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Contratos truchos

La UCR contra la Procuración: persecución selectiva e impunidad

En un documento se aseguró que “si existía alguna investigación penal que podía servir como indicador o variable para mensurar el grado de autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal era ésta”.
Por: Redacción de Página Política

El Foro Radicales de Derecho, un ámbito que aglutina a los abogados e integra el Comité Provincial de la UCR, emitió un duro documento respecto al pedido de elevación a juicio de la causa sobre los contratos truchos en el seno de la Legislatura.

“Justicia o impunidad” se preguntan los radicales en el título del texto que llegó a la redacción de Página Política.

“El estrepito causado por la remisión a juicio de la causa penal que investiga la escandalosa exacción y otros delitos relacionados con fondos públicos asignados a la Legislatura entrerriana convoca en estas horas a buena parte de la política, la academia y la opinión pública. Es que el Ministerio Publico Fiscal parece haber ejecutado una medida de política criminal cuya lectura no deja margen de dudas ni tan siquiera para el más lego de los lectores: la persecución penal selectiva y acotada que busca la condena del eslabón más lábil de una cadena muy pesada de responsabilidades. Mientras tanto y cuando la pandemia azota con inusual dureza a nuestra provincia se perfecciona una maniobra institucionalmente gravosa que buscó perderse en el anonimato de los intereses de la sociedad, urgida como está con la angustia económica y sanitaria”, denunciaron los radicales.

Este martes, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry firmaron la resolución del legajo en el que se investiga el desfalco de mil millones de pesos durante una década (2008-2018) en el seno de la Legislatura. Ahora deberá resolver la jueza Marina Barbagelata si finalmente la eleva o rechaza la petición.

La sustracción de dinero público a través de contrataciones en las que los contratantes en algunos casos ni siquiera tenían asignada una contraprestación; llevará al banquillo al escalón más bajo de la asociación ilícita que se investigó y contó con estudios contables externos. La investigación no indagó sobre un recorte que se hizo en la pesquisa, donde en la Cámara de Diputados se obvió el período 2008-2011 presidido por Jorge Busti.

Para el Foro, “la resolución penal del Ministerio Público Fiscal en esta millonaria causa en perjuicio de los entrerrianos y en tiempos pandémicos avanza sesgada para dar impunidad a los ideólogos y grandes causantes de haberla permitido: los presidentes de ambas cámaras legislativas, marginándolos de la investigación y acusación y direccionando la persecución hacia la periferia también responsable de la cadena delictiva”.

Enseguida acusaron a la Procuración de haber hecho “una selectividad criminal en un legajo investigativo de la envergadura patrimonial, la trascendencia institucional y el impacto político” que revela.

Y apuntaron a “la vocación del acusador público por garantizar la impunidad de algunos o sus limitaciones políticas para avanzar hacia los centros del poder real. Si existía alguna investigación penal que podía servir como indicador o variable para mensurar el grado de autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal era ésta”, expresaron los abogados de la UCR.

Y agregaron: “Diez años de desvíos criminales de fondos y más de 1000 millones de pesos estimados en las maniobras (recursos que excederían para la compra de dosis e inmunizar a los más de 1.300.000 entrerrianos) exhiben un período premeditadamente elegido entre 2011 y 2018 que involucran administraciones de al menos tres vicegobernadores y otros tantos presidentes de la Cámara de Diputados, marginando de la investigación a mandatos legislativos y altos funcionarios sospechosamente omitidos en la pesquisa”.

“Limitar la persecución a quienes –sin desestimar sus eventuales responsabilidades en los hechos- constituyeron los ejecutores de una maniobra sistémica organizada y pergeñada profesionalmente por quienes debieron contar con el aval político de aquéllos que tenían o debieron tener el dominio de los hechos ilícitos – constituye una franca garantía de impunidad”, finaliza el documento.

Fuente: Página Política
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