Las más de 7 mil motos retenidas en galpones por la Municipalidad de Paraná, por infracciones a normas de tránsito, podrán ser recuperadas por sus propietarios con el pago de 7.500 pesos en concepto de multa (si fuera una sola), acarreo y la totalidad de los días de parking.

Así lo aprobó el Concejo Deliberante, por mayoría, en la primera sesión de la composición del cuerpo para el período 2023- 2027, con la presidencia del viceintendente David Cáceres.

La iniciativa enviada por el Ejecutivo se enmarca en el contexto de crisis económica, a lo que se agrega la deficiente prestación del transporte urbano de pasajeros en la ciudad. Es así que se pretende facilitar la restitución de un bien, fundamental para la movilidad, a un sector de la población que no ha contado con el dinero para recuperarlo.

La propuesta había sido conversada y consensuada por la intendenta con el gobierno provincial, en la figura del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. La participación de ambos estados era importante en función de que los operativos que derivaron en el secuestro de las motos fueron realizados en conjunto por el municipio y la provincia, a través de la Policía de Entre Ríos.

“Este proyecto es para implementar la condonación de multas aplicadas a motovehículos retenidos. Esto implica que el infractor deberá abonar una multa mínima para recuperar su medio de transporte”, destacó la intendenta al presentar la propuesta junto a Roncaglia, días antes de la sesión del Concejo Deliberante.

En el encuentro con la presidenta municipal el ministro enmarcó la medida en “parte del trabajo en conjunto con el municipio”. “El vecino podrá recuperar el vehículo con un costo menor al impuesto en un principio. Igualmente, invitamos e instamos a que los conductores cumplan con las normativas vigentes para circular como documentación legal, casco, luces, patente, respetar las velocidades, pero sobre todo que cuiden sus vidas”, exhortó el funcionario provincial en la oportunidad.

Pero el acuerdo no se trasladó al debate en el recinto. El oficialismo en Paraná contó sólo con el aval de la bancada de La Libertad Avanza. El bloque de Juntos por Entre Ríos no acompañó la propuesta por considerarla injusta para quienes cumplieron con el pago de la multa y los gastos de acarreo y parking.

 

Reparación o injusticia

El presidente de la bancada del peronismo, Enrique Ríos, hizo hincapié en fundar la propuesta en la crisis económica y la situación del deficiente servicio de colectivos.

Ponderó el trabajo realizado en los operativos de control de tránsito entre municipio y provincia. Al respecto, subrayó que nunca el secuestro del vehículo tuvo por fin confiscar el bien si bien para muchos vecinos supone un alto costo pagar la multa, el traslado y el parking del vehículo.

“Esta propuesta no pretende romper con la regularización que se ha logrado. No se altera en nada la seguridad vial en la ciudad. Se está dando simplemente una oportunidad a los vecinos, darle herramientas en este contexto difícil”, dijo.

Maximiliano Rodríguez Paulin, del bloque de concejales de Juntos, fundamentó el voto en contra. “Entendemos la situación económica; nos preocupa la saturación de los galpones con estos más de 7 mil vehículos retenidos en operativos que han sido eficaces y ubican a Paraná en un modelo en el país”, dijo y consideró necesario la continuidad del convenio entre el municipio y la provincia para sostener los controles. Apuntó, de todos modos, las dudas que ha generado la atribución de la policía para retener un vehículo en el marco de un operativo de tránsito.

Propuso como opción “una moratoria” para resolver este tema. Dijo que el pago de 7.125 pesos es “un pago meramente simbólico” mientras que “hay paranaenses que han hecho el esfuerzo de cumplir”.

“Nos parece que este monto que estipula el proyecto es un tanto injusto con las personas que han hecho este esfuerzo. Sería más justo que esto fuese una moratoria y no una condonación”, argumentó Rodríguez Paulin.

Ríos tomó la palabra para hacer notar que “claramente estamos atendiendo a paranaenses que no han tenido capacidad de pago para recuperar su vehículo”. “Se trata de atender a un sector que viene siendo castigado y por eso es un régimen especial en un contexto especial”, dijo y enfatizó: “No se está regalando nada acá. Esto se hace conforme a atender a un sector al que se está permitiendo regularizar su situación, con seguridad y sin peligro para la seguridad vial”.

Por su parte, el presidente del bloque de LLA, Darío Báez, fundó el apoyo a la propuesta. “Esto es un beneficio para los paranaenses que viven el día a día y no en esta coyuntura sino que viven estos problemas de larga data. Cuando se quedan sin movilidad se afectan directamente los ingresos de una familia”, advirtió el edil.

Consideró que el proyecto se sustenta en “un espíritu libertario por cuanto se permite el encuentro de los paranaenses con su propiedad”. “Esto es un proyecto en defensa de la propiedad privada y por eso está bien encaminado”, argumentó.

Requisitos

El régimen aprobado prevé que la persona que haga el reclamo de devolución debe acreditar la titularidad del vehículo secuestrado.

Con relación a las multas adeudadas, se establecen distintos casos: 1) Si se tiene una sola multa, se puede acceder al “pago voluntario” que equivale a $7.500; 2) En el caso de que haya acumulación de multas, al pago voluntario mencionado se sumará la equiparación de “tres unidades funcionales por cada infracción”.

La condonación es sobre los intereses, los gastos de acarreo y de depósito de los vehículos.

Se ofrece la posibilidad de un plan de pagos de lo adeudado, abonando el 20% y previendo la cancelación en seis cuotas.

La moto se recibe en las condiciones que se encuentra en el depósito.

Fuente: Página Política