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incendio en las islas

Niegan que pueda haber fin de lucro en el uso de humedales

Desaconsejaron, en este marco, avanzar con un proyecto de ley como el que debate el Senado que contempla ceder tierras públicas para uso oneroso de un particular. Así lo planteó el Foro Ecologista que además puso el ojo en “la dominialidad privada” de islas y humedales.
Luz Alcain
Por: Luz Alcain
@luzalcain

Las comisiones del Senado que abordan el Régimen para el Uso Sustentable de los Bienes Inmuebles de dominio público en islas y humedales escucharon la opinión de ambientalistas de distintas organizaciones.

En general, se cuestionó la mirada “productivista” de la iniciativa, su carencia de criterios ambientales para concebir el valor de las tierras y cuestionaron la premura en el tratamiento del tema.

Desde el oficialismo se defendió la iniciativa. En primer lugar, se advirtió acerca de un vacío legal respecto de los criterios y condiciones para los permisos de uso de esas tierras; por otro lado, se apuntó que el proyecto en cuestión, que debaten las comisiones de Legislación General y de Producción del Senado, se limita a regular el 13% de las tierras del delta ya que el resto es de dominio privado. Se apuntó también a una serie de normas que ya han regulado otros aspectos de la problemática, a nivel provincial y nacional, lo que acotaría los márgenes de acción del legislador entrerriano.

El telón de fondo es el drama de los incendios en los humedales lo que a todas luces reclama una respuesta integral del Estado en sus distintas jurisdicciones.

Para qué

En la exposición del Foro Ecologista de Paraná ante las comisiones, que estuvo a cargo de la abogada Aldana Sacia, se partió de entender que este proyecto de ley aparece como “un maquillaje de regularidad” ante la falta de control y de claridad en la entrega en uso de los bienes de dominio público a lo largo de demasiado tiempo.

Entienden que la premura por aprobar la iniciativa sólo intentaría transparentar medianamente las cosas ante la intervención judicial que se dio por los incendios que provocan un ecocidio y una afectación persistente a la salud de las poblaciones ribereñas. La postura podría haber sido desmentida pero no hubo instancia de intercambio en la reunión con los ambientalistas. La Legislatura se limitó a escuchar las críticas, sin más.

Para Sacia, al hablar de las islas y humedales se habla de “bienes de dominio público natural que no pueden pasar al dominio privado del Estado”. “Son tierras de dominio público que el Estado acostumbró a darlas en uso. Nosotros discutimos eso porque esas tierras están fuera del comercio; no se puede tener fin de lucro en el uso de estos bienes; nunca debió haber permiso de uso oneroso para que un particular desarrolle actividad productiva”, recalcó.

Desde esta perspectiva, no está previsto que el Estado pueda “otorgar permisos de uso onerosos a favor de particulares para el desarrollo de actividades productivas” (art. 4 del proyecto); ni prever que la autoridad de aplicación disponga plazos, precio y condiciones a cambio de la cesión de esos permisos (art. 5); ni contemplar destino para lo recaudado por el Estado en ese concepto (art. 6).

Se advierte que el carácter de “dominio público natural” respecto de estas tierras sólo podría modificarse por intervención del Congreso de la Nación, lo que en este caso no ha sucedido

Uso público y gratuito

Para Sacia, el debate en la Legislatura del tema abre la oportunidad “de discutir lo fundamental que es la dominialidad privada de estas tierras”. “Son tierras mal entregadas, son del dominio público natural que nunca debieron estar en manos de privados”, añadió y tal como lo argumentó en el Senado, y en artículos especializados en el tema, “los propietarios de esas tierras son ilegítimos y se puede pedir la nulidad de todos los títulos”.

“Esto no es tema de los ambientalistas. Esto es tema de la comunidad en su conjunto. La provincia tiene una oportunidad histórica para recuperar las hectáreas de islas devastadas por la propiedad privada”, dijo y mencionó “sobrados antecedentes” en la Justicia como el que se plasma en la causa “Estado provincial c/Florizu SRL s/Acción de Lesividad” que promovió Fiscalía de Estado y que obtuvo sentencia favorable el 30 de junio del 2017 y en esa instancia se declararon lesivos y anulados los Decreto Nº 2319/78 de fecha 10/07/78 y el Decreto Nº 1048/79 de fecha 09/04/79, por “lesionar gravemente el ordenamiento jurídico”.

El Foro Ecologista pone el acento en que en tanto bienes de dominio público provincial, natural, esas tierras tienen que estar dirigidas al interés general, al uso común en tanto bien que “cumple con servicios que hacen a la subsistencia humana, a la mitigación y adaptación al cambio climático”. “Son inalienables, inenajenables, inembargables y sobre todo de uso gratuito” por lo que no pueden ser cedidas a un particular.

La frontera del fuego

La organización ambientalista también expuso acerca de la necesidad de una política interjurisdiccional como condición indispensable para que una norma como esta tenga sentido.

“Este proyecto busca regular fraccionadamente las actividades que se desarrollan; deja afuera departamentos; pretende regular la cesión de tierra pública y privada del Estado pero no regula el uso del suelo”, apuntó Sacia.

“Necesariamente hay que legislar de manera interjurisdiccional, hay dos provincias más que tienen que comprometerse en esto”, hizo evidente la expositora en el Senado que añadió: “No puede una provincia tener una política de protección si otra va a devastar las islas. El fuego no reconoce límites; el humo, menos”.

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