Hace unos días se comenzó a allanar el terreno. No solo fue en el plano nacional, sino también provincial. Lo cierto es que este jueves se dio marcha atrás con el acuerdo firmado entre el gobierno provincial y un sector de la Policía que se había acuartelado en Concordia, en diciembre.
Fuentes oficiales contaron a Página Política que la fuerza negociará un incremento salarial en consonancia con las negociaciones paritarias que llevarán adelante los gremios estatales. “Nosotros ya teníamos una propuesta, y esta será seguramente la que quedará firme”, dijo el jefe de la Policía, Héctor Massuh. Se refirió al borrador que se estaba estudiando antes de los hechos del 8 y 9 de diciembre y que no se alcanzó a cerrar por las fatídicas jornadas.
El viernes pasado, antes de recibir a los gobernadores para refinanciar la deuda con las provincias, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, insinuó lo que ahora se dice con más liviandad: todo acuerdo entre los gobiernos y los policías que se hicieron “bajo la extorsión” deben ser dados marcha atrás. Esa apreciación fue luego de que la administración de Chaco anuncie que avanzaría en ese sentido.
La primeras horas del año dieron como noticia que el ministro de Gobierno, Adán Bahl, recibía este jueves a la cúpula policial y a todos los jefes departamentales para rever el acuerdo firmado el 9 de diciembre que consistía en un salario inicial de 8.434 pesos; abrir una paritaria en febrero; y no avanzar con sanciones administrativas a agentes de la fuerza.
Este mismo jueves, en El Diario de Paraná, el procurador de la provincia, Jorge García, se despachó en una entrevista con una definición concreta que marcó el destino del acta de diciembre: “Penalmente, el acuerdo es prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido de que se extorsionó, se forzó un arreglo a partir de la situación que reinaba en las calles”.
Esas palabras fueron compartidas por el jefe de la fuerza, Héctor Massuh, antes de ingresar a Casa de Gobierno. “Eso es nulo”, dijo sobre el acuerdo. Y agregó: “La Justicia está trabajando intensamente para llevar adelante la investigación y ver el tratamiento que se da a aquellas personas que infringieron la ley y quebrantaron las disposiciones legales, tanto penales como administrativas”.
Durante el último fin de semana, ya pasadas tres semanas de los hechos, desde el gobierno se acusó a militantes y “laderos” de Jorge Busti de instigar los saqueos en Concordia. Incluso el presidente del bloque de senadores oficialistas, Enrique Cresto, reveló que había presentado documentación al respecto. Horas después, los fiscales actuantes desmintieron al legislador. No hay un solo elemento que involucre al ex gobernador o a un grupo político en los destrozos de esa jornada.
