Los hechos ocurridos en Crespo y Gualeguaychú, sumado las volanteadas en distintas ciudades de la provincia sin organización gremial, marca un cambio de perspectiva del conflicto más importante que tiene el gobierno provincial en el plano de la gestión y la política.
El hecho de que docentes vayan en busca del Gobernador ratificó un estado de ánimo de un sector que, mayoritariamente, se inclinó por Rogelio Frigerio en las últimas elecciones provinciales. La dirigencia, estamos hablando de Agmer, llegó a estar más cerca de acordar que de estirar el plan de lucha. Pero la corrosión salarial, que tiene su punto de partida con la eliminación del Fonid por autoría de Javier Milei y el tándem macrista Federico Sturzenegger y Luis Caputo, exacerbó a las bases. Las irrupciones que padeció el mandatario fueron de docentes de a pie que pintaron carteles visiblemente artesanales con su nombre. Una diferencia inquietante con la dirigencia que suele apuntarle al Presidente de la Nación.
Para el gremio mayoritario es inadmisible un incremento en negro. Es lo que sucedía en la primera propuesta, que implicaba un 5 por ciento y una suma fija de 120 mil pesos en tres cuotas de 40. La segunda propuesta incrementó la cuota fija llevándola a 200, con descuentos e impacto en los jubilados. Parecía apetecible y, en el seno del sindicato, por esos días, daban por hecho que se aceptaría. Sin embargo, fue rechazada, y el Gobierno decidió bonificar la primera, que era la que aceptaron ATE y UPCN, por decreto.
El caso docente es diferente al de los estatales. Éstos últimos no padecieron un recorte de Nación como el incentivo y el ítem conectividad, que significó un retroceso del 11 por ciento.
El endurecimiento de Agmer, posiblemente, arrastre a los gremios estatales. La semana pasada, cuando maestros y maestras se preparaban para entregar volantes en las principales calles de sus pueblos, gremialistas estatales de diferentes sectores se reunieron, en modo “multisectorial”, para sacar un documento rechazando la reforma previsional que parecía tema cerrado. En la reunión hubo autocrítica ante la condescendencia que tuvieron en la paritaria, pero no se escribió en el comunicado. Este martes hubo un segundo encuentro.
Es difícil aceptar la propuesta con los jubilados afuera. Agmer no solo tiene representantes en la conducción, sino que el propio Marcelo Pagani es un pasivo y Guillermo Sampedri, el otro negociador, está a días de serlo. En un congreso, como el de esta tarde, esas cosas se saben.
La Policía, el otro agente estatal pero que no está agremiado, tiene un salario inicial de 678 mil pesos, muy por encima del docente inicial, que con el aumento alcanzaría unos 450 mil pesos, según los cálculos de Agmer y el Gobierno. Aquí el anuncio de Frigerio para la fuerza de seguridad.
En la comunidad judicial se empiezan a filtrar problemas evitables. El proyecto de reforma de juicio por jurados – como reveló Página Política, cuya inspiración pertenece a los tribunales- enojó a las entidades que sostienen el funcionamiento del instituto tal como está, aprobado por unanimidad al final del 2019. La reforma, de carácter económico, puso a un importante arco judicial en pie de guerra.
Las designaciones, las primeras que hace Frigerio, llegaron con sorpresa, como reveló Página Política. No hay ilegalidades y no deberían existir las polémicas, porque el Gobernador acudió a una facultad de elegir dentro de la terna. Jorge Busti, el fundador del Consejo de la Magistratura, se auto limitó a elegir el primero y, por lo tanto, todo aquel que eligió a un segundo o tercero, fue condenado por la oposición. Como ahora. Busti sigue marcando el camino.
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos dio su punto de vista en torno a la polémica sobre el envío del pliego del fiscal de Concordia, Jesús Penayo Amaya, para cubrir el cargo de juez de Garantías y Transición de Colón, hoy a cargo de Natalia Céspedes, quien salió primera. “Hay una atribución del titular Ejecutivo para seleccionar a un postulante sobre otro. Pero habría que explicar por qué uno sí y otro no. O cuál es el criterio. Con la reforma de la ley, las ternas le llegan al gobernador sin los antecedentes. Entonces, debería existir una base racional, una explicación de por qué se aparta el Ejecutivo del orden de la terna para enviar pliegos al Senado”, dijo Alejandro Cánepa. Antes, el Colegio de Abogados de Colón envió una nota al Senado para que sea Céspedes quien titularice.
La designación de Amaya empieza a despertar comentarios en sectores del Poder Judicial. Amaya fue candidato a fiscal anticorrupción durante el gobierno anterior y uno de los fiscales que “militó” en la calle por su entonces jefa, Cecilia Goyeneche, cuando se aprestaba a enfrentar el proceso en el Jurado de Enjuiciamiento. ¿Cuánto se ha puesto a estudiar Frigerio o sus funcionarios los perfiles de Céspedes y Amaya para tomar la decisión que tomó? ¿O fue una recomendación de tribunales? No se sabe.
Volvamos a Busti. Fue el único gobernador que, cuando estuvo en el sillón de Urquiza, la política pública judicial se condujo desde Casa de Gobierno.
Fuente: Página Política
