En los últimos días, casi como prólogo de lo que será el congreso del 13 de junio, se activó un tema que interesa a un círculo más chico que la comunidad de socios de cualquier club deportivo: las sanciones en el PJ.
El bloque de diputados emitió un documento en el que pone la lupa sobre el comportamiento de quienes tienen que votar la reforma previsional. “Se trata de revisar si esas decisiones son compatibles con el proyecto que hizo posible acceder a esas bancas”, dice el texto difundido. Los diputados consideraron que “el problema no es discutir reformas” sino que lo cuestionable sería “acompañar, permitir o facilitar medidas que trasladan el costo del ordenamiento sobre trabajadores, jubilados, pensionados, docentes, personal de salud y sectores que necesitan más cuidado del Estado”. ¿De qué otro lugar se podría financiar el déficit, entonces? El peronismo legislativo tiene una solución: “Los recursos deben reclamarse donde corresponde: en las deudas que la Nación mantiene con la Provincia, en la revisión de beneficios de mayor escala, en la corrección de distorsiones históricas y en los sectores con mayor capacidad contributiva”.
El PJ no solo no hizo los reclamos ante Nación, sino que negoció en la medida que pudo. Tampoco llevó adelante ninguna reforma en 20 años teniendo mayorías legislativas (apoyo popular) y a uno de los más destacados especialistas 16 años en la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, que acaba de revelar que presentó cinco proyectos durante su estadía en el Estado. Juan José Bahillo y Mayda Cresto, a pedido de Gustavo Bordet, acompañaron la reforma previsional de Mauricio Macri en el Congreso, jornada legislativa que la narrativa porteña y antisindical recuerda por las toneladas de escombros que demandó el repudio.
En el documento de los diputados se le solicita al Partido Justicialista que “evalúe formalmente la conducta política de sus representantes. No como castigo, sino como un acto de coherencia institucional”. Inédito.
El texto emitido es una advertencia para las senadoras Gladys Dominguez (Feliciano) y Nancy Miranda (Federal). No se las señaló, pero una de ellas se dio por aludida. “Nos quieren sancionar por debatir. Lo irresponsable es reconocer el problema y no proponer una sola solución”, dijo Domínguez en su descargo. Interesante, la senadora recuerda el reconocimiento del problema que explicitó Elías en sus reiterados intentos. Pero además la legisladora de Feliciano llegó a su banca con la boleta corta, no con la estructura del PJ. Detalle.
El día que se hizo correr el documento, Dominguez difundió en su Facebook la siguiente foto:
En 2016, el entonces diputado radical Jorge Monge propuso un proyecto de ley para que las bancas sean de los partidos y no de los legisladores. Decía la iniciativa: “En caso de incumplimiento en el ejercicio de su mandato, y a solicitud del órgano deliberativo máximo partidario, se podrá requerir la revocación del mandato del representante y su sustitución por el suplente correspondiente ante la justicia electoral”. Más UCR no se consigue. Ni siquiera fue tratado.
Rogelio Frigerio ganó la Gobernación sin partido, solo con una herramienta electoral, el PRO, y el radicalismo. Es tan pragmático – como ha enseñado el peronismo- que no mezquina fotos con Domingo Daniel Rossi, cuyo presente judicial no coincidiría con el “programa” de transparencia que promueve. Olfatea votos, y se arrima.
El congreso ha sido un ámbito lejano al PJ. Poco habitual. Tras la derrota en 2023 se dignó a hacer uno. Fue para abordar la incorporación de minorías. Reformó la herramienta electoral. Ni doctrina, ni programa.
En las próximas elecciones -de eso se encarga casi exclusivamente la política – debutará en Entre Ríos la Boleta Única Papel (BUP), una herramienta que ayuda al votante a dilucidar con mayor precisión al momento de elegir, pero lo aleja de mirar ese ejercicio en clave de ideario colectivo.
Fuente: Página Política
