de dinero público a través de contrataciones en las que los contratantes; en algunos casos ni siquiera tenían asignada una contraprestación y en otros (la mayoría) no cobraba el dinero; llevará al banquillo al escalón más bajo de la supuesta asociación ilícita que contó, incluso, con estudios contables externos.
Un robo de esa magnitud, en un ámbito meramente político, no cuenta con un sólo dirigente imputado.
La investigación no indagó sobre un recorte que se hizo en la pesquisa, donde en la Cámara de Diputados se obvió el período 2008-2011 presidido por Jorge Busti. Pese a haber aparecido un acta –revelada oportunamente por Página Política – que indica que no había información sobre el gasto de esos años.
La Procuración General a cargo de Jorge Amilcar García y Cecilia Goyeneche finalmente cumplió con lo prometido. Esto es la elevación de la causa con los imputados de menor jerarquía en la estructura que se constituyó para el saqueó del Estado.
La causa se inició el 20 de septiembre de 2018 cuando policías avispados vieron un movimiento raro en un cajero del Bersa. Lo anómalo era a personas con varias tarjetas de débito, que luego se dieron en llamar en la jerga tarjeteros. Lo sucedieron allanamientos y la recolección de documentos. La evidencia sobre el delito es abundante.
Los fiscales Yedro y Aramberry imputaron a Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo (quienes se encargaban de cobrar los contratos y sacar la plata de los cajeros); Alfredo Bilbao y Ariel Faure (integrantes de uno de los estudios contables que manejaban los contratos truchos en materia tributaria); Gustavo Pérez (director administrativo del Senado); Juan Pablo Aguilera (funcionario del Senado y figura clave durante el gobierno de su cuñado Sergio Urribarri) y Alejandro Almada (empleado de Diputados y cuñado de Aguilera). Todos estos pasaron una temporada por la Unidad Penal de Paraná en el 2018, hasta que el 24 de diciembre de ese mismo año primaron los derechos humanos y la prisión pasó a ser una excepcionalidad que debe cumplir la existencia de causales concretas.
Los otros imputados, pero sobre quienes no recayó la prisión preventiva en todo el proceso, fueron Juan Domingo Orabona y Sergio Cardoso (empleados jerárquicos de Diputados y el Senado); el contador Pedro Opromolla y el especialista en sistemas y ex empleado del Bersa, Guido Krapp (integrantes del otro estudio contable).
En los primeros meses de la causa hubo mucho ruido y se prometían también muchas nueces, pero todo se fue apagando con el tiempo. El entusiasmo y el fervor se empantanó para siempre cuando se conoció, sobre el fin de año del 2018 mismo, que el contador Opromolla tenía una propiedad con quien llevaba la investigación: la procuradora adjunta Goyeneche. La protección mediática no fue suficiente, a lo que se sumó un embargo que reveló que no era una sino dos propiedades las que tenía con el contador Opromolla, que brindó servicios a la Cámara de Diputados a instancias de Urribarri, cuando presidió el cuerpo. El allanamiento al estudio Integral Asesoría no tiene desperdicios si de chismes se tratara. Ese buffet llevaba las cuestiones contables a personalidades de la comunidad judicial.
Una causa en la que se anunció que terminaría en escándalo, este martes dio su primer paso.
Fuente: Página Política
