La Cámara de Diputados le dio media sanción al demorado proyecto de ley que prevé la integración del Comité de Prevención de la Tortura en la provincia, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos.

Si bien en 2017 se sancionó la Ley 10.563 previendo la existencia de esta institución, la norma fue letra muerta hasta aquí. La instrumentación se complicó ante una iniciativa oficial, cuestionada por los organismos de Derechos Humanos, que previó que los miembros del Comité trabajen ad honorem.

Recientemente, se expresó la voluntad política del gobierno de dar luz verde a esta herramienta, previendo la asignación de un haber igual al cargo de director para los dos representantes de la sociedad civil.

Hay para tal fin un nuevo proyecto que fue presentado por el diputado Néstor Loggio. El legislador de Concordia defendió en el recinto la necesidad de este instrumento que apunta a prevenir la tortura y malos tratos por parte del Estado contra personas privadas de su libertad.

Repasó la legislación internacional (reunida en lo que se denomina Reglas de Mandela) que insta a controlar “los lugares de encierro y el tratamiento de los reclusos” y fija los estándares mínimos para una correcta organización penitenciaria.

“El gobernador instruyó para que se trabajara en esta norma y que esté en plena ejecución para el 24 de marzo, ante un nuevo aniversario del golpe de Estado”, hizo saber Loggio que dio cuenta de los encuentros con la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) y el Ministerio de Gobierno para arribar a un texto de consenso.

“Se mejora la forma de selección de los candidatos para el mecanismo (se prevé una elección en asamblea); hace un recorte necesario en el gasto fiscal que estaba previsto y le da más volumen político con la Comisión Bicameral de Derechos Humanos y plantea la participación directa del Poder Legislativo en el Comité”, informó el diputado los cambios acordados a la ley vigente.

La nueva integración prevé tres legisladores (dos por Diputados, uno por la mayoría; otro por la primera minoría); dos representantes de los organismos de Derechos Humanos con personería (que son electos en asamblea), un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia; y un Secretario Ejecutivo que coordinará la tarea cotidiana del Comité y que es elegido en un mecanismo de concurso público.

 

Contexto

La diputada radical Gracia Jaroslavsky adelantó el voto positivo del interbloque que preside. Analizó el contexto de “alta sensibilidad social” en que se trata el tema. “Estamos pasando a la laxitud extrema, los presos en las cárceles hablan por teléfono, controlan el delito desde adentro, hemos visto cómo avanza el narcotráfico, a veces con la connivencia del Estado”, dijo.

“Ante una sociedad que se divide entre matar a la gente o dejarla suelta, ante extremos como los que estamos viviendo, todo lo que el Estado haga para que sean respetados los derechos de las personas es importante”, remarcó y puso en valor el trabajo de los organismos nucleados en el Rodher para sostener esta premisa.

Por su parte, la diputada del peronismo, Stefanía Cora, puso el acento en la población carcelaria y convocó a una “reflexión colectiva” en este punto. “En las cárceles de Entre Ríos no están los que queman los humedales, los que corren el alambrado en el campo para quedarse con un pedazo de una escuela. Hay una racialización en nuestras cárceles. No lo podemos negar”, remarcó la legisladora que apuntó también contra el accionar de la Justicia.

“Tenemos una Corte Suprema de cuatro hombres, de los cuales dos han sido designados por decreto. Esto hace que los ciudadanos pierdan credibilidad en las instituciones del Estado y esto es altamente nocivo para la democracia. Ante esto hacemos un llamado a que las instituciones funcionen y eso es la igualdad ante la ley, que funcionen para todos por igual. Porque si no es muy difícil creer cuando no se investiga ni se condena el mega endeudamiento en la Argentina. Hoy tenemos las cárceles pobladas de jóvenes pobres”, advirtió.

A su turno, el diputado Julio Solanas puso el acento en la estigmatización de la población que ha cumplido su condena en la cárcel mientras “los mafiosos de la patria” cometen delitos “que son tapados por los medios”.

 

En el origen

Al cierre del debate, el radical Gustavo Cusinato valoró que “por fin” la provincia adhiera a la legislación nacional e internacional que aconseja esta política de prevención de la tortura. Recordó que siendo diputado nacional presentó “el primer proyecto para integrar el Comité en el país”, luego de participar de una visita oficial con representantes de organismos internacionales interesados en la puesta en marcha de esta iniciativa.

Marcó que la legislación nacional instaba a ser replicada en todas las provincias. “Veníamos demorados”, hizo notar y saludó la decisión de avanzar. Recordó que el primer presidente del comité a nivel nacional, denominado Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, fue el dirigente radical de Entre Ríos, Jorge D’Agostino.

 

Lo que queda

Tras la media sanción, se espera que el Senado de la provincia pueda darle tratamiento al proyecto el día 22 de marzo. Así, se cumpliría con la pretensión oficial que la ley esté operativa en coincidencia con la conmemoración del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

“Aguardamos con gran expectativa el ingreso de este proyecto al Senado. Como presidente de la comisión de Legislación General e integrante de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, asumo el compromiso de abordar este expediente de manera inmediata cuando arribe a la Cámara Alta”, expresó el senador Jorge Maradey.

El dirigente de Gualeguaychú consideró “una prioridad la conformación de este dispositivo que procura garantizar la defensa cabal de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”. Destacó que el proyecto en debate “además de plantear la participación directa de diversos estamentos en su conformación, asegura la independencia institucional y la suficiente dotación presupuestaria para monitorear los espacios de encierro en las unidades penitenciarias y en las comisarías”. Agregó que su instrumentación se constituirá en “un mecanismo de disuasión para las fuerzas de seguridad, y a su vez, un factor de prevención en materia de violencia institucional”.

“Celebramos, desde la Rodher el tratamiento en Diputados y las palabras de compromiso de les legisladores Estefania Cora, Gracia Jaroslavsky, Nestor Loggio, Julio Solanas y Gustavo Cusinato”, destacó la Red de organismos en un comunicado. “El proyecto fue votado por unanimidad dando cuenta todas las fuerzas políticas allí representadas de lo esencial de este instrumento para fortalecer la democracia, el estado de derecho, y el respeto irrestricto de los derechos humanos de todos y todas”, se afirmó.

Una vez conformado, el Comité tendrá un primer pantallazo, crítico, para poder comenzar su labor. En efecto, durante el 2022 un equipo interdisciplinario, con participación de las universidades públicas, la Justicia y militantes de Derechos Humanos nucleados en la Rodher, realizaron un relevamiento de las condiciones de detención en Entre Ríos, en alcaidías y comisarias. Aquí, los resultados de ese trabajo.

 

Fuente: Página Política