Este lunes ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de declaración en el que se expresó en “beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, de instruir al Fiscal de Estado para que solicite a ambas Cámaras de la Legislatura provincial la declaración de nulidad de cerca de 800 contratos irregulares realizados durante gestiones anteriores, en el marco de una política de transparencia, legalidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.
Se trata de 770 personas que habrían suscripto los contratos de obra que forman parte de la mega causa que investiga la presunta sustracción de millonarias sumas de dinero mediante la celebración de contratos de obra en ambas Cámaras por las cuales los contratistas solo recibían una ínfima suma a cambio de prestar sus nombres.
Los diputados Roque Orlando Fleitas y Debora Betina Todoni destacaron que “la transparencia en todos los actos de gobierno no sabe de ideologías, debe ser la regla ‘sine qua non’ que debe regir toda gestión y función del Estado. Por lo expuesto, corresponde valorar positivamente que el Poder Ejecutivo impulse activamente este tipo de acciones, tendientes a esclarecer y corregir prácticas administrativas viciadas, que han significado un gasto innecesario para el Estado provincial, en detrimento de la inversión en áreas prioritarias como salud, educación y seguridad”.
En la misma línea que Fiscalía, los diputados manifestaron que “no es ocioso destacar que la proliferación de contratos irregulares no solo constituye una irregularidad administrativa grave, sino también una forma de corrupción estructural que vulnera la confianza pública, alimenta la impunidad y desvía recursos que deberían destinarse al bienestar colectivo”.
Sanciones
Así, entendieron que “apoyar institucionalmente la medida tomada por el Ejecutivo Provincial es también una manera de ratificar nuestro compromiso con una política honesta, basada en el mérito y el servicio al bien común, y no en la discrecionalidad ni en la lógica de la prebenda. A su vez, resulta imprescindible que la Justicia actúe con celeridad y rigor para investigar a fondo estos hechos y sancionar penalmente a todos los responsables de haber montado o sostenido una matriz de corrupción dentro del Estado”.
Finalmente sostuvieron que “no puede haber lugar para la impunidad frente a acciones que lesionan los recursos públicos y la fe ciudadana en las instituciones. Por las razones expuestas, solicitamos el acompañamiento de esta Honorable Cámara en la presente declaración, como gesto de respaldo a una acción orientada a transparentar la administración del Estado, reducir gastos superfluos y honrar la demanda ciudadana de una gestión pública honesta, eficiente y al servicio de todos los entrerrianos”.
Fuente: Página Política
